Caracas.- El Contralor General de la República, Elvis Amoroso, considera que la Ley Constitucional Antibloqueo contiene los controles necesarios para apoyar al Ejecutivo a materializar los mecanismos que requiera la República para enfrentar el bloqueo.
De esta forma cita al artículo 13 del texto legal dónde se establece “que todos los actos públicos dictados en aplicación de esta Ley Constitucional quedan sometidos a control posterior por parte de la Contraloría General de la República, la cual deberá ejercer dicho control eficaz y oportunamente, conforme a la Constitución y la legislación nacional”.
El Contralor explicó que está Ley dotará al Estado venezolano de las capacidades institucionales y jurídicas y de las herramientas necesarias "para enfrentar y superar la agresión colonialista más despiadada que se haya sufrido en la historia republicana del país".
“Lógicamente, si el bloqueo estadounidense resulta de una política de Estado, debe responderse con acciones de Estado”, explicó al respaldar el texto promovido por el Ejecutivo Nacional, sancionado el jueves por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
De acuerdo con el titular del Máximo Órgano de Control de la administración pública, se espera apoyo conjunto al Ejecutivo Nacional para ir dando respuestas a varios objetivos priorizados en la mencionada ley, como el desarrollo de nuevos y efectivos sistemas compensatorios del salario y la recuperación del ingreso real.
“Debemos ver cómo reimpulsamos con esta ley el funcionamiento del sistema de protección social, cómo recuperar la capacidad de proveer servicios públicos de calidad, impulsar la capacidad productiva nacional, sobre todo de las industrias estratégicas y la sustitución de importaciones, recuperar, mantener y ampliar la infraestructura pública, proteger al pueblo, mitigar el impacto del bloqueo económico, compensar los daños causados a la familia venezolana y garantizar la vigencia de los derechos humanos”.
Amoroso también sostuvo que la Ley Antibloqueo garantizará la protección de los activos internos y externos del país, el desarrollo de alianzas o asociaciones con sectores productivos y empresas dentro y fuera del territorio nacional, el fortalecimiento de sectores económicos o negocios en áreas estratégicas y la atracción de inversiones productivas a gran escala.
De esta forma cita al artículo 13 del texto legal dónde se establece “que todos los actos públicos dictados en aplicación de esta Ley Constitucional quedan sometidos a control posterior por parte de la Contraloría General de la República, la cual deberá ejercer dicho control eficaz y oportunamente, conforme a la Constitución y la legislación nacional”.
El Contralor explicó que está Ley dotará al Estado venezolano de las capacidades institucionales y jurídicas y de las herramientas necesarias "para enfrentar y superar la agresión colonialista más despiadada que se haya sufrido en la historia republicana del país".
“Lógicamente, si el bloqueo estadounidense resulta de una política de Estado, debe responderse con acciones de Estado”, explicó al respaldar el texto promovido por el Ejecutivo Nacional, sancionado el jueves por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
De acuerdo con el titular del Máximo Órgano de Control de la administración pública, se espera apoyo conjunto al Ejecutivo Nacional para ir dando respuestas a varios objetivos priorizados en la mencionada ley, como el desarrollo de nuevos y efectivos sistemas compensatorios del salario y la recuperación del ingreso real.
“Debemos ver cómo reimpulsamos con esta ley el funcionamiento del sistema de protección social, cómo recuperar la capacidad de proveer servicios públicos de calidad, impulsar la capacidad productiva nacional, sobre todo de las industrias estratégicas y la sustitución de importaciones, recuperar, mantener y ampliar la infraestructura pública, proteger al pueblo, mitigar el impacto del bloqueo económico, compensar los daños causados a la familia venezolana y garantizar la vigencia de los derechos humanos”.
Amoroso también sostuvo que la Ley Antibloqueo garantizará la protección de los activos internos y externos del país, el desarrollo de alianzas o asociaciones con sectores productivos y empresas dentro y fuera del territorio nacional, el fortalecimiento de sectores económicos o negocios en áreas estratégicas y la atracción de inversiones productivas a gran escala.
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