El informe elaborado por la Alta Comisionada de las Naciones a Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh),Michelle Bachelet, alerta sobre la alta cifra de presuntos casos de ejecuciones, así como sobre la práctica de desaparecer por horas y días a las personas que son detenidas por los organismos de seguridad del Estado.
El informe dado a conocer este jueves 2 de julio, recoge denuncia formuladas por Organizaciones No Gubernamentales, así como cifras suministradas por el gobierno en materia de derechos humanos, sociales políticos y económicos.
En materia de derechos humanos el documento publica cifras suministradas por el Estado en las que se refleja que el año pasado se cometieron 6.710 homicidios en el territorio nacional, cifra que no incluye las muertes ocurridas en enfrentamientos con los organismos de seguridad, que no son consideradas como homicidios por el gobierno. Ese mismo año 41 miembros de los cuerpos policiales murieron en ese operaciones.
Además la Acnudh pudo comprobar entre el primero de enero de 2020 y el 31 de mayo murieron violentamente 1.363 personas, mientras que otras 1.324 resultaron muertas en operaciones de seguridad.
FAES a la cabeza en presuntas ejecuciones
De acuerdo con los datos presentados por la Alta Comisionada Michelle Bachelet, nuevamente las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) ocupa el primer lugar como organismo presuntamente implicado en la ejecución de detenidos durante operativos policiales.
De un total de 1.324 muertes registradas en operaciones de seguridad, el 32,6% corresponde a las FAES, con un total de 432 presuntos asesinatos, le sigue el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) con 27% de las muertes, 366 personas fueron asesinadas por los detectives de ese organismo.
El tercer lugar le corresponde a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con 10% de los crímenes y el grupo lo cierra la Policía del Estado Zulia con 124 asesinatos 9,3% del total de las muertes ocurridas durante operaciones policiales.
En relación a los casos comprobados de presuntas ejecuciones el informe señala que 28 casos ocurridos entre mayo de 2019 y mayo de 2020 fueron entregados al Ministerio Público, el 60% de ellos ocurrieron a manos de funcionarios de las FAES.
Todos los casos siguen abiertos a la espera de información emanada de los organismos competentes, en este caso el Cicpc, solo en un caso se han realizado entrevistas a testigos.
Hombres pobres de 30 años las víctimas
Al referirse al tipo de víctimas el informe de la Acnudh señala que la mayoría son hombres menores de 30 años de escasos recursos económicos, residenciados en las barriadas más pobres del país. Muchos de ellos con antecedentes penales, pero en algunos casos las muertes ocurrieron producto de venganzas de los funcionarios policiales.
Vale destacar que en ese período nueve mujeres resultaron muertas en los operativos.
El retardo procesal en evidencia
Un dato importante que deja al descubierto el informe de las Naciones Unidas es la lentitud como son tratados los casos por parte del sistema judicial en María de respeto del los derechos humanos.
Según el documento, el gobierno informó que entre 2017 y 2020 fueron acusados de homicidio 731 miembros de los organismos de seguridad, de ellos el 67% fueron imputados, o sea 492. 3l 59%, 436 detenidos, fueron privados de la libertad y el 16% fue condenado, en total 117 funcionarios fueron encontrados culpables de homicidio en un periodo de tres años.
Más adelante el informe agrega que el Ministerio Público inició 4.890 investigaciones por muertes violentas, para el mes de marzo de 2020 el 99,4% estaban en fase preliminar, o sea 4.861 casos. El 0,3%, apenas 15 de los casos estaban en fase intermedia, 13 habían llegado a juicio, o sea el 0,2% y apenas un caso había sido condenado, en otras palabras el 0,02% de los casi cinco mil casos iniciados había culminado en condena.
Detenciones y desapariciones
En materia de derechos humanos, el informe no favorece al gobierno. Otro aspecto que preocupa al organismo de la ONU está relacionado con las detenciones arbitrarias y desapariciones.
