EL UNIVERSAL
Hace unos días el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), general Domingo Hernández Lárez, informó que se realizó la incautación de diversos materiales usados para la minería ilegal en el municipio Atabapo del estado Amazonas.

En la información oficial se precisó que los elementos encontrados corresponden a 800 litros de combustible tipo gasolina en cuatro tambores, ocho motobombas de 13HP, ocho tubos plásticos de PVC de 4”, 500 metros de manguera de alta presión de 4” y 31 correas para motor.

Sin duda alguna la minería ilegal representa una de las amenazas más apremiantes para los ecosistemas y las comunidades indígenas de la región amazónica, una problemática que traspasa fronteras y que exige una respuesta coordinada y contundente por parte de las autoridades de Brasil y Venezuela.

La búsqueda de oro y otros minerales preciosos, impulsada por redes criminales, ha generado un impacto en la biodiversidad, la salud pública y la seguridad territorial de ambas naciones. A pesar de los esfuerzos, la complejidad de esta actividad ilícita requiere estrategias integrales que abarquen desde la acción militar hasta la cooperación internacional y el desarrollo sostenible de las comunidades afectadas.

Amazonía compleja
La Amazonía, pulmón vegetal del planeta y hogar de una riqueza incalculable en biodiversidad y culturas ancestrales, se encuentra bajo asedio constante por estas actividades.

Expertos explican que en la vastedad de este territorio compartido por Brasil y Venezuela, la minería ilegal ha extendido sus tentáculos, dejando a su paso cicatrices ambientales y sociales profundas. La extracción de oro, en particular, utiliza mercurio, un metal pesado altamente tóxico que contamina ríos, suelos y la cadena alimentaria, afectando directamente la salud de las poblaciones indígenas y ribereñas.

Además, la deforestación masiva para crear campamentos y pistas de aterrizaje clandestinas, la alteración de los cursos de agua y la erosión del suelo son consecuencias directas de esta actividad depredadora. Las zonas fronterizas, como el territorio Yanomami, que se extiende entre ambos países, son epicentros de esta crisis, donde los mineros ilegales, conocidos como "garimpeiros" en Brasil, operan con relativa impunidad, generando conflictos violentos y desplazamientos.

La respuesta venezolana
La “Operación Neblina” es la iniciativa de la Fuerza Armada de Venezuela destinada a combatir la minería ilegal, principalmente en el estado Amazonas. Esta operación, que ha estado activa desde 2024 y continúa en 2025, busca proteger el medio ambiente y los recursos naturales de la región amazónica, que se ven amenazados por la actividad minera ilegal.

Entre las acciones llevadas a cabo en el marco de la “Operación Neblina”, se destacan el desmantelamiento y destrucción de campamentos de minería ilegal. Indican que se han destruido estructuras e instalaciones utilizadas para la minería ilegal.

También se han confiscado bombas, mangueras, plantas eléctricas, martillos hidráulicos y otros equipos utilizados en la minería ilegal. Se realizan además patrullajes fluviales y terrestres para detectar y desmantelar actividades mineras ilegales y se busca proteger áreas naturales protegidas, como parques nacionales y reservas forestales, de la actividad minera ilegal.

Un trabajo conjunto
La” Operación Neblina” se lleva a cabo en concordancia con las leyes venezolanas de protección ambiental y los planes de defensa de la nación, y busca garantizar que la explotación de los recursos naturales se realice de manera legal y sostenible.

El Gobierno venezolano ha manifestado en diversas ocasiones su compromiso en la lucha contra la minería ilegal, aunque las críticas sobre la efectividad y la extensión del problema persisten.

El presidente Nicolás Maduro ha hecho pronunciamientos reiterados sobre la necesidad de "poner orden" en las zonas mineras y de combatir los grupos criminales vinculados a esta actividad. En el ámbito militar, el general en jefe Domingo Hernández Lárez, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), ha sido una figura central en la dirección de las operaciones contra la minería ilegal.

También el fiscal general de la República, Tarek William Saab, ha intervenido en el tema, anunciando detenciones y procesos judiciales contra individuos vinculados a la minería ilegal.

Un motor completo para el desarrollo responsable
La minería sostenible y controlada representa un pilar fundamental para el desarrollo de un país, no solo por la extracción de recursos vitales para la tecnología y la industria, sino por su capacidad de impulsar un crecimiento económico que respete el medio ambiente y beneficie a las comunidades.

Al operar bajo estrictos marcos legales y ambientales, la minería puede generar ingresos significativos que se reinvierten en infraestructura, educación y salud, mejorando directamente la calidad de vida de los ciudadanos, destacan expertos.

Además, una minería responsable fomenta la creación de empleo formal y digno, ofreciendo salarios justos, seguridad laboral y capacitación a los trabajadores locales, lo que contribuye a la reducción de la pobreza y la informalidad. Este enfoque también promueve la innovación tecnológica para minimizar el impacto ambiental, como el uso eficiente del agua, la reforestación de áreas afectadas y la gestión adecuada de residuos, demostrando que la actividad extractiva y la conservación pueden coexistir.

En última instancia, la minería sostenible, con una gobernanza transparente y la participación de las comunidades, se convierte en un agente de desarrollo.