Caracas.-La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI), expuso este martes en un documento cuatro actuaciones que deberían emprender los gobiernos de América y cuatro de las que deberían abstenerse, a fin de garantizar que sus operativos para combatir el coronavirus estén acorde con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
En cuanto a lo que deben evitar los Estados están: la discriminación, dejar atrás a los grupos de alto riesgo, usar la represión o la fuerza excesiva para hacer cumplir las medidas de salud pública, censurar o limitar el acceso a información basada en evidencias y en la prevención.
Además, sostiene que los Estados deben garantizar los derechos laborales y la seguridad social; el acceso a agua limpia y suficiente, saneamiento y atención de salud para toda la población; una respuesta a la pandemia con perspectiva de género; y proteger el derecho de las personas a la privacidad.
“En lugar de exacerbar esta crisis, los gobiernos de las Américas deben poner los derechos humanos en la primera línea de todas las medidas que adopten, garantizar que no se deja atrás a nadie y ser cuidadosos para proteger a los grupos que más riesgo corren, como las personas refugiadas, las desplazadas, las que viven en campamentos y las que viven en la pobreza; las mujeres, las personas que trabajan en el sector informal con protecciones limitadas, las que están privadas de libertad y todas las que corren el riesgo de sufrir complicaciones graves debido a la exposición al virus”.
Amnistía Internacional ya ha observado que, en su respuesta al coronavirus, hay gobiernos que dejan a un lado los derechos humanos y cita el leguaje discriminatorio del presidente Donald Trump, el cierre “en gran medida las fronteras de Estados Unidos con México y Canadá, indicando su intención de volver la espalda a las personas refugiadas y solicitantes de asilo que necesitan protección internacional. Del mismo modo, el gobierno de Justin Trudeau ha dado la espalda a las personas solicitantes de asilo que intentan entrar en Canadá por la frontera con Estados Unidos”.
También afirman que “en Venezuela, las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro han detenido arbitrariamente al menos a dos trabajadores de salud pública por denunciar la falta de recursos para gestionar los efectos de la pandemia”.
Mientras tanto, en Honduras, la administración de Juan Orlando Hernández ha revocado toda una serie de derechos constitucionales, incluidos los relativos a la libertad de expresión y al debido proceso, en aplicación del estado de excepción declarado el 16 de marzo.
En cuanto a lo que deben evitar los Estados están: la discriminación, dejar atrás a los grupos de alto riesgo, usar la represión o la fuerza excesiva para hacer cumplir las medidas de salud pública, censurar o limitar el acceso a información basada en evidencias y en la prevención.
Además, sostiene que los Estados deben garantizar los derechos laborales y la seguridad social; el acceso a agua limpia y suficiente, saneamiento y atención de salud para toda la población; una respuesta a la pandemia con perspectiva de género; y proteger el derecho de las personas a la privacidad.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional expuso: “La propagación del covid-19 en las Américas representa un desafío grave e inédito para una región ya devastada por la violencia, la corrupción, la destrucción medioambiental y la desigualdad económica generalizadas; una región en la que millones de personas siguen huyendo de sus hogares en busca de seguridad. Los gobiernos serán recordados siempre por la forma en que respondan a esta situación. La historia no juzgará con benevolencia a quienes utilicen la pandemia como pretexto para la discriminación, la represión o la censura”, declaró.
“En lugar de exacerbar esta crisis, los gobiernos de las Américas deben poner los derechos humanos en la primera línea de todas las medidas que adopten, garantizar que no se deja atrás a nadie y ser cuidadosos para proteger a los grupos que más riesgo corren, como las personas refugiadas, las desplazadas, las que viven en campamentos y las que viven en la pobreza; las mujeres, las personas que trabajan en el sector informal con protecciones limitadas, las que están privadas de libertad y todas las que corren el riesgo de sufrir complicaciones graves debido a la exposición al virus”.
Amnistía Internacional ya ha observado que, en su respuesta al coronavirus, hay gobiernos que dejan a un lado los derechos humanos y cita el leguaje discriminatorio del presidente Donald Trump, el cierre “en gran medida las fronteras de Estados Unidos con México y Canadá, indicando su intención de volver la espalda a las personas refugiadas y solicitantes de asilo que necesitan protección internacional. Del mismo modo, el gobierno de Justin Trudeau ha dado la espalda a las personas solicitantes de asilo que intentan entrar en Canadá por la frontera con Estados Unidos”.
También afirman que “en Venezuela, las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro han detenido arbitrariamente al menos a dos trabajadores de salud pública por denunciar la falta de recursos para gestionar los efectos de la pandemia”.
Mientras tanto, en Honduras, la administración de Juan Orlando Hernández ha revocado toda una serie de derechos constitucionales, incluidos los relativos a la libertad de expresión y al debido proceso, en aplicación del estado de excepción declarado el 16 de marzo.
Siguenos en
Telegram,
Instagram,
Facebook y
Twitter
para recibir en directo todas nuestras actualizaciones