El documento refleja la tendencia de los organismos de seguridad venezolanos a detener a manifestantes, así como a profesionales de los medios de comunicación y a médicos, especialmente durante la alerta decretada con el objetivo de contener la pandemia de Covid 19.
Además refleja la violación del debido proceso de los detenidos y la tortura de muchas las víctimas de las detenciones arbitrarias.
Destaca la detención de profesionales de la comunicación. Siete de ellos fueron objeto de medidas cautelares y cuatro periodistas que se encuentran escondidos por temor a las amenazas que sufrieron, además se reportaron ocho casos de intimidaciones por policías, autoridades locales y colectivos.
Otros que han sufrido detenciones arbitrarias y amenazas son los profesionales de la salud, al menos tres médicos han sido detenidos.
El informe hace especial énfasis en en tema de la desaparición forzada de las personas que son detenidas por los organismos de seguridad del Estado.
Particularmente citan a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y en menor medida las FAES y la GNB.
Señalen que la desaparición de las personas va de varias horas hasta 40 días sin que sus familiares sepan nada de ellos.
Las medidas impuestas a la mayoría de los detenidos implica no hablar de sus casos,y prohibición de salida del país. En algunos casos los detenidos perdieron su empleo producto de las medidas impuestas. En la mayoría de los casos de encuentran sometidos a juicio por supuestos delitos contenidos en la Ley Constitucional contra el Odio.
Tortura la herramienta para doblegar
El informe además trata el tema de la tortura, a la que serían sometidos detenidos.
Sin embargo aclara que el gobierno suministró información sobre detenciones de funcionarios por torturar a detenidos.
"Hasta mayo de 2020 el Ministerio Público abrió 361 investigaciones de tortura y 9.951 casos de maltrato, fueron acusados 517 agentes del Estado 401 de ellos fueron imputados, 163 fueron privados de la libertad y 26 condenados.
El informe señala que recibieron muchas denuncias sobre la tortura de detenidos, sin embargo destacan que las personas de cierto nivel de exposición mediática, como políticos y periodistas no fueron torturadas.
El informe dado a conocer este jueves 2 de julio, recoge denuncia formuladas por Organizaciones No Gubernamentales, así como cifras suministradas por el gobierno en materia de derechos humanos, sociales políticos y económicos.
En materia de derechos humanos el documento publica cifras suministradas por el Estado en las que se refleja que el año pasado se cometieron 6.710 homicidios en el territorio nacional, cifra que no incluye las muertes ocurridas en enfrentamientos con los organismos de seguridad, que no son consideradas como homicidios por el gobierno. Ese mismo año 41 miembros de los cuerpos policiales murieron en ese operaciones.
Además la Acnudh pudo comprobar entre el primero de enero de 2020 y el 31 de mayo murieron violentamente 1.363 personas, mientras que otras 1.324 resultaron muertas en operaciones de seguridad.
FAES a la cabeza en presuntas ejecuciones
De acuerdo con los datos presentados por la Alta Comisionada Michelle Bachelet, nuevamente las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) ocupa el primer lugar como organismo presuntamente implicado en la ejecución de detenidos durante operativos policiales.
De un total de 1.324 muertes registradas en operaciones de seguridad, el 32,6% corresponde a las FAES, con un total de 432 presuntos asesinatos, le sigue el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) con 27% de las muertes, 366 personas fueron asesinadas por los detectives de ese organismo.
El tercer lugar le corresponde a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con 10% de los crímenes y el grupo lo cierra la Policía del Estado Zulia con 124 asesinatos 9,3% del total de las muertes ocurridas durante operaciones policiales.
En relación a los casos comprobados de presuntas ejecuciones el informe señala que 28 casos ocurridos entre mayo de 2019 y mayo de 2020 fueron entregados al Ministerio Público, el 60% de ellos ocurrieron a manos de funcionarios de las FAES.
Todos los casos siguen abiertos a la espera de información emanada de los organismos competentes, en este caso el Cicpc, solo en un caso se han realizado entrevistas a testigos.
