Caracas.- La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió intervenir las directivas de los partidos políticos de la oposición venezolana, Acción Democrática y Primero Justicia, inmediatamente después de haber hecho la designación del Consejo Nacional Electoral (CNE) sin la participación de la Asamblea Nacional (AN).
Con base en el histórico de los partidos políticos, no es la primera vez que el Tribunal Supremo de Justicia ha decidido el destino de estos, siendo la mayoría organizaciones de oposición.
Desde el 2012 el TSJ ha intervenido para decidir el curso de 9 organizaciones políticas, incluyendo también la tarjeta electoral de la Mesa de la Unidad Democrática, profundizando así el terreno electoral en la oposición, ya que del total de partidos, al menos 8 habían expresado su apoyo a candidatos opositores en elecciones presidenciales. Ahora, con la anunciada preparación de los comicios parlamentarios, la jugada del oficialismo parece continuar la judicialización de los partidos, tal como lo ha denunciado la dirigencia política de estos.
Judicialización en los partidos
El partido Patria Para Todos (PPT) siempre mantuvo una relación intermitente con la tolda roja, pero en 2012 la Sala Constitucional dictó la intervención de la junta directiva de la organización política, para que diera el apoyo absoluto al presidente Hugo Chávez.
En octubre de 2011, la organización, decidió respaldar al candidato opositor Henrique Capriles Radonski, en las elecciones presidenciales. Internamente, esto provocó disputas, porque un porcentaje todavía pedía mantenerse dentro del Polo Patriótico y apoyar a Chávez.
En consecuencia la Sala Electoral del TSJ, emitió una sentencia, con ponencia de Jhannett Madriz, quien fue diputada al Parlamento Andino por el Movimiento Quinta República en 1998, en la cual declaró como nula y sin efecto jurídico las Asambleas de la organización con fines políticos Patria Para Todos (PPT) celebradas el 27 de septiembre de 2011 y 15 de octubre de 2011, donde fueron elegidas las nuevas autoridades del partido.
En la sentencia se designa a Rafael Uzcátegui como secretario nacional de la organización y exhortó a la elección de nuevos miembros en la directiva. Esto provocó una división y así surgen el partido Movimiento Progresista de Venezuela, liderado por Calzadilla y el partido Avanzada Progresista, encabezado por Henri Falcón. Ambos apoyaron a Capriles en la campaña.
De igual manera, pasado un día de la intervención a PPT, la Sala Constitucional decidió lo mismo pero con el partido político Podemos. En la sentencia con ponencia de Juan José Mendoza, se acordó el nombramiento de una junta ad hoc, integrada por Didalco Bolívar y Baudilio Reinoso.
Asimismo, se ordenó al CNE inhibirse de aceptar “cualquier postulación que derive de los acuerdos realizados por la organización con fines políticos Podemos, posteriores a los actos de asamblea que este fallo ordena suspender”.
Ismael García, secretario general del partido en ese momento, había apoyado a Chávez, pero desde 2007 marcó un distanciamiento del proyecto político, y en el 2012 manifestó su apoyo a Henrique Capriles Radonski en las elecciones presidenciales.
Didalco Bolívar se dirigió al TSJ, para declarar de que el partido no había consultado ni discutido esta decisión.
“Asimismo, destacó que no reposaba en el seno de la dirección de partidos políticos del Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano coordinador en materia electoral, ningún acta de asamblea, ni documentos, escrito, ni manifestación de voluntad alguna que indique el respaldo a la candidatura del ciudadano Henrique Capriles Radonski”, se lee en la sentencia.
Cuando el TSJ designa a Bolívar como presidente del partido, apoya nuevamente a Hugo Chávez en los comicios y se unen al Polo Patriótico.
Reanudación de intervenciones
El Tribunal Supremo de Justicia retomó la intervención de directivas de partidos políticos, por las elecciones legislativas previstas para diciembre de 2015. El 16 de julio la Sala Electoral, con ponencia de Indira Alfonzo, actual presidenta del CNE, acordó intervenir el partido Movimiento Electoral del Pueblo (MEP).
El TSJ anuló la actual directiva y nombró una junta provisional, presidida por Gilberto Jesús Jiménez Prieto.
Por su parte, Wilmer Nolasco, quien hasta ese momento fue secretario general del MEP, afirmó que ninguno de los miembros designados por el TSJ eran militantes del partido y eso lo podría comprobar el Consejo Nacional Electoral (CNE) al “revisar las listas de inscritos en el partido que le fue entregada”.
