Reinaldo Jurado, tenía guardia junto a varios compañeros, cuando ocurrió la explosión. Recuerda cada detalle desesperante y doloroso de ese momento. “Estábamos en el Bloque 23 de la refinería de Amuay, entre el tanque 203 y la empresa Puramín, donde fue el foco más fuerte. Era la hora de descanso, cuando nos dimos cuenta que teníamos el  gas a nivel de la rodilla. Fue cuando evacuamos. A los nueve minutos empezó la candela, corrimos, y luego explotó el tanque, todavía estábamos cerca, la onda expansiva nos elevó, causándonos las lesiones”.

Una fuga de gas ocasionó la devastadora explosión a la 1:07 de la madrugada, la onda expansiva mató a decenas de personas, derribó casas, locales comerciales y diferentes infraestructuras, además causó daños en 11 tanques de hidrocarburos. El gobierno nacional concluyó en que todo fue producto de un sabotaje, siendo esto desmentido una y otra vez por expertos petroleros y la oposición venezolana, incluso en un extenso y explicativo informe realizado por el Centro de Orientación de Energía (Coener).

Según la cifra oficial hubo 47 fallecidos y 35 heridos. Aunque estos números también generaron dudas entre quienes vivieron de cerca el siniestro, ya que toda la destrucción vista hizo pensar en muchas más víctimas mortales. 

 
Jurado se cuenta en una lista de 19 sobrevivientes, la mayoría con fracturas graves y daños auditivos, que no han recibido indemnización, ni las atenciones médicas prometidas por Pdvsa, poco después del suceso. “A nosotros nos olvidaron, nos dieron las espalda”, dice al hacer un recuento de toda su experiencia lamentable, que incluye una artroplastia de cadera derecha, cuatro intervenciones quirúrgicas, problemas de audición, estrés postraumático crónico, entre otros males.
“Nunca más caminé bien, la prótesis que tengo es dolorosa, no pude trabajar de nuevo en la industria. Yo estaba formado para los andamios y montacargas, pero ahora ando con un bastón y no puedo hacer nada de eso. Vivo cerca de Amuay y cada vez que veo el mechurrio de la refinería muy alto tengo que irme lejos, no podía ni escuchar una ambulancia. Quedé discapacitado, certificado por el CONACDIS (Consejo Nacional de Discapacidad)”, relata.

En el 2014, Jurado y sus compañeros, aparecieron como cesantes en el Seguro Social. Fueron a denunciar al Ministerio del Trabajo y al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel), pero nunca recibieron respuesta. PDVSA les daba una “ayuda monetaria mensual”, pero la eliminaron en marzo de 2017, al igual que los planes de salud, a pesar de la existencia de una carta compromiso firmada por la empresa, en la que se establece apoyo para ellos hasta lograr la máxima mejoría médica.   

“Nos bloquearon todo, como si nosotros éramos los saboteadores a los que estaban buscando para culparlos de un saboteo que no existió. Nosotros sabemos lo que pasó porque lo vivimos en carne propia. Allí no hubo ningún tipo de alarma para desalojar, no funcionó nada”, dijo Jurado, quien ha decaído considerablemente por la falta de recursos para su tratamiento y las terapias recomendadas por especialistas, según los resultados de exámenes que debe realizarse anualmente para chequear sus condiciones. Al igual que él están muchos de los otros sobrevivientes, unos sufriendo dolores más fuertes que otros.

“Lo que estamos exigiendo es una indemnización justa, que se cumpla la ley, que nos tomen en cuenta. Al principio nos atendieron bien, pensamos que iban a responder de verdad, pero eso no pasó. Aquí estamos, ocho años después en las peores circunstancias”, lamentó.