Voceros de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) consideran que el informe elaborado por la Misión de Determinación de los Hechos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) constituye un paso muy importante en la lucha contra las violaciones de Derechos Humanos, al reconocer que en el país se habrían perpetrado delitos de lesa humanidad e identificar a los responsables por esos hechos, y abrir el camino hacia las investigaciones que permitan hacer justicia ante estos hechos.
Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea señala que las ONG de derechos humanos tenían muchas expectativas sobre los resultados del informe, “sabíamos que iba a ser el acontecimiento más importante sobre la investigación de violaciones derechos humanos ocurridos en Venezuela confiábamos en la alta experticia técnica y profesionalismo de los integrantes de esta Misión de Verificación de Hecho”.
El sociólogo asegura que el informe “corrobora la existencia de una política estatal sistemática de violación de los Derechos Humanos que cuenta con la participación de diferentes instituciones del estado venezolano, no solo para que se cometan los hechos sino también para encubrir los hechos y silenciar las denuncias”.
Alí Daniels director de Acceso a la Justicia, resalta el hecho de que por primera vez un órgano de las Naciones Unidas califica de crímenes de lesa humanidad lo ocurrido en Venezuela en materia de Derechos Humanos.
“El informe no solo hace esa calificación , sino que además le pone nombre y apellido a los responsables de esas violaciones, desde la cabeza más alta pasando por ministros, directores de organismos de seguridad e indica que hay una lista de 45 funcionarios involucrados directamente en la comisión de estos crímenes”.
Además en el documento se amplía el espectro de los excesos perpetrados “ya que no se limitaron a los dirigentes políticos o contra quienes protestaban, sino que afectan al ciudadano común con operaciones de control social, como las OLP y su evolución en las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES)”.
Por su parte Ana Leonor Acosta, Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, agrega que el informe valida las denuncias realizadas desde hace más de 6 años sobre las violaciones derechos humanos en Venezuela, “se refiere a la represión selectiva política y a la responsabilidad de diferentes órganos del estado en esta situación y va más allá al establecer responsabilidades en el sistema de judicial.
Feliciano Reyna, presidente de Acción Solidaria acota que los hallazgos de la Misión requieren de una investigación posterior para determinar las responsabilidades.
El estado venezolano tiene que hacer las investigaciones de rigor para llegar a la justicia y en caso de no hacerse se invita entonces a los otros estados y órganos como la Corte Penal Internacional a hacerse parte pues determinaron la existencia de crímenes de lesa humanidad.
Uzcáteguicierra que el informe tendrá un gran impacto la semana que viene cuando sea discutido en el Consejo Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas. La próxima semana los estados que integran el CDH discutirán si renuevan el mandato de la misión para que continúe realizando trabajo sobre nuestro país esa posibilidad es la que nosotros como organización de derechos humanos apoyamos, “creemos que este primer informe tiene situaciones que tienen que ser investigadas a profundidad”.
Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea señala que las ONG de derechos humanos tenían muchas expectativas sobre los resultados del informe, “sabíamos que iba a ser el acontecimiento más importante sobre la investigación de violaciones derechos humanos ocurridos en Venezuela confiábamos en la alta experticia técnica y profesionalismo de los integrantes de esta Misión de Verificación de Hecho”.
El sociólogo asegura que el informe “corrobora la existencia de una política estatal sistemática de violación de los Derechos Humanos que cuenta con la participación de diferentes instituciones del estado venezolano, no solo para que se cometan los hechos sino también para encubrir los hechos y silenciar las denuncias”.
Alí Daniels director de Acceso a la Justicia, resalta el hecho de que por primera vez un órgano de las Naciones Unidas califica de crímenes de lesa humanidad lo ocurrido en Venezuela en materia de Derechos Humanos.
“El informe no solo hace esa calificación , sino que además le pone nombre y apellido a los responsables de esas violaciones, desde la cabeza más alta pasando por ministros, directores de organismos de seguridad e indica que hay una lista de 45 funcionarios involucrados directamente en la comisión de estos crímenes”.
Además en el documento se amplía el espectro de los excesos perpetrados “ya que no se limitaron a los dirigentes políticos o contra quienes protestaban, sino que afectan al ciudadano común con operaciones de control social, como las OLP y su evolución en las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES)”.
Por su parte Ana Leonor Acosta, Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, agrega que el informe valida las denuncias realizadas desde hace más de 6 años sobre las violaciones derechos humanos en Venezuela, “se refiere a la represión selectiva política y a la responsabilidad de diferentes órganos del estado en esta situación y va más allá al establecer responsabilidades en el sistema de judicial.
Feliciano Reyna, presidente de Acción Solidaria acota que los hallazgos de la Misión requieren de una investigación posterior para determinar las responsabilidades.
El estado venezolano tiene que hacer las investigaciones de rigor para llegar a la justicia y en caso de no hacerse se invita entonces a los otros estados y órganos como la Corte Penal Internacional a hacerse parte pues determinaron la existencia de crímenes de lesa humanidad.
Uzcáteguicierra que el informe tendrá un gran impacto la semana que viene cuando sea discutido en el Consejo Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas. La próxima semana los estados que integran el CDH discutirán si renuevan el mandato de la misión para que continúe realizando trabajo sobre nuestro país esa posibilidad es la que nosotros como organización de derechos humanos apoyamos, “creemos que este primer informe tiene situaciones que tienen que ser investigadas a profundidad”.
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