También aseguró que la decisión del TSJ fue inducida por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), como una forma de evitar que la organización postulara candidatos. “Esas fueron órdenes del PSUV. Ellos podrán tener la tarjeta pero no tendrían el espíritu ni el alma de nuestra militancia” denunció Nolasco.
El próximo de los partidos en haber sido intervenido fue Bandera Roja, con la sentencia de la Sala Constitucional, con ponencia de Arcadio Delgado Rosales, se le otorgó la tarjeta del partido a Pedro Veliz Acuña, en condición de presidente.
Veliz Acuña además tendría la potestad de seleccionar y postular candidatos de esa organización para las elecciones que fije el CNE, quedando inhabilitado Gabriel Puerta, quien fue fundador y secretario general del partido.
Desde el inicio el partido se opuso a Chávez y en junio de 1998, rechazaron el discurso del presidente.
En 2006 apoyó la candidatura de Manuel Rosales a las presidenciales, luego a Henrique Capriles en 2012 y formaba parte de la Mesa de la Unidad Democrática.
Copei, MIN Unidad y MUD
Ese año, la Sala Constitucional, con ponencia de Carmen Zuleta de Merchán, decidió nombrar una junta ad hoc para el partido Copei. El TSJ suspendió a la actual Mesa Directiva Nacional, y por tanto, la Dirección Política Nacional.
La junta ad hoc designada, estuvo conformada por Pedro Urrieta como presidente; Silvia Vásquez como primera vicepresidenta; Orlando Medina como segundo vicepresidente; Miguel Salazar como secretario general e Ibis Alemán como subsecretaria general.
El alto Tribunal también ordenó al CNE abstenerse de aceptar postulaciones que no sean acordadas por la junta ad hoc. Los miembros que solicitaron esta intervención, indicaron que Roberto Henríquez, quien era el presidente del partido, “puso sus intereses personales por encima de los del Partido, comprometiendo a nuestra organización en eventos y determinaciones políticas no debatidas por nosotros y asignando candidaturas inconsultas con una mayoría precaria de la DPN”.
En este sentido, el exsecretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, anunció la expulsión de Copei de la Unidad. Agregó que en Venezuela no solo se “roban votos” si no también partidos políticos.
Torrealba manifestó su solidaridad con los dirigentes de Copei, sin embargo, afirmó que no pueden aceptar una directiva ad hoc nombrada por el TSJ y la administración de Maduro.
El Movimiento de Integridad Nacional (MIN Unidad) fue el siguiente en la lista de intervenciones. La Sala Constitucional con ponencia de Gladys Gutiérrez decidió destituir a la directiva del partido, presidida por Manuel Pérez Soto.
También nombró una junta ad hoc conformada por Luz María Álvarez, Presidenta; Ramón Eduardo Odreman, Coordinador de la Dirección Nacional de Política Estrategia y del accionante como Coordinador de la Dirección Nacional de Planificación.
La decisión surgió luego de la solicitud hecha por Alix Ramón Medina, militante del partido, por “la presunta violación de los derechos a la defensa, al debido proceso, de petición, a la asociación con fines políticos y a ser candidatos a cargos de elección popular”.
MIN Unidad también fue expulsado de la Mesa de la Unidad Democrática, luego de esta sentencia.
“El MIN-Unidad queda automáticamente fuera de la Unidad Democrática, en virtud de la resolución que –previendo situaciones como estas– aprobó por unanimidad el plenario de la Mesa da la Unidad el pasado 4 de agosto. No permitiremos que el régimen infiltre sus fichas dentro del campo democrático, usando para ello pretextos leguleyos”, explicó el exsecretario ejecutivo de la MUD, “Chúo” Torrealba.
En las elecciones parlamentarias de 2005, la oposición decidió utilizar la tarjeta del partido para crear “las morochas” y ahí es cuando se le agrega la palabra Unidad. Sin embargo al final los candidatos decidieron retirarse de la elección.
Luego de eso siguió participando en las elecciones apoyando a la oposición, entre ellos a Henrique Capriles, donde obtuvo 110.839 votos. Actualmente el partido está inhabilitado para participar en procesos electorales.
Por su parte, la Mesa de la Unidad Democrática fue la asociación de partidos opositores, creada formalmente en 2008, con el fin de enfrentar electoralmente al oficialismo. En diciembre de 2015 fue la tarjeta más votada y con la que se obtuvo la mayoría calificada en la Asamblea Nacional.
