Caracas.- Que se ponga término de una vez por todas a la deforestación y destrucción del Arco Minero y las agresiones contra las etnias indígenas que habitan en el lugar, por parte de los grupos armados que dominan en la zona, exigió la ONG FundaRedes, al Ministerio Público.

Con ese propósito, la coordinadora de la organización no gubernamental (ONG) en el estado Bolívar, Tibisay Tirado, introdujo este martes en la sede de la Fiscalía Superior de la entidad, una denuncia para exigir que se investiguen los maltratos y asesinatos contra el pueblo indígena, y la desmedida actuación de los grupos armados que ejercen el control y explotación del importante reservorio y ecosistema natural del sur del país.

Refiere la denunciante, que la irregular situación, mantiene a las etnias indígenas que habitan esos territorios, en un estado general de zozobra, desamparo y en una total vulnerabilidad de sus elementales derechos humanos, en especial, del derecho a la vida.

Dijo que lo peor de todo, es que las instituciones venezolanas que deberían tomar cartas y actuar ante tanta injustica, no hacen absolutamente nada para ponerle coto, al caos y desamparo que se genera en el lugar.

Detalló que los grupos conocidos como “sindicatos” que operan dentro del Arco Minero, conforman una estructura de poder para imponer su cultura de violencia, cuyas víctimas principales son las comunidades y pueblos indígenas de las zonas en las que ellos ejerce su área de influencia.

-Los pueblos indígenas son los más sufridos y siempre resultan como las principales víctimas de estas irregularidades, expresó Tirado.

Las denuncias de los Yekuana
Comentó que uno de los casos emblemáticos, conforme a las denuncias de la comunidad indígena Yekuana, es el de Cristian Flores y Franklin Sarmiento, quienes fueron asesinados el pasado mes mayo del presente año, con varios impactos de bala, sin que hasta ahora se tenga conocimiento de quienes fueron los autores de estos crímenes.

Dijo que ambos formaban parte de la Guardia Indígena del Alto Caura y fueron emboscados por un grupo armado irregular que arremetió contra todos los presentes en la zona minera ilegal la Bullita, ubicada en el sector Salto la Puerta, en la boca del Yuruaní con el Caura entre los municipios Cedeño y Sucre del estado Bolívar.

Recordó que estos dos casos no son los únicos, y que ya FundaRedes adelanta la documentación correspondiente, sobre la vulneración de los derechos humanos en estados fronterizos, específicamente en Bolívar, donde la violencia además se comete “al amparo del silencio, por el temor de los ciudadanos de denunciar pues temen por sus vidas”.

Subrayó que desde FundaRedes y su Observatorio de Derechos Humanos se solicitó al Ministerio Público, como es su deber, exigir que se ordene la investigación penal de la perpetuación de estos hechos punibles y de tantas tropelías que se cometen contra las etnias indígenas al sur del país.

Agregó que asimismo se exigió al Fiscal Superior del Ministerio Público en Bolívar, se ordene las investigaciones penales para determinar si efectivamente, los hechos descritos se corresponden con la existencia de situaciones en las cuales grupos armados irregulares de las llamadas guerrillas han tenido participación efectiva en el maltrato y desaparición de personas en la zona.
( equerales@eluniversal/Con información de Prensa FundaRede)