La separación de Venezuela del dispositivo geopolítico estadounidense condujo a que se escalara un enfrentamiento de gran intensidad, con medidas de bloqueo como vector de profundidad, llevadas a un extremo al incluir un punto tan sensible para un país petrolero, como las exportaciones de hidrocarburos, la fuente de divisas.
Estas sanciones no corresponden al ámbito de lo que se denomina injerencia extranjera en los asuntos internos de otro país, sino que son instrumentos utilizados por un Estado frente a otro, con el propósito de hacerlo adoptar políticas distintas a las que ha decidido.
El conflicto entre Washington y Caracas tiene sus propias razones, que no derivan de la confrontación interna entre factores políticos y sociales que se disputan el poder ni de la situación económica por la que se atraviesa desde hace algunos años. Las sanciones no obedecen a diferencias ideológicas ni resultan de desacuerdos en cuanto al funcionamiento del sistema político o a desencuentros sobre derechos humanos.
Intereses
Cierto, sobre estas materias hay cuestionamientos, pero no son ellas la causa de actos tan hostiles. La política internacional de todos los países, y en particular de las potencias, es determinada por los intereses de Estado. No está de más recordar la conocida máxima: los Estados no tienen amigos; los Estados solo tienen intereses.
Por supuesto, en sectores políticos y núcleos de la dirigencia estadounidense existen inquietudes ideológicas, y sin duda importa el sistema democrático y los derechos humanos. También están presentes motivaciones liberales, la libre empresa o el mercado.
Pero, nada de esto conduce a un enfrentamiento de la magnitud que tiene el conflicto actual. Y mucho menos en relación a Venezuela, que no se caracteriza por haber adoptado un sistema económico como el del llamado “socialismo real”, sino que se ha mantenido dentro del tradicional capitalismo rentista y sin una planificación centralizada. Tampoco se ha creado un modelo político institucional como el de esos procesos.
Economía
La transferencia de recursos hacia los sectores populares, que ha sido una de las características importantes de las políticas pública de los últimos veinte años, no puede explicar tampoco que se impongan sanciones, por más que haya quienes consideren que ellas lesionan el funcionamiento de la competencia y el mercado.
Se puede señalar que ha habido controles excesivos en la economía, como el control cambiario por largos períodos. A esto se la añaden las distorsiones que han provenido esencialmente de la mala gestión o la corrupción, pero no ha habido una estatización generalizada de medios de producción.
Sufragio
Se puede también señalar ventajismo electoral, uso extralimitado de las palancas del Estado en los procesos de votación. Señalamientos que se repiten, y con razón, en muchos países del continente. Incluso en Estados Unidos, un sector importante de la sociedad considera que ha habido abusos y manipulaciones en los comicios. Pero no tiene sentido decir que se ha desarrollado en Venezuela una institucionalidad como la de los países del “socialismo real”.
De manera que se puede argumentar que ha habido distorsiones y deformaciones en el funcionamiento de la economía y de la vida política, hechos que en una buena medida han sido atizados por las estrategias de derrocamiento que llevan dos décadas de constantes intentos.
Poenam
Sin embargo, nada de lo que ocurre en Venezuela en lo económico, social o político explica que al Estado venezolano se le bloquee la venta de petróleo o de oro, que no pueda utilizar el sistema bancario para hacer pagos o recibir ingresos en divisas por exportaciones, que se le retengan fondos tan necesarios en este momento para atender la pandemia del Covid-19, que se le haya ocupado policialmente su sede diplomática, se intente desde el exterior crear un poder paralelo o que se haya actuado en la búsqueda de un pronunciamiento militar.
Estas acciones solo se explican por interés geopolítico, ya que dentro de la doctrina que rige la política internacional y militar de Washington, Venezuela es una zona de pertenencia, que solo puede tener relaciones de forma limitada con potencias distintas, y que se encuentra bajo su paragua, tutela y protección. Su separación de ese dispositivo es, para Washington, equivalente a un casus belli, en esta oportunidad, un casus “poenais”: un motivo para sanciones.
