Caracas.- La Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes un acuerdo en respaldo al informe presentado por expertos independientes de la OEA sobre la presunta violación de derechos humanos (DDHH) en Venezuela por funcionarios del Gobierno nacional.
Como parte del tercer punto del orden del día, los parlamentarios debatieron, además, sobre la petición que le hizo la OEA a la Corte Penal Internacional (CPI) para que esta realice la apertura de una investigación por "crímenes de lesa humanidad" cometidos en el país petrolero.
“El informe de la Corte Penal Internacional sobre la violación de los DDHH en Venezuela será avalado por todos los países”, expresó el diputado Williams Dávila durante su intervención.
Igualmente, recordó que en el 2016 se inició la causa sobre la "violación" de los DDHH en el país y en junio de ese mismo año se realizó el proceso de activación de la Carta Democrática Interamericana, mientras que en octubre de 2017 se desarrollaron las audiencias en la OEA.
En el mismo tema, se “pidió que la directiva (de la AN) solicite a los Estados signatarios (que apoyan el informe de la OEA) la misma posición frente a la sistemática violación de los DDHH en Venezuela”, de acuerdo con declaraciones del diputado Armando Armas.
Por su parte, el parlamentario José Mazuco también pidió la creación de una comisión especial que se aboque a la atención física y mental de los denominados presos políticos que fueron excarcelados y solicitó que se exija la liberación del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López; el general degradado Raúl Isaías Baduel, además de otros opositores detenidos.
Asimismo, la legisladora Delsa Solórzano indicó que "no se pueden olvidar del resto de los presos políticos” y a su vez informó que la Comisión de Política Interior suministró información para la redacción del informe de la OEA con datos sobre 131 asesinatos cometidos, a su juicio, por el Estado venezolano entre 2014 y 2017.
Previamente, el pleno del Parlamento debatió sobre la situación de los "presos políticos" en el país. Los diputados Gilber Caro y Renzo Prieto, de Voluntad Popular y recientemente excarcelados, fueron juramentados y recibieron sus credenciales para reincorporarse a sus labores en el Poder Legislativo.
“Como preso político fui trasladado, en 17 meses, a cuatro cárceles diferentes. Todos evidenciaron mi secuestro. Pasé un año solitario, en una celda en la que me prohibieron de todo”, expresó Caro durante su intervención en el hemiciclo de sesiones.
Culminó su discurso afirmando que “no hay nada comparado a ser un preso político. Pido por la libertad de Leopoldo López, Lorent Saleh y otros. Es necesario liberar tanto al opresor como al oprimido”.
Por su parte, el asambleísta Tomás Guanipa añadió que “nunca jamás debieron estar presos, porque son inocentes, porque no han cometido ningún delito”. Dijo que su lucha debe ser por la “libertad plena para todos los presos políticos” y expresó que “todos sabemos cuáles son las intenciones de (presidente de la República) Nicolás Maduro. No tienes moral para decir que perdonas a alguien. Con esta lucha vamos a rescatar al país”.
Como último orador, Ramos Allup, aseveró que "el bien mayor es la libertad" e indicó que “no nos importan los motivos del Gobierno, lo importante es que sigan liberando presos. Que sean los excarcelados los que opinen por su propia experiencia y no hay que criticarlos, más bien respaldarlos”.
Insistió en que “esta lucha tiene que persistir por cauces más largos, por cauces más seguros”
y al igual que todos los diputados, reafirmó: “Tenemos que seguir luchando por la liberación de todos los presos políticos”.
Como primer punto del orden del día, el Parlamento creó una comisión especial de seguimiento a la Declaración de Cúcuta por iniciativa de la diputada Dennis Fernández.
En el hemiciclo de sesiones hicieron acto de presencia los denominados presos políticos Daniel Ceballos, Raúl Emilio Baduel, Alexander Tirado, Tony Raal, Gabriel Valles, Staicy Escalona y José Vicente García, a quienes el Gobierno les otorgó beneficios procesales.
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