Barquisimeto.- Durante la cuarentena, la directiva del Mercado Mayorista de Barquisimeto (Mercabar) ha realizado procedimientos ilegales, incluyendo la clausura de tres galpones, acción amparada por cuerpos de seguridad y colectivos.
De acuerdo a una nota de prensa enviada por la Asociación de Comerciantes de Mercabar, el viernes 19 de junio, luego de las 10 de la noche, fueron violentados dos establecimientos con el mismo modus operandi como han venido haciendo en estos tiempos de pandemia, violando el Decreto con carácter de Ley de Arrendamiento para Inmuebles Comerciales.
En abril, la junta directiva de Mercabar pegó una notificación de desalojo en algunos galpones, siendo desde entonces, cinco locales violentados, en procedimientos ilegales porque los tribunales están cerrados y el juicio sigue en curso.
De acuerdo a una nota de prensa enviada por la Asociación de Comerciantes de Mercabar, el viernes 19 de junio, luego de las 10 de la noche, fueron violentados dos establecimientos con el mismo modus operandi como han venido haciendo en estos tiempos de pandemia, violando el Decreto con carácter de Ley de Arrendamiento para Inmuebles Comerciales.
Estos dos nuevos locales son «Comercial Rodper C.A.» y «Comercial Ladino C.A.», firmas comerciales que se encuentran amparadas bajo la decisión de los Tribunales que tienen en su haber demandas judiciales que cursan desde hace dos años.
Testigos y afectados coinciden que esta «acción vandálica» tipo comando, está siendo ejecutada por Jesús Lobo Watson y el gerente de operaciones de Mercabar, en representación de Juan Carlos Sierra, Presidente del principal centro de distribución de alimentos del occidente del país, ubicado en Lara.
Afirman los afectados que la Guardia Nacional (GN) y la Policía Municipal de Iribarren (PMI) rompieron los candados y santamarías de los galpones para practicar un desalojo sin orden judicial.
Más adelante, la comunicación escrita señala que los propietarios de los comercios afectados forman parte del grupo de 200 arrendatarios que interpusieron una demanda contra la directiva de Mercabar a comienzos de 2018 por diferentes irregularidades y evidente abuso de poder como la arbitraria suspensión de contratos vigentes, con la excusa de que los mismos habían sido firmados por la autoridad anterior y que debían suscribir un nuevo contrato, con incrementos de alquiler exorbitantes (entre 500 y 1000%), y con la subsiguiente amenaza de "que si no les gustaba, que entregaran o se fueran a los Tribunales, pero que perderían".
Para esa fecha y luego de infructuosos esfuerzos de los inquilinos, cuya mayoría tienen más de 15 años en esa condición, algunos accedieron a firmar un nuevo contrato y otros sabiendo que los ampara la Ley, optaron por consignar los alquileres en los Tribunales y esperar que su vigente y lícito contrato llegue a término.
Cabe destacar que para quienes optaron por firmar un nuevo contrato, se tomó como base una fórmula existente en último Decreto Presidencial de Arrendamiento para Inmuebles Comerciales, y en el mismo se fija un canon, tomando como base un supuesto avalúo que establece el precio del inmueble y el porcentaje que ese Decreto permite como renta anual y mensual para dar con el canon de arrendamiento.
Ese Decreto en su mismo texto establece que una vez hecho ese avalúo y determinado el valor, el monto fijado como canon, debe ser fijo durante un período mínimo de un año.
Explican las víctimas que Mercabar incluyó una cláusula que viola esa condición, cuando añade que “si por circunstancias de la situación del país o por aumento del valor del inmueble, se podrá aumentar el canon”.
De acuerdo a especialistas en Derecho, estas dos condiciones aun cuando son violatorias del Decreto, si se aceptara su aplicación por las partes deben ser probadas y eso solo se hace con indicadores económicos oficiales y con un nuevo avalúo elaborado con peritos certificados.
Sin embargo, la máxima autoridad de Mercabar llamó a los inquilinos nuevamente y manifestó que había un incremento en los alquileres, violando las condiciones generales del Decreto Ley, sin mostrar índices oficiales de inflación, ni presentar un avalúo que muestre la revalorización del inmuebles, aplicando al nuevo precio de alquiler un incremento hasta del doce mil por ciento, con la reiterada presión para que firmen, y no perder el local o la libertad si no aceptan; que tomen nuevamente la vía jurisdiccional.
Ante esta situación, los adjudicatarios se preguntan cuándo Mercabar dejó de ser un espacio para garantizar la comercialización y pasó a ser una empresa de lucro, que no le importa el impacto de los aumentos en los productos que se venden, en su mayoría de primera necesidad.
Además, señalan que adicional a la excesiva renta impuesta, los inquilinos cancelan gastos comunes por lo que la mayoría de los costos de mantenimiento, productos de limpieza, recurso humano, consumibles; se cubren con ese cuota, minimizando los costos para el arrendador.
Además, señalan que adicional a la excesiva renta impuesta, los inquilinos cancelan gastos comunes por lo que la mayoría de los costos de mantenimiento, productos de limpieza, recurso humano, consumibles; se cubren con ese cuota, minimizando los costos para el arrendador.
Es así como, quienes decidieron recurrir a Tribunales para solventar la situación por la vía legal, son blanco de persecuciones, sanciones, robos, amenazas, operaciones arbitrarias y violentas.
En abril, la junta directiva de Mercabar pegó una notificación de desalojo en algunos galpones, siendo desde entonces, cinco locales violentados, en procedimientos ilegales porque los tribunales están cerrados y el juicio sigue en curso.
El 1° de junio fueron detenidas por más de 24 horas las comerciantes Estela Guédez y Yanin Guédez en un comando militar para obligarlas a firmar el documento de entrega del local.
La constante ha sido la arremetida de funcionarios de la Guardia Nacional, quienes agreden a los arrendatarios que se apersonan a sus locales y los mantienen retenidos, temiendo por su integridad, al retomar las vigilias por temor a que les quiten la mercancía.
Sin embargo, esta acción no ha sido garantía para salvaguardar la misma, ya que les han quitado y vendido la mercancía, según por daños y perjuicios por no haber pagado alquiler.
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