Posteriormente fue inhabilitada en 2018 por parte del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia de la Sala Constitucional con ponencia de Juan José Mendoza. Esta decisión además fue tomada un día antes de iniciar el proceso de validación de partidos políticos, convocado por el CNE.
El argumento del TSJ fue que la MUD es una coalición de partidos políticos, que estaban convocados para el mismo proceso, “lo cual contraría abiertamente la prohibición de la doble militancia; todo de conformidad con lo establecido en el dispositivo número 4 de la sentencia n° 1 del 5 de enero de 2016 y en el artículo 32 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones”.
Voluntad Popular en advertencia
En enero de este año, el diputado José Gregorio Noriega asistió al TSJ para objetar su expulsión del partido Voluntad Popular, luego de ser vinculado con una presunta trama de corrupción.
“Hemos solicitado que se restituyan nuestras garantías constitucionales en el caso de la expulsión de nosotros del partido VP. Nosotros estamos reclamando porque no se cumplió con el debido proceso ni con el derecho a la defensa. En ningún momento se nos llamó para que diéramos nuestros argumentos a la defensa y se nos violó la presunción de inocencia”, expresó el parlamentario”, expresó el diputado, quien también demandó una “falta de democracia” en el partido.
Pero el destino para la tolda naranja puede ser otro, porque el fiscal Tarek William Saab pidió al TSJ determinar si Voluntad Popular es una organización “terrorista”.
Saab afirmó que el partido ha estado vinculado a acciones y “organizaciones terroristas”. La petición la hizo a la Sala Constitucional, aunque esta declinó de responder y lo dejó en manos de la Sala de Casación Penal.
De igual manera, el diputado Chaim Bucarán, acudió el miércoles, 17 de junio, a la sede del TSJ para solicitar la intervención del partido Un Nuevo Tiempo (UNT). En transmisión por VTV, Bucarán señaló que solicitó ser nombrado presidente de la organización; Adolfo Superlano como secretario general y el diputado Kerrins Mavarez como secretario de organización.
“Con esos tres cargos, nosotros empezaríamos a armar la estructura de la organización nacional y después iríamos a cada una de las regiones a armar la estructura. Este partido está constituido por gente de carne y hueso, no está solamente en el papel, es gente que quiere participar en elecciones”, señaló.
Con información de RunRunes
Con base en el histórico de los partidos políticos, no es la primera vez que el Tribunal Supremo de Justicia ha decidido el destino de estos, siendo la mayoría organizaciones de oposición.
Desde el 2012 el TSJ ha intervenido para decidir el curso de 9 organizaciones políticas, incluyendo también la tarjeta electoral de la Mesa de la Unidad Democrática, profundizando así el terreno electoral en la oposición, ya que del total de partidos, al menos 8 habían expresado su apoyo a candidatos opositores en elecciones presidenciales. Ahora, con la anunciada preparación de los comicios parlamentarios, la jugada del oficialismo parece continuar la judicialización de los partidos, tal como lo ha denunciado la dirigencia política de estos.
Judicialización en los partidos
El partido Patria Para Todos (PPT) siempre mantuvo una relación intermitente con la tolda roja, pero en 2012 la Sala Constitucional dictó la intervención de la junta directiva de la organización política, para que diera el apoyo absoluto al presidente Hugo Chávez.
En octubre de 2011, la organización, decidió respaldar al candidato opositor Henrique Capriles Radonski, en las elecciones presidenciales. Internamente, esto provocó disputas, porque un porcentaje todavía pedía mantenerse dentro del Polo Patriótico y apoyar a Chávez.
En consecuencia la Sala Electoral del TSJ, emitió una sentencia, con ponencia de Jhannett Madriz, quien fue diputada al Parlamento Andino por el Movimiento Quinta República en 1998, en la cual declaró como nula y sin efecto jurídico las Asambleas de la organización con fines políticos Patria Para Todos (PPT) celebradas el 27 de septiembre de 2011 y 15 de octubre de 2011, donde fueron elegidas las nuevas autoridades del partido.
En la sentencia se designa a Rafael Uzcátegui como secretario nacional de la organización y exhortó a la elección de nuevos miembros en la directiva. Esto provocó una división y así surgen el partido Movimiento Progresista de Venezuela, liderado por Calzadilla y el partido Avanzada Progresista, encabezado por Henri Falcón. Ambos apoyaron a Capriles en la campaña.
