Este miércoles, miembros y expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, expresaron su preocupación por las deportaciones ilegales desde Estados Unidos a El Salvador.
“La Ley de los enemigos de los extranjeros de 1798 parece haber sido mal aplicada para negar el debido proceso, la revisión independiente y el acceso a los tribunales, en contravención del derecho internacional de los derechos humanos. La falta de debido proceso resultó en decisiones arbitrarias de deportación contra muchas personas que al parecer no estaban involucradas con pandillas”, mencionaron mediante una declaración conjunta.
Asimismo, resaltan que el derecho internacional prohíbe deportar a una persona a un lugar en el que exista un riesgo considerable de privación arbitraria de la vida, tortura y/o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, desaparición forzada, detención arbitraria, juicio injusto u otro daño irreparable.
En este contexto, los expertos expresaron su profunda preocupación por las cárceles de El Salvador, donde se han reportado muertes, torturas y malos tratos, violencia entre presos y desapariciones forzadas.
Las condiciones carcelarias son presuntamente inhumanas, contrarias a las normas internacionales, con detenidos en jaulas hacinadas, encasilladas, sin necesidades desnudas como colchones, y con una atención médica inadecuada.
También expresaron su preocupación por el hecho de que los EE.UU. hubieran designado abusivamente a las pandillas como organizaciones terroristas, para justificar la invocación de la Ley de Enemigos. La delincuencia organizada es un problema distinto que debería abordarse con marcos jurídicos más adecuados. Falsamente, estigmatizante, ya que los terroristas, ponen en peligro aún más sus derechos.
“Estamos alarmados por los ataques políticos a la independencia del poder judicial estadounidense y el papel profesional de los abogados en la representación de sus clientes en estos casos”.
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