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Cuestionan carta de expropiación entregada a concesionarios de gasolineras

Un parlamentario y un ex vicepresidente de operadora de Pdvsa encargada del abastecimiento de combustibles rechazan el procedimiento empleado por el Gobierno

  • GILBERTO CARREÑO

29/06/2020 04:33 pm

Caracas.- La carta recibida por el grupo de concesionarios de estaciones de servicio que desde el viernes 26 de este mes comenzaron a recibir la notificación de Petróleos de Venezuela de entrega de los establecimiento dedicado al expendio de combustibles, en un plazo de 72 horas, tiene para el miembro de la Comisión de Apoyo de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, diputado Carlos Colina, un carácter “no apegado a la norma jurídica; mientras que para el ex vicepresidente de comercialización de combustibles de Deltaven, filial de Pdvsa, Ramon Castro Pimentel, la misiva “no es comercial ni amigable”.

“Desde esta coordinación vemos con mucha preocupación y denunciamos ante nuestro pueblo y el mundo, la intención desproporcionada del régimen en adelantar sin apegarse a la norma jurídica, un proceso expropiatorio de las estaciones de servicio de combustible, que sin duda alguna aumentará desmedidamente la crisis económica y social del país, denunciamos; que más allá de lo que significa una expropiación, es una confiscación que afecta a todo un pueblo. Es una acción descarada del régimen, pretender beneficiar a su círculo económico afecto a su política excluyente, atentando a los derechos colectivos del pueblo”, expresa en un comunicado de prensa enviada este lunes a los distintos medios.

Agrega que hoy los venezolanos “vemos indignados cómo se nos despoja de nuestra industria petrolera, cómo se nos humilla sin ningún tipo de reparo, sin escrúpulos, cómo se nos engaña en la forma que el régimen ha manejado el tema del suministro de gasolina en el país- Sabemos que el cuento de la importación de gasolina Iraní significó uno de los tantos negocios que ha hecho el régimen con nuestros minerales, que tal importación sirvió de excusa para dolarizar la poca gasolina que se refina en el país y con ello confiscar las estaciones de servicio y entregársela a su grupo económico comunista, a rusos, cubanos e iraníes”.

Señala más adelante que “más allá de esa aberración, vemos con mucha preocupación que hay un silencio generalizado de algunas clase política del país con este tema, a sabiendas que estás medidas empobrecerá aún más a nuestros trabajadores” y que la dolarización del precio del combustible “solo favorece al régimen y pone en desventaja el salario ya deteriorado de nuestros trabajadores y todo el pueblo venezolano”.

En ese sentido, formula una exhortación a la sociedad civil, así como a los distintos partidos políticos de éste país, a “ponerse del lado de los trabajadores y del lado correcto de la historia, empuñando nuestra bandera: todos, unidos y consolidados como un solo hombre, como una sola mujer, para que asuman la responsabilidad de proporcionar las herramientas para promulgar los cambios que el país reclama.” 

Y finaliza advirtiendo que “desde ya nos manifestamos en alerta y solicitamos rigurosamente que se convoque a nivel nacional, un gobierno de emergencia que levante las banderas de la libertad”.

Castro Pimentel: carta “no amigable”
En declaraciones para el Circuito Éxitos, de Unión Radio, el ex vicepresidente de Comercialización de Combustibles de Deltaven, filial de Pdvsa, Ramon Castro Pimentel, la carta entregada el viernes a los concesionarios de gasolineras, recibida con desagrado por ellos según declaraciones que han ofrecido a medios, “no es comercial no es amigable, hay gente que tiene allí muchos años” y que de una manera casi sorpresiva recibieron la comunicación a través de la cual se les notificaban que disponían de solo 72 horas a partir de ese momento para abandonar esos establecimientos.

“Hay manera de hacer las cosas, necesitamos que se genere un clima que contribuya a crear el ambiente necesario para las inversiones que necesitamos en el país El empresario necesita normas claras”. Señaló que la legislación contempla mecanismos que le permiten a los afectados acudir ante organismos competentes para revertir la medida, si se considerara posible. En relación con los efectos inmediatos de la medida para la población, indicó que tratándose de un servicio público, se verá afectada por su probable interrupción.

De igual manera explicó que funcionan en el país alrededor de 3.000 estaciones de servicios, y que el negocio en si no es rentable en relación con el expendio de gasolina, sino por los servicios adicionales que generalmente ofrecen. Esto a pesar de que debidamente manejados, podrían generar al Estado del 2% al 3% de del Producto Interno Bruto. “Pero hacen faltas reglas claras, y acciones como las que estamos viendo no contribuyen ni siquiera al entendimiento”.
gcarreno@eluniversal.com

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