La noticia la comunicó el Ministerio Público a través de un comunicado de prensa en el que aseguró que el ministro de Relaciones Exteriores deberá defenderse en juicio por dos faltas disciplinarias que calificó a título de dolo.

El primer cargo tiene que ver con el hecho de que la Cancillería declaró desierta la licitación para encontrar quién se haría cargo de la fabricación de pasaportes que, durante años, ha manejado la compañía Thomas Greg & Son. Para la Procuraduría, el canciller Leyva no habría tenido los “fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal”, explicó el Ministerio Público.

Y el segundo está relacionado con la decisión que tomó la Cancillería de decretar la urgencia manifiesta, luego de que esa misma entidad declarar desierta la licitación. El problema, para la Procuraduría, es que Leyva, al parecer, no tenía los argumentos para haber declarado esa urgencia, pues en el proceso de licitación sí había una empresa que cumplía con los requisitos exigidos por el Estado para quedarse con el contrato. Thomas Greg & Sons.

La Procuraduría tomó la decisión de suspender al canciller Leyva “en aras de evitar la posible reiteración de las faltas disciplinarias que se le atribuyen, teniendo en cuenta su rol como ordenador del gasto de la Cancillería y que funge como nuevo director del nuevo proceso contractual que se adelante para la gestión de pasaportes”.

En esta decisión de la Procuraduría, además, el Ministerio Público archivó la investigación que por estos mismos hechos se adelantaba contra el secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar Ramírez.

El origen de la sanción contra Álvaro Leyva
Desde septiembre de 2023, el ministro de Relaciones Exteriores y el secretario general del Ministerio, José Antonio Salazar Ramírez, están bajo la lupa de la Procuraduría por las presuntas irregularidades que llevaron a que la Cancillería declarara desierto el proceso de licitación de pasaportes.

Se trata de un contrato de $600 mil millones para suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana.

La licitación fue declarada desierta el pasado 13 de septiembre por el propio ministro de Relaciones Exteriores, en medio de los reparos que se habían presentado porque el único oferente era Thomas Greg & Sons, empresa que se ha ganado el contrato los últimos 16 años.

En ese contexto, la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría señaló que la decisión de los funcionarios de declarar desierto el proceso de licitación público para la expedición del documento, al parecer, habría vulnerado varios de los pilares de la contratación estatal, con lo que pudieron incurrir en falta disciplinaria. Además de que ambos funcionarios pudieron vulnerar los principios de transparencia, economía y responsabilidad.

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Con la apertura de investigación, el ente de control solicitó la práctica de pruebas, con las que buscara establecer si efectivamente se cometió una falta disciplinaria y si ambos funcionarios actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

Desde que se abrió la licitación, el proceso ha sido atropellado. El pasado 5 de septiembre, la Cancillería suspendió la audiencia original, según dijo el ministro Álvaro Leyva, para “garantizar la objetividad”. Antes de eso, la audiencia ya había tenido aplazamientos e incluso un mes entero de suspensión. El mismo presidente Gustavo Pedro habría solicitado condiciones para una participación más plural en el proceso.

Es de recordar también que cerca de siete días después de que fuera declarada desierta esa licitación, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que se abrió un nuevo proceso licitatorio. “El Fondo Rotatorio del ministerio se propone contratar directamente y de inmediato el suministro, la formalización, la custodia y la distribución de libretas de pasaportes y etiquetas de visas a precios fijos unitarios sin fórmula de reajuste”, se lee en el comunicado que dio a conocer la Cancillería.