Caracas.- Venezuela rechazó por medio de un comunicado la decisión de un juez de Delaware, Estados Unidos, que de forma arbitraria pretende poner en venta la empresa Citgo Petroleum, perteneciente a PDV Holding de Petróleos de Venezuela (PDVSA).
En el documento de este miércoles dado a conocer por la Comisión Alí Rodríguez Araque, apuntan que el dictamen es una “temeraria decisión”, viciada de arbitrariedad y velada de parcialidad por el juez, con la empresa Crystallex International Corp. (Crystallex), que responde al poder hegemónico e imperial de los Estados Unidos de América.
Denuncia, además, que esta se constituye como una medida violatoria del derecho internacional y una nueva escalada de maniobras ilegales con la complicidad de los usurpadores (exdiputado) Juan Guaidó y el prófugo de la justicia, Juan Ignacio Hernández.
A continuación el texto íntegro:
La República Bolivariana de Venezuela denuncia ante el país y ante la comunidad internacional, la ilegal orden dictada por el juez del Distrito de Delaware de los Estados Unidos de América, Leonard Stark, que establece un conjunto de procedimientos para una pretendida venta judicial de las acciones de la empresa estatal venezolana Citgo Petroleum, perteneciente a PDV Holding, empresa propiedad de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).
El Estado venezolano rechaza categóricamente esta temeraria decisión, viciada de arbitrariedad y velada de parcialidad por el juez que la dicta, quien, alineado con la empresa Crystallex International Corp. (Crystallex), forma parte del entramado internacional, que responde al poder hegemónico e imperial de los Estados Unidos de América, profundizando así su guerra multiforme y su pretensión de expolio descarado e indiscriminado de los activos del pueblo venezolano.
Esta írrita decisión, violatoria del derecho internacional, constituye una nueva escalada de maniobras ilegales, en complicidad con los usurpadores Juan Guaidó y José Ignacio Hernández, quienes actuando en contubernio con las autoridades norteamericanas y mediante fraudes procesales, en los que se le impide a la nación la presencia de sus representantes legítimos, pretenden justificar el saqueo y el despojo de los activos a la nación venezolana para ser entregados a potencias extranjeras.
La República Bolivariana de Venezuela alerta a la comunidad internacional sobre la ejecución de acciones de esta naturaleza, pues, sientan un peligroso precedente que podría representar el inicio de un período oscuro, relacionado al vulnerable esquema de inversión extranjera en territorio estadounidense, en el que se desconoce el derecho de un Estado soberano sobre sus activos e intereses patrimoniales, todo ello, en perjuicio de los intereses de los países y sectores inversionistas internacionales.
Venezuela no renunciará jamás a la legítima defensa de sus derechos y se reserva las acciones pertinentes ante las instancias y mecanismos internacionales que la asisten, con el firme compromiso de rescatar y preservar el patrimonio de la República, cuyo único propietario es el pueblo venezolano.
En el documento de este miércoles dado a conocer por la Comisión Alí Rodríguez Araque, apuntan que el dictamen es una “temeraria decisión”, viciada de arbitrariedad y velada de parcialidad por el juez, con la empresa Crystallex International Corp. (Crystallex), que responde al poder hegemónico e imperial de los Estados Unidos de América.
Denuncia, además, que esta se constituye como una medida violatoria del derecho internacional y una nueva escalada de maniobras ilegales con la complicidad de los usurpadores (exdiputado) Juan Guaidó y el prófugo de la justicia, Juan Ignacio Hernández.
A continuación el texto íntegro:
La República Bolivariana de Venezuela denuncia ante el país y ante la comunidad internacional, la ilegal orden dictada por el juez del Distrito de Delaware de los Estados Unidos de América, Leonard Stark, que establece un conjunto de procedimientos para una pretendida venta judicial de las acciones de la empresa estatal venezolana Citgo Petroleum, perteneciente a PDV Holding, empresa propiedad de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).
El Estado venezolano rechaza categóricamente esta temeraria decisión, viciada de arbitrariedad y velada de parcialidad por el juez que la dicta, quien, alineado con la empresa Crystallex International Corp. (Crystallex), forma parte del entramado internacional, que responde al poder hegemónico e imperial de los Estados Unidos de América, profundizando así su guerra multiforme y su pretensión de expolio descarado e indiscriminado de los activos del pueblo venezolano.
Esta írrita decisión, violatoria del derecho internacional, constituye una nueva escalada de maniobras ilegales, en complicidad con los usurpadores Juan Guaidó y José Ignacio Hernández, quienes actuando en contubernio con las autoridades norteamericanas y mediante fraudes procesales, en los que se le impide a la nación la presencia de sus representantes legítimos, pretenden justificar el saqueo y el despojo de los activos a la nación venezolana para ser entregados a potencias extranjeras.
La República Bolivariana de Venezuela alerta a la comunidad internacional sobre la ejecución de acciones de esta naturaleza, pues, sientan un peligroso precedente que podría representar el inicio de un período oscuro, relacionado al vulnerable esquema de inversión extranjera en territorio estadounidense, en el que se desconoce el derecho de un Estado soberano sobre sus activos e intereses patrimoniales, todo ello, en perjuicio de los intereses de los países y sectores inversionistas internacionales.
Venezuela no renunciará jamás a la legítima defensa de sus derechos y se reserva las acciones pertinentes ante las instancias y mecanismos internacionales que la asisten, con el firme compromiso de rescatar y preservar el patrimonio de la República, cuyo único propietario es el pueblo venezolano.
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