El Ministerio para el Servicio Penitenciario, informó este domingo sobre la detención de un grupo de funcionarios tras infringir en la venta de comida a reclusos enviada por el estado venezolano a la Comunidad Penitenciaria de Coro (Copeco).
Según Yamma Martínez, presidenta del Instituto Autónomo Caja Penitenciaria y madrina de Copeco, entre los detenidos se encuentran el subdirector Javier Montilla, junto a otros dos custodios de este centro penitenciario; quienes fueron entregados a efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) para su custodia.
Así mismo, detalló venir investigando esta situación desde hace dos meses, tras percatarse de la desaparición de estos alimentos de forma repentina. “Por ejemplo, cada mes, nos enviaban 3 mil kilos de pollo y eso se acababa en pocos días”, explicó.
Destacó que este servicio atiende de manera gratuita a reclusos y funcionarios siendo un total de 1.300 personas.
De acuerdo con Martínez, luego de procesar la comida la misma era vendida a la comunidad de reclusos por una tarifa plana de 700 mil bolívares. Teniendo constancia mediante “captures de transferencias a cuentas bancarias”.
El caso quedo a órdenes del Ministerio Público, “para detectar a otros funcionarios que pudieran estar metidos en esta irregularidad”, informó la funcionaria Martínez.
Según Yamma Martínez, presidenta del Instituto Autónomo Caja Penitenciaria y madrina de Copeco, entre los detenidos se encuentran el subdirector Javier Montilla, junto a otros dos custodios de este centro penitenciario; quienes fueron entregados a efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) para su custodia.
Así mismo, detalló venir investigando esta situación desde hace dos meses, tras percatarse de la desaparición de estos alimentos de forma repentina. “Por ejemplo, cada mes, nos enviaban 3 mil kilos de pollo y eso se acababa en pocos días”, explicó.
Destacó que este servicio atiende de manera gratuita a reclusos y funcionarios siendo un total de 1.300 personas.
De acuerdo con Martínez, luego de procesar la comida la misma era vendida a la comunidad de reclusos por una tarifa plana de 700 mil bolívares. Teniendo constancia mediante “captures de transferencias a cuentas bancarias”.
El caso quedo a órdenes del Ministerio Público, “para detectar a otros funcionarios que pudieran estar metidos en esta irregularidad”, informó la funcionaria Martínez.
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