Caracas.- Este viernes, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (FFM) expresó que hay motivos razonables para creer que algunas de las conductas descritas en el informe de 2020 constituyen crímenes de lesa humanidad y, a su vez, concluyeron que “los actores del sistema de justicia, tanto por acción como por omisión, han jugado un papel importante en la represión del Estado contra opositores reales del gobierno y personas que son percibidas como tales”.

En su informe, Marta Valiñas, presidenta de la misión de determinación de los hechos sobre Venezuela, criticó la detención de presos políticos que llevan varios años sin juicio.

La FFM expresó que hay motivos razonables para creer que algunas de las conductas descritas en el informe de 2020 constituyen crímenes de lesa humanidad y, a su vez, concluyeron que “los actores del sistema de justicia, tanto por acción como por omisión, han jugado un papel importante en la represión del Estado contra opositores reales del gobierno y personas que son percibidas como tales”.

A pesar de los anuncios por la vocería del gobierno de Nicolás Maduro sobre reformas judiciales y medidas a tomar para hacer frente a la situación de impunidad en el país. La Misión recalcó que lo que realmente importa es la inplementación de las medidas previstas: “La Misión considera que una reforma legal, por sí sola, es insuficiente si no se implementa adecuadamente”.

Sobre la reforma judicial que adelanta la Asamblea Nacional, advirtió sobre la influencia política en el sistema de justicia y la selección de jueces. Criticó que los actuales magistrados del TSJ se postulen a una reelección en el cargo.

La FFM sigue preocupada por las condiciones en las que se encuentran los centros de detención en Venezuela y que según las investigaciones, la DGCIM sigue trasladando nuevos detenidos a Boleíta y manifestaron su preocupación por la situación de Javier Tarazona, director de Fundaredes, detenido en julio de 2021 y acusado de terrorismo e incitación al odio, la Misión ha recibido información que ha sido sometido a tortura, incluida la tortura psicológica o blanca. De igual forma señaló que: “En la segunda mitad de 2021, se han producido dos muertes en custodia de personas opositoras al Gobierno o percibidos como tal, ambas relacionadas con la falta de atención médica. Una de ellas es la muerte del General Raúl Isaías Baduel, caso documentado previamente por la Misión”.

“Hoy, la vida cotidiana de los venezolanos sigue afectada. Han soportado una década de profundización de una crisis social, económica y de derechos humanos, así como el desmantelamiento de las instituciones del Estado, todo esto exacerbado, más recientemente, por el impacto del COVID-19. La muestra más clara de ello son los más de seis millones de personas que han tenido que abandonar el país” concluyó la FFM en su informe oral.

Luego del diálogo interactivo, los miembros de la Misión tuvieron la oportunidad de contestar algunas de las preguntas realizadas por los representantes de los países. Patricia Tappata, mimbro de la FFM, declaró: “¿Qué puede hacer la comunidad internacional para colaborar en la protección y defensa de los derechos humanos en el país? Los estados pueden contribuir aún más apoyando nuestros mandatos complementarios y exhortando a la rendición de cuenta a los responsables de violaciones de derechos humanos. La rendición de cuentas se convirtió hace años en estándares esenciales en materias de DDHH”.

A su vez, Francisco Cox, miembro de la FFM, recalcó: “El Estado venezolano indicó que nuestro informe fue construido sobre falacias al ser escrito con fuentes secundarias, esto no aplica salvo si se considera que documentos oficiales son fuentes secundarias, o que uno considere que víctimas directas son fuentes secundarias o que testigos son fuentes secundarias; si ese fuera el caso entonces todo nuestro sistema de justicia estaría fundamentado sobre fuentes secundarias. Nuestra imposibilidad de ingresar al país no surge de nosotros sino de parte de Venezuela. Nuestras conclusiones son tan sólidas, tan documentadas y tan sustentables que sirvieron de base para la apertura por parte de la oficina de la CPI de pasar de un examen preliminar a una investigación”.

A propósito de la declaración de la Misión, el nombrado por Juan Guaidó "Comisionado para las Naciones Unidas", Miguel Pizarro expresó su respaldo al trabajo realizado por la FFM en todos sus informes que dan cuenta de la violación continua a los derechos humanos, la reducción del espacio cívico y democrático, así como la ausencia de un Estado de derecho en el país y finalizó agradeciendo a los países que alzaron su voz para seguir respaldando el mandato de la Misión como un mecanismo esencial que permite tener un amplio panorama sobre la situación política, social y humanitaria que enfrentan los venezolanos.