La reciente detención del periodista Luis Carlos Díaz representa un eslabón más de esa endurecida cadena de arbitrariedades con la cual se ha pretendido subyugar el alma nacional, sin éxito aunque con saldo alarmante de víctimas de violaciones a derechos humanos. El régimen mantiene su ofensiva en el plano del discurso y de la persecución, pero en realidad está en franca retirada en lo que respecta al apoyo popular y, sobre todo, a la posibilidad de definir e implementar programas dirigidos a mejorar la calidad de vida de la gente y las condiciones para el desarrollo productivo de Venezuela. Carente de expectativas fundadas para la conducción de la nación hacia un destino plausible, se aferra a la resistencia en los reductos de poder que aún controla y centra sus objetivos en la supervivencia de su dominación, la cual se muestra sin embargo cada vez más frágil. Sus palabras ya no suscitan entusiasmo ni credibilidad, porque han degenerado en martillazos que intentan justificar el sistema imperante y con ello reafirman la situación que el pueblo sufre, o han devenido en coro de falsedades. 

Un desafío fundamental del presente es justamente la recuperación del valor de la palabra. De aquella que emociona sin faltar a la verdad, porque ilustra sobre un camino cierto que como nación puede ser recorrido, con obstáculos y demoras en la llegada al punto final, pero con claridad de metas y de procedimientos. Con flexibilidad para afrontar circunstancias imprevisibles, pero sin improvisación. 

Por otro lado, las palabras que conformen la nueva dinámica política han de ofrecer la apertura que el pluralismo político exige. No han de resultar de una imposición ideológica ni del aniquilamiento del adversario, sino de la dialéctica democrática que encuentra en la diversidad una virtud y que se dedica denodadamente a garantizar el ágora o espacio común para la palabra en el que cada cual haga valer su pensamiento. La lógica de estos años, en la cual unas palabras excluyen o acallan a las otras, debe ser sustituida por la discusión ponderada y matizada de las opciones político-económicas que sean defendidas por las organizaciones políticas o actores sociales de uno u otro signo. La transición que se ha iniciado debe ser también incluyente; no a partir de actitudes pusilánimes, indulgentes o tibias, sino con base en la conciencia sobre la fortaleza y sostenibilidad de las soluciones alcanzadas mediante una deliberación racional, con reconocimiento de los diferentes actores. Defenestrando el autoritarismo y las prácticas y políticas responsables del hundimiento nacional, y a la vez reivindicando la importancia de que cada cual propugne la legitimidad del ideario político en que cree y tenga oportunidades institucionales para plantearlo. 

Estos rasgos han de distinguir igualmente la renovación institucional que se anuncia. El secuestro de la voluntad popular perpetrado desde la demolición inconstitucional de la legítima Asamblea Nacional, el bloqueo arbitrario del referendo revocatorio y la imposición de la espuria Asamblea Nacional Constituyente, con todas sus consecuencias antidemocráticas, debe cesar y dar paso a una nueva integración del Consejo Nacional Electoral y a la celebración de elecciones libres y confiables para todos, que coloquen en manos del electorado la resolución de la grave crisis nacional. De esa forma los derrotados y los vencedores, que en el marco del pluralismo democrático esbozado no lo habrán perdido ni ganado todo, lo serán porque el pueblo así lo ha decidido soberanamente. La transición debe ir orientada principalmente a dejar atrás la desviación dictatorial y a facilitar las condiciones para que esas elecciones plurales sean posibles, sin perjuicio de las medidas más urgentes referidas a la emergencia humanitaria compleja. A fin de superar efectivamente el modelo autoritario y devastador de la economía del país, hay que dar cabida a quienes lo han preconizado en la implementación de la salida democrática que permita forjar un futuro promisorio para los venezolanos. 

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