Congresistas de partidos de oposición de Colombia solicitaron al nuevo fiscal general neogranadino, Francisco Barbosa, por medio de una misiva, que designe una comisión para que tome declaraciones en Venezuela a la exsenadora colombiana Aída Merlano, a fin de profundizar sobre los casos de corrupción de los cuales ella dice tener pruebas y que estarían relacionados con las redes de compra de votos en la Costa Caribe.
Según la nota que publicó ayer AVN, los parlamentarios hicieron tal petición al funcionario, para que designe una comisión de fiscales que venga a Venezuela a tomarle declaración a la excongresista en relación con los hechos que dice conocer.
Mientras, el Gobierno de Iván Duque adelanta las diligencias necesarias para la repatriación de Merlano.
En la petición se asegura que Francisco Barbosa, en sus primeras declaraciones después de ser designado como fiscal general, anunció una lucha frontal contra la corrupción, razón por la cual consideran que este caso de Aída Merlano debe ser prioritario.
La exsenadora fue capturada el pasado 28 de enero en el estado Zulia; se encontraba prófuga de la justicia colombiana tras evadirla en octubre de 2019 cuando asistía a una cita médica. En 2018 fue condenada a 15 años de prisión por corrupción, luego de haber participado en la práctica de compra de votos.
Según la nota que publicó ayer AVN, los parlamentarios hicieron tal petición al funcionario, para que designe una comisión de fiscales que venga a Venezuela a tomarle declaración a la excongresista en relación con los hechos que dice conocer.
Mientras, el Gobierno de Iván Duque adelanta las diligencias necesarias para la repatriación de Merlano.
En la petición se asegura que Francisco Barbosa, en sus primeras declaraciones después de ser designado como fiscal general, anunció una lucha frontal contra la corrupción, razón por la cual consideran que este caso de Aída Merlano debe ser prioritario.
La exsenadora fue capturada el pasado 28 de enero en el estado Zulia; se encontraba prófuga de la justicia colombiana tras evadirla en octubre de 2019 cuando asistía a una cita médica. En 2018 fue condenada a 15 años de prisión por corrupción, luego de haber participado en la práctica de compra de votos.
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