Caracas.- El alarmante incremento de muertes de prisioneros en las cárceles de El Salvador, que ha alcanzado la cifra de 427, ocurre en un contexto de estado de excepción que ha facilitado detenciones masivas, enfocándose principalmente en supuestos miembros de grupos pandilleros.

A pesar de que muchos reclusos no tienen vínculos con organizaciones criminales, la cifra de fallecimientos en los centros penitenciarios ha continuado en aumento desde marzo de 2022.

Este alarmante fenómeno fue reportado por la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH), la cual también abordó las lagunas legales que rodean estas detenciones, subrayando que se trata de individuos procesados sin una condena formal.


La pregunta que surge es si existen alternativas para contrarrestar la detención y deportación arbitrarias, pero el panorama actual no ofrece soluciones que beneficien a los afectados. En primer lugar, el 94 porciento de las personas fallecidas «no presentaban perfil de pandilleros´´, lo que plantea serias preocupaciones sobre el uso excesivo de la fuerza.

Además, se advirtió que el número de muertes bajo custodia del Estado «podría superar los 1,000´´, pero se está ocultando información por parte del Gobierno.

El segundo aspecto a considerar es que, bajo un régimen de excepción implementado cautelosamente para disponer de mano de obra barata y señalar arbitrariamente a quienes el gobierno determine, se suspenden las garantías constitucionales. Hasta la fecha, se han recibido alrededor de 6.400 denuncias de violaciones a los derechos humanos en este contexto, según informes de ONG de todo el mundo.

Con información de TeleSur