¿Qué sucede cuando un niño o un adolescente que comete un delito es capturado?, ¿cómo se transforma su mundo?, ¿qué sucede cuando un casi niño-casi-hombre ingresa a ese monstruo de mil cabezas que es el sistema judicial venezolano?

Primero debemos establecer que en la justicia venezolana hay una clara división en la atención de las personas que cometen delitos, esa división se basa en la edad, bajo el precepto de defender la niñez. 

De manera que hay una diferenciación en la forma de tratar a los niños, los adolescentes y los adultos. En Venezuela no existe esa ficción que se ve en las series policiales. Acá, en teoría, no se trata al menor delincuente como un adulto. 

Entonces se da un trato diferencial a los infractores de las leyes dependiendo de la edad de quien rompe la ley: el adulto tiene un estatuto claro para procesarlo, basado en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP).

Pero cuando el infractor tiene menos de 18 años, primero no se le denomina delincuente, es definido como un “menor en conflicto con la ley”. Además, hay que dividir a los niños de los adolescentes. Si nos referimos a menores de 14 años, son niños, y son inimputables. 

No pueden ser procesados penalmente. En lugar de juicios y penas, el proceso queda en manos de los Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, quienes se encargan de determinar las medidas que se aplicarán en estos casos: el principio que prevalece es el de la defensa y protección de la niñez. 

Adolescentes en un mundo violento 

Pero cuando entramos en materia de “menores transgresores”, o “adolescentes en conflicto con la ley”, la situación se complica porque por su edad no pueden ser tratados como niños, pero tampoco como adultos.

En vista de esto, el legislador creó una estructura dirigida a garantizar los derechos de estos menores. El Sistema Penal de Responsabilidad de los Adolescentes (Sipra) es un conjunto de órganos y entidades encargados de administrar justicia y determinar la responsabilidad de los adolescentes por los delitos que cometen. Además, aplica y controla las sanciones correspondientes. 

Las garantías

Según la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna) el Sipra establece 13 garantías a favor de los adolescentes. Ellas son el derecho a la dignidad, a la proporcionalidad entre sanciones y delito cometido, presunción de inocencia, derecho a estar informado sobre el proceso, a no incriminarse y a solicitar la presencia de padres, representantes o responsables y de su defensor durante el juicio.

Tienen derecho a la defensa y a ser escuchados. El proceso debe ser oral, reservado y rápido ante tribunales especializados. Las resoluciones y sentencias son impugnables y las sanciones revisables.

No pueden ser juzgados dos veces por el mismo delito. A menos que sea detenido en flagrancia, solo pueden ser privados de libertad por orden judicial. La prisión preventiva es revisable a solicitud del adolescente. Mientras estén en prisión preventiva, deben estar separados de los adultos o cumpliendo una sanción privativa de libertad.

Un sistema que cojea

Aunque el tema parece estar blindado a favor de los adolescentes, una investigación de las ONG Cecodap y Una Ventana a la Libertad (UVL) arroja sombras sobre ese panorama.

El informe “Patrones de Violación de Derechos de los y las Adolescentes en conflicto con la Ley Penal”, presentado por la periodista e investigadora Vanessa Moreno, abarca el período comprendido entre 2017 y 2024. 

En él se alerta sobre la violación de las garantías otorgadas a los adolescentes, a la vez que denuncia la falta de “información completa, detallada y actualizada sobre lo que ocurre en los centros de detención de adolescentes por parte de las autoridades nacionales”. 

Además señalan que en los 14 sistemas penales que integran el Sipra tienen fallas, entre las que destaca la falta de rectoría, debido a que “la Lopna no deja claro qué ente organiza las políticas públicas en esa materia”.

A pesar de que el sistema fue diseñado “para regresar a la sociedad un adolescente responsable, con conciencia de lo que hizo y del proceso que vivió, para que se integre de manera activa y pacífica a la sociedad”, la acumulación de fallas en las distintas instancias del Sipra impiden que esa meta se cumpla.

Muchas garantías son violadas

El informe elaborado por ambas ONG detalla las violaciones a los derechos de los adolescentes privados de libertad en Venezuela. 

Moreno señala que “se identificaron patrones consistentes en infracciones a los derechos” de esos adolescentes. “40% de los hechos registrados por UVL tienen que ver con condiciones que ponen en riesgo la vida de los adolescentes por exigir derechos”, subrayó.

“Las garantías más afectadas fueron las de dignidad y la separación de adultos, con 23,9% respectivamente, ambas representan casi la mitad de las violaciones: 47,8%”. 

Sobre la separación de los adultos, ambas ONG alertan que eso atenta contra la reinserción del menor, al ubicarlo junto a una población potencialmente peligrosa, que no es ejemplo para nada. 

Además detectaron que en el período fueron vulneradas las garantías que amparan el derecho a ser oídos (17%), el debido proceso (10,2%), el derecho a la defensa (6,8%), a la información sobre su caso (6,8%), la presunción de inocencia (5,7%), el juicio educativo (4,5%) y la confidencialidad (1,1%).