La extensión de la cuarentena por COVID-19, decretada por el Ejecutivo Nacional atiende más a fines políticos que a protocolos sanitarios, afectando la productividad y el empleo, según el diputado Rafael Veloz.

El parlamentario participó en el foro “Análisis sobre la suspensión de la Justicia en Pandemia”.

Destacó que el confinamiento mantiene paralizado a todo el país, particularmente al sistema de justicia. “Organizaciones no Gubernamentales, sociedad civil, gremios y asociaciones sindicales han denunciado cómo esta situación ha afectado a los abogados y trabajadores que no cuentan con subsidio alguno, lo que coloca a muchos al borde de la pobreza por no poder ejercer”.

A juicio de Veloz, con la cuarentena hay dos elementos que se deben tener en cuenta, el primero de ellos es que el ciudadano no tiene la atención requerida para los recursos propios de la justicia, es decir que si una persona, por una emergencia de salud, quiere vender un bien no puede hacerlo porque no hay ninguna notaría que preste servicio. “El otro elemento es que esto ha generado una movilización social para exigir la flexibilización de los servicios con las previsiones de resguardo que establece la Organización Mundial de la Salud”.

El parlamentario sostiene que la paralización de la justicia por la pandemia del COVID-19 mantiene empobrecidos a distintos gremios del área judicial. “La última semana abogados del estado Sucre protestaron para solicitar que se levanten estas medidas que afectan al gremio y su calidad de vida, pues su sueldo es de 4 dólares mensuales”.

En el marco del foro, el parlamentario denunció que en el primer trimestre de este año se registraron 158 ejecuciones extrajudiciales en manos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), según lo revelan los informes de las ONG y distintos sectores de la sociedad civil lo que pone en evidencia los abusos del régimen en materia de seguridad y justicia.