Caracas.- Este domingo se cumplen 78 días de la acción formal del grupo de expertos electorales y juristas que solicitaron del Tribunal Supremo de Justicia la anulación del actual proceso electoral, por consideraciones de diversos tipos. Sin embargo, hasta la fecha no han tenido una respuesta del alto tribunal de la República y, en consecuencia, el Consejo Nacional Electoral avanza apresurado hacia la celebración de las parlamentarias pautados para el venidero 6 de diciembre. Una de los protagonistas de esa acción, la doctora en derecho Eglée González- Lobato comenta sus impresiones en entrevista exclusiva para El Universal.

—¿Cuál estima que debe ser la actitud que debe adoptar el electorado ante la negativa del TSJ de dar respuesta a la solicitud del grupo del que forma parte?
—El Electorado al que haces referencia, casi un 70 %, está conformado por venezolanos que ven frustrada las esperanzas de cambio si el proceso electoral se celebra 6 de diciembre en las actuales condiciones políticas, técnicas electorales, en medio de la pandemia y según cronograma previsto.
Ningún sector del liderazgo político del país tiene la fuerza ni la convicción para convocar ese 70% del electorado que manifiesta un descontento general: por una parte, el oficialismo con Nicolás Maduro a la cabeza soporta la mayor carga debido al fracaso de las políticas económicas implementadas que ha llevado al país a niveles esquizofrénicos; por la otra “la oposición parlamentaria” liderada por Juan Guaido y que reagrupa a sectores de los partidos del llamado G-4 (AD, VP, PJ y UNT), quien soporta la carga que le significa el fracaso de la ruta trazada desde el año 2019 fundamentada en la exigencia de “cese a la usurpación” y que reedita con la consulta popular convocada entre el 05 y el 12 de diciembre; y por último, “la oposición deslinde” representada por los partidos AP, MAS, Cambiemos, Esperanza para el cambio, Soluciones, los judicializados como Copei, AD y VP y otros, que se han distanciado de la oposición institucional para participar en el proceso parlamentario convocado para el 06 de diciembre y que a pesar de propiciar la designación del CNE por omisión legislativa y luego la judicialización de los partidos del llamado G4 por el TSJ, que no han logrado captar las preferencias y motivar al electorado durante el lapso de campaña.
El Amparo conjunto con acción de inconstitucionalidad contra las Normas Especiales para las elecciones a la AN y las que rigen la elección de la representación indígena, que interpuse conjuntamente con otros ciudadanos como Andrés Caleca e Ildemaro Martinez, ante el TSJ en Sala Constitucional, tiene como propósito fundamental dejar constancia de la escandalosa violación de la Carta Magna y advierte la amenaza a la democracia al subvertir el orden constitucional para llegar al poder. Se trata de un instrumento jurídico con alto impacto político que puede hacer posible la suspensión del proceso electoral y propiciar las condiciones para avanzar hacia acuerdos entre las distintas y opuestas fuerzas políticas que conlleve a la participación de la mayoría política y social del país y la observación internacional de la Unión Europea o de la Organización de Naciones Unidas.
Ahora bien, en caso que no se declare la suspensión por parte del Supremo Tribunal hay que tener en cuenta que las elecciones son un proceso de sucesión de actos complejos y en ese caso cada elector deberá decidir según su convicción democrática si ejerce sus derechos a pesar de los vicios y del incumplimiento de las variables estándares democráticas internacionales o se abstiene como única expresión de rechazo ante la imposibilidad del voto en blanco; ambos casos están protegidos por la Constitución ya que el sufragio es un derecho.

—El principal argumento de algunos sectores de oposición contra la abstención el 6-D, se basa en el señalamiento de evitar la repetición de posiciones en ese sentido antes vividas en el país, según la cual el régimen sacó provecho al pasar a ejercer un control absoluto de los poderes. ¿Comparte usted ese temor?
—Tanto la abstención promovida por la oposición parlamentaria o institucional en el año 2017 como la elección convocada por el oficialismo en el año 2018 representan lo que llamaría “efecto espejo entre fuerzas polarizadas” ya que se trata de acciones promovidas unilateralmente por cada una de las fuerzas para debilitar a la otra. Tanto acción como omisión muestran el nivel creciente de reacción y rechazo entre ellas excluyendo a la parte de la sociedad que le es contraria. Lamentablemente esa imagen se reproducirá el 06 de diciembre con un saldo en negativo para ese 70 % que representa la mayoría del país.
La abstención es una muestra del debilitamiento de la fortaleza del capital social del país producida –entre otras razones- a causa del desmantelamiento de la democracia a través de procesos que la propia democracia prevé. Los procesos de naturaleza electoral que ha celebrado el gobierno de Maduro desde la Constituyente del 2017 desdicen lo que fueron los procesos automatizados hasta el 2015, incluso podríamos afirmar que logran desaparecer las bondades del sistema.

—La dirigencia del sector de la oposición representada en CNE, así como los partidos que participarán en la contienda, han validado la organización del proceso y en él se apoyan en parte para invitar a la población a votar el 6-D. ¿Qué opinión le merece esta postura?
—La designación del CNE por el TSJ por omisión legislativa ha representado una pérdida de una valiosa oportunidad para iniciar un proceso de reinstitucionalización del órgano a cargo de aprobar nada más y nada menos que las reglas del juego político. Su conformación, producto del pacto entre los partidos que participan en la contienda electoral del 6-D, es una muestra de la falta de disposición del Gobierno de Maduro de comprometerse en los diferentes esfuerzos que se hicieron para alcanzar una real negociación con facilitación internacional, donde la integración del CNE era una pieza fundamental para destrancar el juego político y reconducir al país hacia la convivencia y la gobernabilidad.
Ante la falta de equilibrios y contrapesos se aprobaron las normas para regir las parlamentarias y vale destacar que nunca antes un CNE se había atrevido a tanto. Era impensable que el voto universal directo y secreto de la población indígena se eliminara por vía de la administración electoral en escandalosa violación a la reserva constitucional y a los 74 años de su conquista. Nunca antes se pretendió suplir la voluntad del constituyentista de 1999, para modificar el sistema de partidos y el número de diputados. De tal modo que esta regresión constitucional no puede validarse por ningún partido político en nombre de su participación en el proceso. La realidad es que ante un nuevo diseño del sistema de partidos que favorece al único jugador con poder fáctico, el resultado previsible es que la mayoría de estos partidos logrará alguna representación en el parlamento, pero sin mayor incidencia en el ejercicio del poder político.

—¿Tiene usted alguna valoración personal sobre las distintas organizaciones que participan en el actual proceso electoral?
—Me gustaría recordarles a las distintas organizaciones que participan que las democracias ya no mueren en manos de militares, sino en decisiones de líderes políticos que subvierten el orden para llegar al poder. Los cambios debemos producirlos los venezolanos, pero sin exclusiones, donde participe la mayoría.