Por Rebeca E. Madriz Franco, dirección General de la Fundación Género con Clase.
La igualdad real y efectiva es un ideal que no depende solo de la voluntad (individual o colectiva) sino que requiere de condiciones históricas y materiales concretas.
2020 se perfilaba como el inicio de la década de acción que uniría a gobiernos, países y pueblos por lograr los objetivos de desarrollo sostenible atravesados por aspectos sociales, económicos y medioambientales que hicieran posible un mundo más justo y equilibrado.
Sin embargo, la Pandemia global con la que iniciamos esta década nos ubica en un lamentable retroceso histórico en los indicadores de desarrollo, que acentúan las brechas de desigualdad en la región, considerado ya antes del Covid-19, la más desigual del mundo.
En este contexto, también crece la brecha entre el futuro que la humanidad necesita construir, y el camino que estamos transitando para lograrlo, especialmente cuando las prácticas hegemónicas de dominación imperan frente a los países, los pueblos y las personas más vulnerables.
Venezuela, como país del sur global, no escapa a las lógicas coloniales e imperiales que pretenden imponer un futuro que insiste en la servidumbre de los pueblos pobres. Es así, como en el actual contexto de cerco, bloqueo, y medidas coercitivas de carácter unilateral impuestas por potencias extranjeras, podemos afirmar que se cercena el derecho humano al desarrollo de la población venezolana, someiéndola a formas de precariedad, vejación y explotación, que hacen inviable el ideal de igualdad en todos los ámbitos.
Tal como ha señalado la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “el derecho humano al desarrollo implica la plena realización del derecho de los pueblos a la determinación libre, que incluye, con sujeción también a las disposiciones pertinentes de ambos Pactos internacionales de derechos humanos , el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales”.
Las prácticas generalizadas que imponen condiciones atroces a las sociedades son reconocidas internacionalmente como delitos contra la humanidad, por lo que el multilateralismo y la cooperación internacional son las principales medidas que necesita la humanidad para lograr un desarrollo sostenible para la igualdad entre países, pueblos, personas, mujeres y hombres.
En los 75 años de la ONU conseguimos un mundo a punto del colapso que requiere de un multilateralismo efectivo, capaz de garantizar que se erradiquen las prácticas coloniales, de agresión y dominación que amenazan la estabilidad y la paz de los pueblos, y “contribuya a establecer circunstancias propicias para el desarrollo de gran parte de la humanidad”.
Mientras tanto, las crisis la pagan los pobres, y dentro de ellos, de forma más precaria, las mujeres y las niñas. Por lo tanto, el desarrollo sin igualdad no es sostenible; y ante esta realidad, se hace necesario que la comunidad internacional priorice el derecho al desarrollo y a la paz, como ruta central de un nuevo pacto universal que logre cerrar las brechas de desigualdad que se han acentuado en todos los ámbitos, y construir un futuro estable y justo, para que, en el 2045, efectivamente hayamos cumplido el compromiso global de no dejar a nadie atrás.
La igualdad real y efectiva es un ideal que no depende solo de la voluntad (individual o colectiva) sino que requiere de condiciones históricas y materiales concretas.
2020 se perfilaba como el inicio de la década de acción que uniría a gobiernos, países y pueblos por lograr los objetivos de desarrollo sostenible atravesados por aspectos sociales, económicos y medioambientales que hicieran posible un mundo más justo y equilibrado.
Sin embargo, la Pandemia global con la que iniciamos esta década nos ubica en un lamentable retroceso histórico en los indicadores de desarrollo, que acentúan las brechas de desigualdad en la región, considerado ya antes del Covid-19, la más desigual del mundo.
En este contexto, también crece la brecha entre el futuro que la humanidad necesita construir, y el camino que estamos transitando para lograrlo, especialmente cuando las prácticas hegemónicas de dominación imperan frente a los países, los pueblos y las personas más vulnerables.
Venezuela, como país del sur global, no escapa a las lógicas coloniales e imperiales que pretenden imponer un futuro que insiste en la servidumbre de los pueblos pobres. Es así, como en el actual contexto de cerco, bloqueo, y medidas coercitivas de carácter unilateral impuestas por potencias extranjeras, podemos afirmar que se cercena el derecho humano al desarrollo de la población venezolana, someiéndola a formas de precariedad, vejación y explotación, que hacen inviable el ideal de igualdad en todos los ámbitos.
Tal como ha señalado la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “el derecho humano al desarrollo implica la plena realización del derecho de los pueblos a la determinación libre, que incluye, con sujeción también a las disposiciones pertinentes de ambos Pactos internacionales de derechos humanos , el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales”.
Las prácticas generalizadas que imponen condiciones atroces a las sociedades son reconocidas internacionalmente como delitos contra la humanidad, por lo que el multilateralismo y la cooperación internacional son las principales medidas que necesita la humanidad para lograr un desarrollo sostenible para la igualdad entre países, pueblos, personas, mujeres y hombres.
En los 75 años de la ONU conseguimos un mundo a punto del colapso que requiere de un multilateralismo efectivo, capaz de garantizar que se erradiquen las prácticas coloniales, de agresión y dominación que amenazan la estabilidad y la paz de los pueblos, y “contribuya a establecer circunstancias propicias para el desarrollo de gran parte de la humanidad”.
Mientras tanto, las crisis la pagan los pobres, y dentro de ellos, de forma más precaria, las mujeres y las niñas. Por lo tanto, el desarrollo sin igualdad no es sostenible; y ante esta realidad, se hace necesario que la comunidad internacional priorice el derecho al desarrollo y a la paz, como ruta central de un nuevo pacto universal que logre cerrar las brechas de desigualdad que se han acentuado en todos los ámbitos, y construir un futuro estable y justo, para que, en el 2045, efectivamente hayamos cumplido el compromiso global de no dejar a nadie atrás.
- Rebeca Madriz Franco, abogada, egresada de la Universidad de Carabobo. Activista Feminista y Defensora de Derechos Humanos. Directora General de la Fundación Género con Clase desde 2008 hasta la actualidad. Especialista en Políticas Públicas y Justicia de Género (CLACSO). Doctorante en Estudios de la Organización de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR). Fue Viceministra de Protección de los Derechos de la Mujer (2017). Viceministra de Igualdad de Género y no Discriminación (2015). Viceministra de Participación y Formación para la Igualdad de Género (2013).
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