Un año después de la represión de sentada en Sudán, las familias reclaman justicia
Familias de las víctimas que dejó la dispersión en el plantón del 3 de junio del año pasado, exigen una investigación internacional y una condena para los responsables
Jartum.- Decenas de manifestantes desfilaron el miércoles en Jartum para conmemorar el primer aniversario de la sangrienta dispersión de una sentada y rendir homenaje a decenas de víctimas, cuyas familias reclaman una investigación internacional.
Al menos 128 personas murieron y cientos resultaron heridas en la dispersión del plantón de hace un año, según médicos vinculados al movimiento de protesta.
Según las cifras oficiales, perecieron 87 manifestantes.
Las autoridades de transición sudanesas, establecidas en agosto de 2019 en virtud de un acuerdo entre el ejército y el movimiento de protesta, crearon una comisión de investigación, pero esta última aún no dio a conocer sus conclusiones.
Los manifestantes de este miércoles corearon lemas en favor del "castigo" de los responsables y una "investigación internacional".
"Os aseguro que hacer justicia en nombre de los mártires del plantón... es una etapa ineludible", aseguró por su parte el primer ministro Abdalá Hamdok en una alocución televisada.
Una investigación delicada
Abdelsalam Kisha tenía 25 años cuando fue asesinado junto con decenas de otros manifestantes por hombres con uniforme militar frente al cuartel general del ejército en la capital.
Miles de manifestantes habían ocupado el lugar durante varias semanas, pidiendo la destitución del presidente Omar al Bashir, que había estado en el poder durante 30 años.
Después de su caída, en abril de 2019, continuaron su sentada para exigir el establecimiento de un régimen civil, hasta la sangrienta dispersión del 3 de junio.
Muy activo en la campaña de las familias para pedir justicia, el padre de Abdelsalam Kisha indicó a la AFP que los familiares de las víctimas reclaman "una investigación internacional para hacer justicia a los muertos".
"Corrí hacia el lugar de la manifestación después de recibir varias llamadas diciendo que mi hijo había muerto", recuerda Kisha Abdelsalam. Más tarde se enteró que el joven había recibido varios disparos.
Abdelsalam y otros militantes acusan a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), un grupo paramilitar, de haber ordenado la dispersión del plantón, lo que niegan los responsables militares.
En julio de 2019, una primera investigación realizada por militares y fiscales reveló que algunos miembros de las RSF y de las fuerzas de seguridad estaban implicados.
Sin embargo, los militares aseguran que la operación tuvo lugar principalmente en una parte del campamento donde algunos manifestantes habrían vendido drogas.
En octubre, el primer ministro Abdalá Hamdok encargó al abogado Nabil Adib que llevara a cabo una investigación y presentara las conclusiones en un plazo de tres meses. Pero el plazo "no era suficiente, en particular porque se trata de un crimen con connotaciones políticas y que implica a un gran número de personas", dijo Adib.
El defensor de los derechos humanos agrega que la tarea de la comisión se ha hecho aún más difícil desde la irrupción de la pandemia de nuevo coronavirus, que infectó a más de 5.000 personas y se cobró más de 300 vidas en Sudán.
Las organizaciones de derechos humanos, que recogieron testimonios sobre la dispersión del plantón, han pedido reiteradamente una investigación "transparente". Sin embargo, las familias de las víctimas siguen siendo escépticas.
Al menos 128 personas murieron y cientos resultaron heridas en la dispersión del plantón de hace un año, según médicos vinculados al movimiento de protesta.
Según las cifras oficiales, perecieron 87 manifestantes.
Las autoridades de transición sudanesas, establecidas en agosto de 2019 en virtud de un acuerdo entre el ejército y el movimiento de protesta, crearon una comisión de investigación, pero esta última aún no dio a conocer sus conclusiones.
Los manifestantes de este miércoles corearon lemas en favor del "castigo" de los responsables y una "investigación internacional".
"Os aseguro que hacer justicia en nombre de los mártires del plantón... es una etapa ineludible", aseguró por su parte el primer ministro Abdalá Hamdok en una alocución televisada.
Una investigación delicada
Abdelsalam Kisha tenía 25 años cuando fue asesinado junto con decenas de otros manifestantes por hombres con uniforme militar frente al cuartel general del ejército en la capital.
Miles de manifestantes habían ocupado el lugar durante varias semanas, pidiendo la destitución del presidente Omar al Bashir, que había estado en el poder durante 30 años.
Después de su caída, en abril de 2019, continuaron su sentada para exigir el establecimiento de un régimen civil, hasta la sangrienta dispersión del 3 de junio.
Muy activo en la campaña de las familias para pedir justicia, el padre de Abdelsalam Kisha indicó a la AFP que los familiares de las víctimas reclaman "una investigación internacional para hacer justicia a los muertos".
"Corrí hacia el lugar de la manifestación después de recibir varias llamadas diciendo que mi hijo había muerto", recuerda Kisha Abdelsalam. Más tarde se enteró que el joven había recibido varios disparos.
Abdelsalam y otros militantes acusan a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), un grupo paramilitar, de haber ordenado la dispersión del plantón, lo que niegan los responsables militares.
En julio de 2019, una primera investigación realizada por militares y fiscales reveló que algunos miembros de las RSF y de las fuerzas de seguridad estaban implicados.
Sin embargo, los militares aseguran que la operación tuvo lugar principalmente en una parte del campamento donde algunos manifestantes habrían vendido drogas.
En octubre, el primer ministro Abdalá Hamdok encargó al abogado Nabil Adib que llevara a cabo una investigación y presentara las conclusiones en un plazo de tres meses. Pero el plazo "no era suficiente, en particular porque se trata de un crimen con connotaciones políticas y que implica a un gran número de personas", dijo Adib.
El defensor de los derechos humanos agrega que la tarea de la comisión se ha hecho aún más difícil desde la irrupción de la pandemia de nuevo coronavirus, que infectó a más de 5.000 personas y se cobró más de 300 vidas en Sudán.
Las organizaciones de derechos humanos, que recogieron testimonios sobre la dispersión del plantón, han pedido reiteradamente una investigación "transparente". Sin embargo, las familias de las víctimas siguen siendo escépticas.
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