Ministerio Público sostiene que la Corte Penal Internacional realiza dos estudios sobre Venezuela
El fiscal general Tarek William Saab señaló que Venezuela consignará en los próximos días a la CPI más información y elementos que evidencien la actuación del Estado en cuanto al castigo y sanciones contra quienes atenten contra los DDHH
Caracas.- El fiscal general Tarek, William Saab, informó este lunes que la Corte Penal Internacional (CPI) realiza dos estudios preliminares sobre Venezuela que podrían convertirse en investigaciones oficiales.
Asimismo, señaló que Venezuela consignará en los próximos días a la Corte Penal Internacional (CPI) más información y elementos que evidencien la actuación del Estado en cuanto al castigo y sanciones contra quienes atenten contra los Derechos Humanos (DDHH).
Durante una rueda de prensa desde el Ministerio Público (MP) informó también que sostuvo una reunión el pasado 4 de noviembre con la fiscal de la CPI en La Haya, Fatou Bensouda, junto al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz.
En el encuentro se presentaron avances del sistema de justicia de Venezuela para sancionar violaciones a los Derechos Humanos “y señalamos el compromiso del Estado venezolano y sus instituciones para investigar, imputar, acusar y condenar a los responsables de dichas violaciones a los Derechos Humanos”.
El CPI actualmente hace dos estudios preliminares sobre Venezuela que podrían dar inicio a una investigación, que Saab explicó como: Venezuela I, sobre “presuntos delitos cometidos desde al menos abril de 2017, en el contexto de manifestaciones y disturbios políticos relacionados”.
“Y la denominada Venezuela II, relativa a presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos como consecuencia de la aplicación de medidas coercitivas ilícitas adoptadas unilateralmente por el gobierno de los EEUU contra Venezuela, al menos desde el año 2014”, continuó.
“La CPI no sustituye el sistema de justicia de Venezuela sino que lo complemente”, es decir, tiene competencias solo en crímenes de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión que no hayan sido investigados o no se haya podido investigar, cosa que Saab asegura que “no es el caso de Venezuela”.
Durante una rueda de prensa desde el Ministerio Público (MP) informó también que sostuvo una reunión el pasado 4 de noviembre con la fiscal de la CPI en La Haya, Fatou Bensouda, junto al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz.
En el encuentro se presentaron avances del sistema de justicia de Venezuela para sancionar violaciones a los Derechos Humanos “y señalamos el compromiso del Estado venezolano y sus instituciones para investigar, imputar, acusar y condenar a los responsables de dichas violaciones a los Derechos Humanos”.
El CPI actualmente hace dos estudios preliminares sobre Venezuela que podrían dar inicio a una investigación, que Saab explicó como: Venezuela I, sobre “presuntos delitos cometidos desde al menos abril de 2017, en el contexto de manifestaciones y disturbios políticos relacionados”.
“Y la denominada Venezuela II, relativa a presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos como consecuencia de la aplicación de medidas coercitivas ilícitas adoptadas unilateralmente por el gobierno de los EEUU contra Venezuela, al menos desde el año 2014”, continuó.
“La CPI no sustituye el sistema de justicia de Venezuela sino que lo complemente”, es decir, tiene competencias solo en crímenes de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión que no hayan sido investigados o no se haya podido investigar, cosa que Saab asegura que “no es el caso de Venezuela”.
Por su parte, el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, comentó que se expuso al CPI más información sobre las sanciones de Estados Unidos hacia el gobierno del presidente Nicolás Maduro y el caso del “gobierno de España, que aún no extradita al presunto responsable de la quema de Orlando Figuera ni tampoco lo ha juzgado en su territorio”.
También expuso aspectos que se revisaron en el encuentro con la CPI que incluyó la denuncia del impacto negativo de las más de 300 medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo venezolano.
“Terminamos con el compromiso de presentar cualquier denuncia que exista sobre violaciones contra los derechos humanos. Seguimos trabajando de la mano con todas las instituciones del Estado para seguir avanzando y tener mejor calidad de vida”, puntualizó.
Esta fue la primera reunión que se da entre un fiscal general de Venezuela con la fiscal de la CPI, en la cual se evidenciaron a través de documentaciones la actuación de la justicia venezolana en protección de los DDHH de la población.
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