De igual manera, pasado un día de la intervención a PPT, la Sala Constitucional decidió lo mismo pero con el partido político Podemos. En la sentencia con ponencia de Juan José Mendoza, se acordó el nombramiento de una junta ad hoc, integrada por Didalco Bolívar y Baudilio Reinoso.
Asimismo, se ordenó al CNE inhibirse de aceptar “cualquier postulación que derive de los acuerdos realizados por la organización con fines políticos Podemos, posteriores a los actos de asamblea que este fallo ordena suspender”.
Ismael García, secretario general del partido en ese momento, había apoyado a Chávez, pero desde 2007 marcó un distanciamiento del proyecto político, y en el 2012 manifestó su apoyo a Henrique Capriles Radonski en las elecciones presidenciales.
Didalco Bolívar se dirigió al TSJ, para declarar de que el partido no había consultado ni discutido esta decisión.
“Asimismo, destacó que no reposaba en el seno de la dirección de partidos políticos del Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano coordinador en materia electoral, ningún acta de asamblea, ni documentos, escrito, ni manifestación de voluntad alguna que indique el respaldo a la candidatura del ciudadano Henrique Capriles Radonski”, se lee en la sentencia.
Cuando el TSJ designa a Bolívar como presidente del partido, apoya nuevamente a Hugo Chávez en los comicios y se unen al Polo Patriótico.
Reanudación de intervenciones
El Tribunal Supremo de Justicia retomó la intervención de directivas de partidos políticos, por las elecciones legislativas previstas para diciembre de 2015. El 16 de julio la Sala Electoral, con ponencia de Indira Alfonzo, actual presidenta del CNE, acordó intervenir el partido Movimiento Electoral del Pueblo (MEP).
El TSJ anuló la actual directiva y nombró una junta provisional, presidida por Gilberto Jesús Jiménez Prieto.
Por su parte, Wilmer Nolasco, quien hasta ese momento fue secretario general del MEP, afirmó que ninguno de los miembros designados por el TSJ eran militantes del partido y eso lo podría comprobar el Consejo Nacional Electoral (CNE) al “revisar las listas de inscritos en el partido que le fue entregada”.
También aseguró que la decisión del TSJ fue inducida por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), como una forma de evitar que la organización postulara candidatos. “Esas fueron órdenes del PSUV. Ellos podrán tener la tarjeta pero no tendrían el espíritu ni el alma de nuestra militancia” denunció Nolasco.
El próximo de los partidos en haber sido intervenido fue Bandera Roja, con la sentencia de la Sala Constitucional, con ponencia de Arcadio Delgado Rosales, se le otorgó la tarjeta del partido a Pedro Veliz Acuña, en condición de presidente.
Veliz Acuña además tendría la potestad de seleccionar y postular candidatos de esa organización para las elecciones que fije el CNE, quedando inhabilitado Gabriel Puerta, quien fue fundador y secretario general del partido.
Desde el inicio el partido se opuso a Chávez y en junio de 1998, rechazaron el discurso del presidente.
En 2006 apoyó la candidatura de Manuel Rosales a las presidenciales, luego a Henrique Capriles en 2012 y formaba parte de la Mesa de la Unidad Democrática.
Copei, MIN Unidad y MUD
Ese año, la Sala Constitucional, con ponencia de Carmen Zuleta de Merchán, decidió nombrar una junta ad hoc para el partido Copei. El TSJ suspendió a la actual Mesa Directiva Nacional, y por tanto, la Dirección Política Nacional.
La junta ad hoc designada, estuvo conformada por Pedro Urrieta como presidente; Silvia Vásquez como primera vicepresidenta; Orlando Medina como segundo vicepresidente; Miguel Salazar como secretario general e Ibis Alemán como subsecretaria general.
El alto Tribunal también ordenó al CNE abstenerse de aceptar postulaciones que no sean acordadas por la junta ad hoc. Los miembros que solicitaron esta intervención, indicaron que Roberto Henríquez, quien era el presidente del partido, “puso sus intereses personales por encima de los del Partido, comprometiendo a nuestra organización en eventos y determinaciones políticas no debatidas por nosotros y asignando candidaturas inconsultas con una mayoría precaria de la DPN”.
En este sentido, el exsecretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, anunció la expulsión de Copei de la Unidad. Agregó que en Venezuela no solo se “roban votos” si no también partidos políticos.
