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La banda de Carlos Conejo o cómo pasar de delincuentes a terroristas

La declaración de terroristas de una banda criminal deja muchas preguntas sin respuestas

  • CARLOS D' HOY

11/07/2021 06:00 am

La mañana del 31 de julio de 2019 el matrimonio integrado por el capitán de la Aviación Jackson Greyber Romero y la teniente del Ejército Ranmary Ramírez iba a cumplir con un sueño, comprarían un carro. Se trataba de un Toyota Corolla que consiguieron a un muy buen precio. El lugar en el que realizarían la transacción era la panadería El Pan Sobao, ubicada en el sector Bucaral de Tejerías, en el estado Aragua, a menos de 500 metros de la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Ese día la pareja fue asesinada para robarles los dólares de la compra del carro por los integrantes de la banda de Carlos Conejo, organización criminal que también estaría vinculada al incendio de una reconocida planta productora de galletas por no pagar la extorsión a la que eran sometidos.

Pero no sería sino hasta dos años más tarde cuando saltarían al top 10 de las organizaciones criminales venezolanas. El jueves primero de julio sus integrantes sostuvieron un violento enfrentamiento con organismos policiales y militares, de pronto saltaban de ser una banda delictiva a una organización terrorista.

El elusivo Conejo y el Tren de Aragua
De Carlos Enrique Gómez Rodríguez, alias “Carlos Conejo” se sabe que es un delincuente de trayectoria. Es quien controla una de las “franquicias” del Tren de Aragua a través de su propia organización criminal, que agrupa a unas 60 personas según fuentes policiales, aunque hay versiones que indican que podría tener hasta 200 integrantes.

Según una minuta policial filtrada a los medios, la organización de El Conejo está encabezada por Carlos Enrique Gómez Rodríguez alias “El Conejo”, acompañado por al menos 25 sujetos identificados bajo los alias de “Carranga”, “Yeison”, “El Virolo”, “El Menor”, “Cabeza de Ajo”, “Monito”, “Pantera”, “Marianito”, “Orejón”, “Erizo”, “El Jeferson”, “Luis Mantilla”, “Miguel”, “Paolino Colombia”, “Danielito”, “Frenyer”, “Wilkenson”, “El Ojitos”, “Edwart”, “Cara e Lampio”, “La Gorda”, “Yonkito”, “El Gabo”, “Yampier” y “Winder” entre otros.

La misma minuta señala que la organización está fuertemente armada, cuenta con las ya tradicionales pistolas, revólveres y escopetas, fusiles de asalto AR-15, AK47, AK103, FAL y subametralladoras, así como con granadas, y según esa misma comunicación policial contarían con “vehículos blindados”.



Fuentes policiales señalaron que las actividades a las que se dedica la banda de Carlos Conejo son: secuestro, extorsión, robo y piratería de carreteras. Son autores de al menos una veintena de asesinatos perpetrados durante esos delitos así como en la lucha contra bandas rivales.

La misma minuta señala que la banda estaría implicada en al menos 16 casos investigados por el Cicpc, tiene más de una decena de expedientes en tribunales de Aragua y sus integrantes están solicitados por los juzgados 20, 21 y 40 del Área Metropolitana de Caracas y por los tribunales 1, 2, 3 y 4 de terrorismo. Los delitos son variopintos, van desde lesiones hasta terrorismo.

Choros y políticos, una mezcla nueva
Si una cosa salta a la vista es que se trata de una banda delictiva dedicada básicamente a la extorsión y el robo, por lo que resulta curioso que según esa minuta filtrada el pasado viernes 2 de julio se indique que tienen expedientes abiertos por terrorismo.

Hay un dato que no escapa al ojo curioso y es que quienes elaboraron la minuta vinculan a “personalidades políticas locales, municipales y estadales por identificar y ubicar” con esta organización delictiva, esta extraña vinculación justificaría la calificación de “terroristas” al establecer una vinculación política en su accionar.

Este vínculo es una peligrosa "concha de mango" contra políticos incómodos, ya que cualquier dirigente residenciado o que visite esos sectores podría ser identificado como terrorista y tratado como tal.

Otro aspecto es que varía enormemente la forma como se combate una banda a cómo se combate una organización terrorista. La comunicación interna en cuestión deja abierta la opción de una “operación mixta con fuerzas especiales de las FANB y organismos policiales, despliegue por tierra de unidades, sobrevuelo con helicópteros y aviones”. En fin una operación militar completa.

El Al Qaeda aragüeño
El criminólogo Fermín Mármol García diferencia las megabandas de la guerrilla, paramilitares y colectivos. Por la ideología política, las bandas buscan fines económicos, lo que desvirtuaría la tesis del actuar político de estas estructuras.

La tesis del financiamiento de las organizaciones criminales por partidos de oposición ha ido permeando desde altas vocerías del gobierno a los organismos policiales y se ha filtrado hasta los medios de comunicación, creando un nuevo enemigo invisible.

A pesar de operar a menos de 500 metros del Cicpc de Tejerías a la banda de alias "El Conejo" le imputan delitos tales como “violación del principio de libre determinación de los pueblos y la soberanía nacional por incursión paramilitar”, y agrega la minuta que “la comunidad denuncia que están asociados a personalidades políticas para crear terror en la población”, resulta inexplicable como una banda criminal de pronto se convierte en una especie de Al Qaeda aragüeño, algo no cuadra en el discurso.

Ante esta situación es válido preguntarse ¿qué marca la diferencia en la forma como era concebida esa banda en 2016 y en 2021?, ¿si se trata de organizaciones criminales plenamente identificadas porqué no las combatieron antes?, ¿acaso la calificación de terrorista está relacionada con la incapacidad del estado para vencerla? ¿qué pinta la política en esta historia? hay muchas preguntas por hacer y por responder.

La historia de alias "Carlos Conejo", es la misma de El Coqui, El Cagón, Santanita, Wilexis, Eduardo Delicias, Carlos Capa y decenas de delincuentes que hacen de las suyas en todo el país por fallas en la seguridad ciudadana. Es momento de que el estado asuma las tareas de protección de la ciudadanía en los sectores que abandonó.

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