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Ley de Desarme: Tolerancia Cero

El Ejecutivo debe activar la información, marcaje y vías de ruta, para recuperar armamento

JUAN MARTIN ECHEVERRÍA |  EL UNIVERSAL
domingo 21 de julio de 2013  12:00 AM
La política criminal debe ser comprensible para la sociedad, lo más participativa posible y tener un "anclaje" sólido con la realidad del país: comprende las normas jurídicas relacionadas con la prevención y represión del delito, la organización policial, el Ministerio Público, la administración de justicia y penitenciaria, todo lo cual conforma el Sistema Penal. Obviamente nada puede funcionar de manera aislada, sino estrechamente coordinado a través de una integración funcional, así por ejemplo la Ley de Desarme tiene sentido si se procede a una masiva campaña de opinión para la entrega voluntaria, y luego los Cuerpos Policiales proceden al desarme de los grupos armados que proliferan en el país. Estamos hablando de Tolerancia Cero.

Nadie sabe cuántas armas hay en el país, pero si se sabe quiénes las poseen y utilizan, y es categórica la norma constitucional que establece que la propiedad y el monopolio de las armas de guerra está en manos de la Fuerza Armada, que debe recuperarlas sin indemnización ni proceso. ¿Entonces por qué determinados grupos portan de manera ostensible armas de guerra y cuál es su procedencia? La respuesta es que un porcentaje ha sido sustraído del armamento adquirido por el Estado y un porcentaje menor a través de otras fuentes. Ratificamos, el arma tiene un ADN que permite establecer en forma indubitable su origen.

La Ley de Desarme puede tener todas las bondades y fortalezas que le atribuyen sus redactores, pero depende del Poder Ejecutivo el que se apliquen sus disposiciones en forma inteligente, creativa, implacable y con los recursos suficientes para el archivo centralizado, el marcaje, las campañas de opinión, la recompensa y amnistía ante la entrega voluntaria y, en este último caso, la destrucción inmediata del arma, para que no se vaya por los caminos verdes y regrese al mercado ilícito. Queda además pendiente, y con urgencia, la promulgación de los Reglamentos de la Ley y escenarios que ocurren en la práctica, donde muchos motorizados son detectados con armas y presentan documentos que autorizan su porte, cuando es frecuente el sicariato, secuestro o atraco de importancia donde actúan delincuentes en moto.

El régimen nos vende la militarización de la lucha contra el crimen, que está expresamente prohibida en la Carta Magna, donde se expresa que "los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y respetarán la dignidad y los derechos humanos". Lamentablemente ocurre la infortunada tragedia del estado Falcón, con una cultura de control mediante alcabalas, que la experiencia ha demostrado que es de mínima productividad y enormes riesgos. Este tipo de actividad preventiva se ha desvirtuado en molestias y eventuales extorsiones a los ciudadanos.

El Poder Ejecutivo debe demostrar voluntad política, recabando inteligencia y ejecutando acciones contra arsenales de armas largas y cortas que existen en los barrios, donde se pueden comprar y alquilar, así como la fabricación artesanal de municiones. El Ejecutivo debe activar la información, marcaje y vías de ruta realistas, para recuperar las armas que están en la calle. Tolerancia Cero.

juanmartin@cantv.net



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