Caracas.- Este miércoles en Argentina una tradicional marcha de jubilados que tenía como objetivos expresar el descontento por las políticas del Gobierno de Javier Milei, terminó en enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad frente al Congreso de la República y la Avenida de Mayo.
La Policía de la Ciudad de Buenos Aires junto con la Policía Federal detuvieron al menos 31 personas por “episodios de vandalismo” que incluyen el incendio de un patrullero de la ciudad, daños a la propiedad pública y ataques con piedras a los uniformados, informó el Clarín.
Los enfrentamientos iniciaron a las 4:30 de la tarde cuando los manifestantes comenzaron a obstaculizar la calle e incendiar algunos contenedores de basura. Los mismos se desplegaron por la Avenida Rivadavia y el otro por el Callao.
Debido a los incidentes, la policía decidió utilizar los camiones hidrantes, gas pimienta y balas de goma para dispersar las zonas cercanas a las instalaciones del Congreso.
El Ministerio de Seguridad de la Nación anunció la incautación de dos armas de fuego de tipo “tumbera”, dos cartuchos de escopeta calibre 12 y un arma blanca (cuchillo de tipo carnicero) entre los protestantes.
Por las protestas, la administración de Milei desplegó un operativo de seguridad en la Casa Rosada cuando los manifestantes se apersonaron a la residencia presidencial.
Pronunciamiento del Gobierno de Argentina sobre la marcha de los jubilados
“Se recuerda que cualquier persona que incurran en acciones que afecten la seguridad participando en actos que generen desmanes o disturbios con violencia hacia las personas o los bienes, o que realicen cualquier acción contraria a la Ley, será identificada y detenida. Asimismo, se le aplicará la Restricción de Concurrencia Administrativa a todo evento deportivo, lo que implicará la prohibición de ingreso a los estadios de fútbol en cualquier lugar del país”, detalló.
En este sentido, puntualizó que el Gobierno no tolerará ningún acto de violencia en eventos de cualquier índole y que los involucrados serán procesados e imputados, lo que les podría acarrear condenas de 3 meses a 2 años de prisión.
La Policía de la Ciudad de Buenos Aires junto con la Policía Federal detuvieron al menos 31 personas por “episodios de vandalismo” que incluyen el incendio de un patrullero de la ciudad, daños a la propiedad pública y ataques con piedras a los uniformados, informó el Clarín.
Los enfrentamientos iniciaron a las 4:30 de la tarde cuando los manifestantes comenzaron a obstaculizar la calle e incendiar algunos contenedores de basura. Los mismos se desplegaron por la Avenida Rivadavia y el otro por el Callao.
Debido a los incidentes, la policía decidió utilizar los camiones hidrantes, gas pimienta y balas de goma para dispersar las zonas cercanas a las instalaciones del Congreso.
El Ministerio de Seguridad de la Nación anunció la incautación de dos armas de fuego de tipo “tumbera”, dos cartuchos de escopeta calibre 12 y un arma blanca (cuchillo de tipo carnicero) entre los protestantes.
Por las protestas, la administración de Milei desplegó un operativo de seguridad en la Casa Rosada cuando los manifestantes se apersonaron a la residencia presidencial.
Pronunciamiento del Gobierno de Argentina sobre la marcha de los jubilados
Este martes, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, había anunciado la implementación de medidas estrictas de seguridad para garantizar el orden y la seguridad pública durante la marcha del sector.
“Se recuerda que cualquier persona que incurran en acciones que afecten la seguridad participando en actos que generen desmanes o disturbios con violencia hacia las personas o los bienes, o que realicen cualquier acción contraria a la Ley, será identificada y detenida. Asimismo, se le aplicará la Restricción de Concurrencia Administrativa a todo evento deportivo, lo que implicará la prohibición de ingreso a los estadios de fútbol en cualquier lugar del país”, detalló.
En este sentido, puntualizó que el Gobierno no tolerará ningún acto de violencia en eventos de cualquier índole y que los involucrados serán procesados e imputados, lo que les podría acarrear condenas de 3 meses a 2 años de prisión.
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