Torrealba manifestó su solidaridad con los dirigentes de Copei, sin embargo, afirmó que no pueden aceptar una directiva ad hoc nombrada por el TSJ y la administración de Maduro.
El Movimiento de Integridad Nacional (MIN Unidad) fue el siguiente en la lista de intervenciones. La Sala Constitucional con ponencia de Gladys Gutiérrez decidió destituir a la directiva del partido, presidida por Manuel Pérez Soto.
También nombró una junta ad hoc conformada por Luz María Álvarez, Presidenta; Ramón Eduardo Odreman, Coordinador de la Dirección Nacional de Política Estrategia y del accionante como Coordinador de la Dirección Nacional de Planificación.
La decisión surgió luego de la solicitud hecha por Alix Ramón Medina, militante del partido, por “la presunta violación de los derechos a la defensa, al debido proceso, de petición, a la asociación con fines políticos y a ser candidatos a cargos de elección popular”.
MIN Unidad también fue expulsado de la Mesa de la Unidad Democrática, luego de esta sentencia.
“El MIN-Unidad queda automáticamente fuera de la Unidad Democrática, en virtud de la resolución que –previendo situaciones como estas– aprobó por unanimidad el plenario de la Mesa da la Unidad el pasado 4 de agosto. No permitiremos que el régimen infiltre sus fichas dentro del campo democrático, usando para ello pretextos leguleyos”, explicó el exsecretario ejecutivo de la MUD, “Chúo” Torrealba.
En las elecciones parlamentarias de 2005, la oposición decidió utilizar la tarjeta del partido para crear “las morochas” y ahí es cuando se le agrega la palabra Unidad. Sin embargo al final los candidatos decidieron retirarse de la elección.
Luego de eso siguió participando en las elecciones apoyando a la oposición, entre ellos a Henrique Capriles, donde obtuvo 110.839 votos. Actualmente el partido está inhabilitado para participar en procesos electorales.
Por su parte, la Mesa de la Unidad Democrática fue la asociación de partidos opositores, creada formalmente en 2008, con el fin de enfrentar electoralmente al oficialismo. En diciembre de 2015 fue la tarjeta más votada y con la que se obtuvo la mayoría calificada en la Asamblea Nacional.
Posteriormente fue inhabilitada en 2018 por parte del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia de la Sala Constitucional con ponencia de Juan José Mendoza. Esta decisión además fue tomada un día antes de iniciar el proceso de validación de partidos políticos, convocado por el CNE.
El argumento del TSJ fue que la MUD es una coalición de partidos políticos, que estaban convocados para el mismo proceso, “lo cual contraría abiertamente la prohibición de la doble militancia; todo de conformidad con lo establecido en el dispositivo número 4 de la sentencia n° 1 del 5 de enero de 2016 y en el artículo 32 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones”.
Voluntad Popular en advertencia
En enero de este año, el diputado José Gregorio Noriega asistió al TSJ para objetar su expulsión del partido Voluntad Popular, luego de ser vinculado con una presunta trama de corrupción.
“Hemos solicitado que se restituyan nuestras garantías constitucionales en el caso de la expulsión de nosotros del partido VP. Nosotros estamos reclamando porque no se cumplió con el debido proceso ni con el derecho a la defensa. En ningún momento se nos llamó para que diéramos nuestros argumentos a la defensa y se nos violó la presunción de inocencia”, expresó el parlamentario”, expresó el diputado, quien también demandó una “falta de democracia” en el partido.
Pero el destino para la tolda naranja puede ser otro, porque el fiscal Tarek William Saab pidió al TSJ determinar si Voluntad Popular es una organización “terrorista”.
Saab afirmó que el partido ha estado vinculado a acciones y “organizaciones terroristas”. La petición la hizo a la Sala Constitucional, aunque esta declinó de responder y lo dejó en manos de la Sala de Casación Penal.
De igual manera, el diputado Chaim Bucarán, acudió el miércoles, 17 de junio, a la sede del TSJ para solicitar la intervención del partido Un Nuevo Tiempo (UNT). En transmisión por VTV, Bucarán señaló que solicitó ser nombrado presidente de la organización; Adolfo Superlano como secretario general y el diputado Kerrins Mavarez como secretario de organización.
“Con esos tres cargos, nosotros empezaríamos a armar la estructura de la organización nacional y después iríamos a cada una de las regiones a armar la estructura. Este partido está constituido por gente de carne y hueso, no está solamente en el papel, es gente que quiere participar en elecciones”, señaló.
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