Hombres pobres de 30 años las víctimas
Al referirse al tipo de víctimas el informe de la Acnudh señala que la mayoría son hombres menores de 30 años de escasos recursos económicos, residenciados en las barriadas más pobres del país. Muchos de ellos con antecedentes penales, pero en algunos casos las muertes ocurrieron producto de venganzas de los funcionarios policiales.
Vale destacar que en ese período nueve mujeres resultaron muertas en los operativos.
El retardo procesal en evidencia
Un dato importante que deja al descubierto el informe de las Naciones Unidas es la lentitud como son tratados los casos por parte del sistema judicial en María de respeto del los derechos humanos.
Según el documento, el gobierno informó que entre 2017 y 2020 fueron acusados de homicidio 731 miembros de los organismos de seguridad, de ellos el 67% fueron imputados, o sea 492. 3l 59%, 436 detenidos, fueron privados de la libertad y el 16% fue condenado, en total 117 funcionarios fueron encontrados culpables de homicidio en un periodo de tres años.
Más adelante el informe agrega que el Ministerio Público inició 4.890 investigaciones por muertes violentas, para el mes de marzo de 2020 el 99,4% estaban en fase preliminar, o sea 4.861 casos. El 0,3%, apenas 15 de los casos estaban en fase intermedia, 13 habían llegado a juicio, o sea el 0,2% y apenas un caso había sido condenado, en otras palabras el 0,02% de los casi cinco mil casos iniciados había culminado en condena.
Detenciones y desapariciones
En materia de derechos humanos, el informe no favorece al gobierno. Otro aspecto que preocupa al organismo de la ONU está relacionado con las detenciones arbitrarias y desapariciones.
El documento refleja la tendencia de los organismos de seguridad venezolanos a detener a manifestantes, así como a profesionales de los medios de comunicación y a médicos, especialmente durante la alerta decretada con el objetivo de contener la pandemia de Covid 19.
Además refleja la violación del debido proceso de los detenidos y la tortura de muchas las víctimas de las detenciones arbitrarias.
Destaca la detención de profesionales de la comunicación. Siete de ellos fueron objeto de medidas cautelares y cuatro periodistas que se encuentran escondidos por temor a las amenazas que sufrieron, además se reportaron ocho casos de intimidaciones por policías, autoridades locales y colectivos.
Otros que han sufrido detenciones arbitrarias y amenazas son los profesionales de la salud, al menos tres médicos han sido detenidos.
El informe hace especial énfasis en en tema de la desaparición forzada de las personas que son detenidas por los organismos de seguridad del Estado.
Particularmente citan a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y en menor medida las FAES y la GNB.
Señalen que la desaparición de las personas va de varias horas hasta 40 días sin que sus familiares sepan nada de ellos.
Las medidas impuestas a la mayoría de los detenidos implica no hablar de sus casos,y prohibición de salida del país. En algunos casos los detenidos perdieron su empleo producto de las medidas impuestas. En la mayoría de los casos de encuentran sometidos a juicio por supuestos delitos contenidos en la Ley Constitucional contra el Odio.
Tortura la herramienta para doblegar
El informe además trata el tema de la tortura, a la que serían sometidos detenidos.
Sin embargo aclara que el gobierno suministró información sobre detenciones de funcionarios por torturar a detenidos.
"Hasta mayo de 2020 el Ministerio Público abrió 361 investigaciones de tortura y 9.951 casos de maltrato, fueron acusados 517 agentes del Estado 401 de ellos fueron imputados, 163 fueron privados de la libertad y 26 condenados.
El informe señala que recibieron muchas denuncias sobre la tortura de detenidos, sin embargo destacan que las personas de cierto nivel de exposición mediática, como políticos y periodistas no fueron torturadas.
Siguenos en
Telegram,
Instagram,
Facebook y
Twitter
para recibir en directo todas nuestras actualizaciones