Delegados de Maduro y de la oposición, que lidera Juan Guaidó, sostendrán este viernes un primer encuentro en la Ciudad de México en el que se espera que definan la metodología de trabajo y el cronograma para las próximas reuniones.

Sobre los temas que se debatirán en el nuevo proceso de diálogo no se conocen mayores detalles. Al respecto Maduro sólo adelantó que la agenda incluye siete puntos.

En representación del gobierno venezolano asistirán el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el gobernador del estado central de Miranda, Héctor Rodríguez, mientras que por el lado de la oposición estarán el exalcalde Gerardo Blyde, como jefe de la delegación, más otros miembros de las principales fuerzas opositoras, entre ellos Carlos Vecchio, "representante" de Guaidó en Estados Unidos; Tomás Guanipa, secretario general de Primero Justicia y el exdiputado Stalin González.

Los diálogos se darán bajo el acompañamiento del gobierno de Noruega, que hace dos años promovió una iniciativa similar que fracasó.

Estados Unidos no participará directamente en el proceso pero los analistas coinciden en que podría jugar un papel fundamental debido a que Maduro ha centrado sus exigencias para sentarse a dialogar en el levantamiento de las sanciones que enfrenta su gobierno y más de medio centenar de funcionarios y allegados desde hace cuatro años.

“Estados Unidos es el que tiene la verdadera fuerza en esa mesa”, dijo el académico venezolano Félix Seijas, director de la firma de estudios de investigación estadística Delphos, al afirmar que las sanciones serán el tema central de debate y agregó que el “único que tiene el poder de mover el botón sobre eso es Estados Unidos”.

La administración de Joe Biden, que ha reiterado su respaldo a Guaidó, se ha mostrado a favor de un diálogo al igual que la Unión Europea, que genere las condiciones que permitan elecciones democráticas y transparentes en esa nación.

Washington aceptó el mes pasado levantar una de las sanciones para permitir a las compañías no estadounidenses exportar a Venezuela gas licuado de petróleo que es utilizado para cocinar. La decisión fue considerada un “gesto de buena fe” para promover el diálogo.

Al hablar de las exigencias que llevarán sus delegados a la mesa de negociaciones Maduro dijo el pasado fin de semana que pedirán el “levantamiento de todas las sanciones”, el “reconocimiento de las autoridades legítimas y constitucionales” y que la oposición “renuncie a la violencia”.

Sobre la agenda que llevará la oposición The Associated Press conoció que sus delegados pedirán la definición de un cronograma electoral, un plan masivo de importación de vacunas contra el covid-19 y “elecciones libres y transparentes”.

“Creo que a México no solamente deben ir temas políticos y de mecánica política y temas que tengan que ver con cronogramas electorales y derechos políticos. Creo que es muy importante que en México se discutan temas económicos y sociales que permitan aliviar la crisis que vive la inmensa mayoría del pueblo venezolano”, afirmó el dirigente y excandidato presidencial Henrique Capriles, quien en el último año se ha enfrentado a Guaidó y defiende la idea de que la oposición participe en los comicios regionales del 21 de noviembre.

A diferencia de los procesos de diálogo que se desarrollaron entre el 2017 y 2018 y en el 2019, en esta oportunidad el gobierno de Maduro va en una condición de fortaleza frente a una oposición muy debilitada por las fracturas internas y la pérdida este año de la Asamblea Nacional, que era su último bastión.

“La oposición no tiene absolutamente nada que llevar a la mesa”, dijo Seijas al asegurar que los sectores adversos a Maduro no tienen mayor peso de negociación porque han perdido el poder de convocatoria en las calles. Agregó que también dependerá de lo que Estados Unidos esté dispuesto a ceder sobre las sanciones.

La detención a mediados del mes pasado del dirigente Freddy Guevara, un estrecho colaborador de Guaidó que estaba participando en el proceso de acercamiento con el gobierno, puso en riesgo el nuevo proceso de diálogo. Pero finalmente la oposición decidió seguir adelante.

Guevara, de 35 años, había pasado casi tres años refugiado en la residencia del embajador de Chile en Caracas y en septiembre del año pasado abandonó la sede diplomática y retomó el activismo político. El dirigente opositor fue señalado por la Fiscalía General de estar vinculado con “grupos extremistas y paramilitares asociados al gobierno colombiano”.