Madrid. - El Gobierno español de Mariano Rajoy dio luz verde a la tramitación parlamentaria de un anteproyecto de ley que pretende ampliar el número de delitos castigados con prisión permanente revisable, la máxima pena que se puede imponer en España. La iniciativa, a la que se oponen formaciones como el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) o el izquierdista Partido Podemos, abrió un amplio debate en el país, especialmente a raíz de asesinatos mediáticos como el de la joven Diana Quer, cuyo presunto asesino ocultó el cadáver durante 16 meses.

"Es una pena que existe en toda Europa, sean Gobiernos conservadores o de izquierdas", dijo hoy el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien aseguró que no tiene nada que ver con la cadena perpetua. La prisión permanente revisable fue aprobada en España en 2015 y desde entonces, puede ser impuesta únicamente en supuestos excepcionales, como asesinatos muy graves, homicidio del jefe del Estado o genocidio y crímenes de lesa humanidad, informó DPA.

Normalmente supone el cumplimiento íntegro de entre 25 y 35 años de prisión según el número de delitos y su naturaleza, un tiempo tras el cual la pena se puede revisar. Hasta ahora solo ha sido aplicada una vez en España.

La iniciativa del Gobierno de Rajoy pretende ahora modificar el Código Penal para poder aplicarla también a los siguientes supuestos: asesinatos con obstrucción para recuperar el cadáver, secuestros que acaben con la muerte del rehén, violaciones en serie o contra un menor tras privarle de libertad, asesinatos con utilización de elementos químicos, incendiarios o radiactivos y atentados en infraestructuras clave como aeropuertos.

El Partido Popular (PP) del jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, gobierna en minoría en España por lo que necesita el apoyo de otras fuerzas para sacar adelante la propuesta. El liberal Partido Ciudadanos se mostró abierto al debate, mientras que PSOE y Podemos se posicionaron en contra. Algunos grupos incluso, recurrieron la prisión permanente revisable ante el Tribunal Constitucional, que todavía no ha resuelto.

El Gobierno argumenta que el 80% de la sociedad está a favor de la medida, según las encuestas. Especialmente a raíz de la petición de los familiares de víctimas de crímenes graves y mediáticos como el reciente asesinato de una joven de 18 años, Diana Quer, cuyo cadáver estuvo oculto en una nave durante más de un año.

"Confiamos en la reflexión y en algo tan sensato como que los grupos parlamentarios ejercemos la representación de los ciudadanos por tanto, no podemos estar alejados del sentir social", dijo Catalá, quien rechazó que se trate de una medida electoralista.