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TSJ confirmó sentencia que ordena nuevas elecciones en distintas casas de estudios

Además el organismo declaró en nulidad de ejercicio a los rectores de nueve casas de estudio.

  • GRECIA MONASTERIO YÁNEZ

30/11/2019 05:30 am

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia confirmó el 27 de noviembre la sentencia 0324, emitida por el Poder Judicial, en esta se imponen los criterios para las elecciones en las distintas casas de estudio. 
 
En consecuencia, de la orden impuesta el pasado 27 de agosto, señala la renovación de las autoridades rectorales en la Universidad Central de Venezuela (UCV) dentro de un plazo de seis meses.

La declaración del TSJ, afirmó la medida de que las autoridades tanto como los estudiantes de las diferentes universidades afectadas denuncian como una acción ilegal y vulnerabilidad de la autonomía universitaria. 

Además el organismo declaró en nulidad de ejercicio a los rectores de nueve casas de estudio. Entre ellos, Cecilia García Arocha de la Universidad Central de Venezuela, Mario Bonucci Rossini de la Universidad de los Andes, Jessy Divo de Romero de la Universidad de Carabobo, Luis Ugalde Olalde, entonces rector de la Universidad Católica Andrés Bello, entre otros.

La sentencia, a cargo de la magistrada Carmen Zuleta de Merchán, revalida cada una de las partes de la sentencia 324 y que incluye la suspensión de los artículos 31, 32 y 65 de la Ley de Universidades. Según esta decisión, las universidades deben realizar elecciones antes del 27 de febrero.
Los artículos 31 y 32 de la Ley establecen los procedimientos y el quórum requerido para la elección de los cargos de rector, vicerrectores y secretario; mientras que el artículo 65 refiere el sistema para la elección de decanos que “serán elegidos por la Asamblea de la respectiva Facultad y declararán tres años en sus funciones”.

Este último artículo fue suspendido a pesar de que en varias facultades de la UCV hay nuevos decanos que fueron electos recientemente.

Además, la sentencia ordena “la igualdad de condiciones para elegir las autoridades universitarias”, según el artículo 34, apartado 3, de la Ley Orgánica de Educación (LOE), el polémico procedimiento conocido como 1×1 que desde 2009 (fecha de la promulgación de la LOE) se ha convertido en una piedra de tranca para la renovación de autoridades, y que generó un limbo jurídico desde 2011, cuando la Sala Electoral y luego la Constitucional del TSJ admitieron recursos que se contradecían y ante el conflicto de competencia se impidieron nuevas elecciones en todas las universidades autónomas que tienen en promedio siete años de retraso para la renovación de los cargos de rectoría y decanatos.

Este artículo de la Ley de Educación implanta que las elecciones universitarias deben llevarse a cabo de manera igualitaria para profesores, estudiantes, empleados y obreros, pero la Ley de Universidades estipula que los reglamentos serán diseñados y normados con autonomía por cada consejo universitario.

Cecilia García Arocha, rectora de la UCV y una de las que debe regirse bajo las normativas de estas elecciones, también declaró que cualquier cambio que se produzca debe ser interno, “no puede ser impuesto (…) una sentencia en vacaciones para decidir cuándo se harán las elecciones y si no se hace como ellos dicen nosotros estamos destituidos”.

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