Estas sanciones no corresponden al ámbito de lo que se denomina injerencia extranjera en los asuntos internos de otro país, sino que son instrumentos utilizados por un Estado frente a otro, con el propósito de hacerlo adoptar políticas distintas a las que ha decidido.
El conflicto entre Washington y Caracas tiene sus propias razones, que no derivan de la confrontación interna entre factores políticos y sociales que se disputan el poder ni de la situación económica por la que se atraviesa desde hace algunos años. Las sanciones no obedecen a diferencias ideológicas ni resultan de desacuerdos en cuanto al funcionamiento del sistema político o a desencuentros sobre derechos humanos.
Intereses
Cierto, sobre estas materias hay cuestionamientos, pero no son ellas la causa de actos tan hostiles. La política internacional de todos los países, y en particular de las potencias, es determinada por los intereses de Estado. No está de más recordar la conocida máxima: los Estados no tienen amigos; los Estados solo tienen intereses.
Por supuesto, en sectores políticos y núcleos de la dirigencia estadounidense existen inquietudes ideológicas, y sin duda importa el sistema democrático y los derechos humanos. También están presentes motivaciones liberales, la libre empresa o el mercado.
Pero, nada de esto conduce a un enfrentamiento de la magnitud que tiene el conflicto actual. Y mucho menos en relación a Venezuela, que no se caracteriza por haber adoptado un sistema económico como el del llamado “socialismo real”, sino que se ha mantenido dentro del tradicional capitalismo rentista y sin una planificación centralizada. Tampoco se ha creado un modelo político institucional como el de esos procesos.
Economía
La transferencia de recursos hacia los sectores populares, que ha sido una de las características importantes de las políticas pública de los últimos veinte años, no puede explicar tampoco que se impongan sanciones, por más que haya quienes consideren que ellas lesionan el funcionamiento de la competencia y el mercado.
Se puede señalar que ha habido controles excesivos en la economía, como el control cambiario por largos períodos. A esto se la añaden las distorsiones que han provenido esencialmente de la mala gestión o la corrupción, pero no ha habido una estatización generalizada de medios de producción.
Sufragio
Se puede también señalar ventajismo electoral, uso extralimitado de las palancas del Estado en los procesos de votación. Señalamientos que se repiten, y con razón, en muchos países del continente. Incluso en Estados Unidos, un sector importante de la sociedad considera que ha habido abusos y manipulaciones en los comicios. Pero no tiene sentido decir que se ha desarrollado en Venezuela una institucionalidad como la de los países del “socialismo real”.
De manera que se puede argumentar que ha habido distorsiones y deformaciones en el funcionamiento de la economía y de la vida política, hechos que en una buena medida han sido atizados por las estrategias de derrocamiento que llevan dos décadas de constantes intentos.
Poenam
Sin embargo, nada de lo que ocurre en Venezuela en lo económico, social o político explica que al Estado venezolano se le bloquee la venta de petróleo o de oro, que no pueda utilizar el sistema bancario para hacer pagos o recibir ingresos en divisas por exportaciones, que se le retengan fondos tan necesarios en este momento para atender la pandemia del Covid-19, que se le haya ocupado policialmente su sede diplomática, se intente desde el exterior crear un poder paralelo o que se haya actuado en la búsqueda de un pronunciamiento militar.
Estas acciones solo se explican por interés geopolítico, ya que dentro de la doctrina que rige la política internacional y militar de Washington, Venezuela es una zona de pertenencia, que solo puede tener relaciones de forma limitada con potencias distintas, y que se encuentra bajo su paragua, tutela y protección. Su separación de ese dispositivo es, para Washington, equivalente a un casus belli, en esta oportunidad, un casus “poenais”: un motivo para sanciones.
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