Jonnathan Marín Sanguino fue acusado el 21 de abril de 2022 por la Fiscalía de los Estados Unidos de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Sin embargo, se declaró culpable y colaboró con la justicia de ese país para lograr una sentencia menos severa.

El exalcalde de Guanta tuvo un papel estelar en la entrega irregular de contratos de PDVSA. Entre 2015 y 2017 recibió pagos de sobornos por un monto total de USD 3. 800.000, de acuerdo a la acusación de la Fiscalía de EEUU. Dinero que le entregó al contratista venezolano, Carlos Enrique Urbano Fermín.

El dinero se transfirió a cuentas controladas por familiares de Jhonnathan Marín Sanguino y por él mismo, en el sur de Florida. Recursos que usó para adquirir bienes de lujo como propiedades y hasta jets privados.

El exalcalde de Guanta es acusado por un único cargo de conspiración para cometer lavado de instrumentos monetarios y fue sentenciado a 27 meses de prisión. Mientras que Carlos Enrique Urbano Fermín recibió una pena leve de 5 años de libertad condicional.

Marín, en abril de ese año, se entregó discretamente en Miami bajo el único cargo de asociación para cometer un delito contra Estados Unidos, que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión. Quedó en libertad el mismo día al pagar una fianza de 100.000 dólares, según actas de la corte.

De acuerdo con un comunicado que acompaña el acuerdo, Marín confesó que aceptó un soborno de 3,8 millones de dólares de un socio no nombrado para ejercer su influencia sobre funcionarios de empresas conjuntas de Pdvsa con Chevron y empresas europeas, rusas y chinas.

No hay indicios en la demanda de que cualquiera de los socios extranjeros de Pdvsa participara o siquiera estuviera al tanto de los sobornos. Pero entre 2015 y 2017, Marín indicó al jefe de compras de Petrocedeno —una empresa conjunta de la estatal venezolana con la francesa Total y la noruega Equinor— que otorgara contratos por valor de decenas de millones de dólares a empresas de su socio no identificado.

Marín, de 43 años, adhirió desde el principio al Movimiento Quinta República de Chávez. En 2008 lo eligieron alcalde de Guanta, en la entrada a la cuenca petrolera del Orinoco, donde se encuentran los yacimientos petroleros más grandes del mundo y la mitad de la producción venezolana actual. Lo representa Michael Nadler, un exfiscal federal en Miami.

El periodista estadounidense de Associated Press (AP), Joshua Goodman, había informado el pasado 27 de octubre de 2022 a través de su cuenta Twitter sobre la reducción de la condena de prisión.

Goodman destacó que la reducción sorpresiva de la condena a Jhonnatan Marín sobre quien pesaba una pena máxima de 5 años, ahora resulta que por conspirar en contra del gobierno de Nicolás Maduro tiene un premio en la reducción de la misma.

"El abogado de Marín dice que el exalcalde "dedicó dinero, tiempo y conexiones cercanas" para ayudar a la oposición respaldada por Estados Unidos a reemplazar a Maduro", enfatiza el trino de Goodman.

"A lo largo de su vida, Jhonnathan experimentó el complejo sistema social y político de Venezuela. Jhonnathan lamenta profundamente que su conducta jugara un papel en esa corrupción. Sin embargo, Jhonnathan también vio la oportunidad de utilizar sus sólidas conexiones políticas para el bien y decidió de manera proactiva abordar este problema de larga data incluso antes de que supiera que Estados Unidos lo estaba investigando", expone la defensa.

Incluso se detalla que Marín mantuvo relaciones para iniciar una conversación con Leopoldo López (Coordinador Nacional del partido Voluntad Popular), Carlos Vecchio (dirigente de Voluntad Popular) y Julio Borges (expresidente ante la Asamblea Nacional y fundador del partido Primero Justicia).

Jhonnathan Marín está vinculado a la trama de corrupción entre 2015 y 2017 en Petrocedeño (una empresa conjunta de Pdvsa con la francesa Total y la noruega Equinor) junto al prófugo de la justicia Rafael Ramírez.

Jhonathan Marín fue alcalde del municipio Guanta, en el estado Anzoátegui. En su segundo mandato, renunció luego de ausentarse durante un mes por supuestos motivos familiares.

NEW: Ex Venezuela mayor Jhonnatan Marin sentenced today to 27 months in prison after a sharp reduction for what prosecutors called "substantial assistance."

Marin's attorney says Marin "devoted money, time and close connections" to help the US-backed opposition replace Maduro. pic.twitter.com/TNzEPBUVY5

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) October 26, 2022

Luis Aquiles Rojas Velásquez de 46 años de edad y Edgar Guzmán Granadino de 49, fueron detenidos por la Policía Nacional Bolivariana en el estado Nueva Esparta el pasado 3 de febrero de 2023.

El procedimiento se realizó cumpliendo la orden de aprehensión del Tribunal 4to Nacional contra el terrorismo, por su presunta implicación en un atentado organizado por el ex alcalde de Guanta, Jhonnathan Marín.

El Delegado de la Defensoría del Pueblo en Anzoátegui y ex Secretario General de Gobierno de esa entidad, Rafael Vega denunció ante la Dirección General de los Derechos Humanos del Ministerio Público (MP), en Caracas, que el exalcalde de Guanta Jonnathan Marín, condenado en EEUU por corrupción, estaría amenazándolo de muerte.

De igual forma, la amenaza también sería para su hermana Dalia Vega, Directora del Despacho del fiscal general de la República, Tarek William Saab, y a dos líderes sindicales de esa región.

Mediante un trabajo de inteligencia se logró la extracción de contenido a uno de los sujetos involucrados, quedando identificado como Edgar Guzmán a quien Marín le da precisas órdenes "de contratar por la cantidad de 50.000$ a unos gatilleros colombianos" para ejecutar dichos atentados.

El objetivo clave de esta acción sería la de "dañar directamente al Fiscal General Saab", revelan fuentes.

En varios captures de una conversación telefónica puede leerse al sicario contratado Guzmán lanzando una terrible confesión.

Luego de recibir la orden de Jonathan Marín de ejecutar dichos asesinatos, allí le refiere a uno de sus colaboradores textualmente lo siguiente: "Lo que tememos es que pedirle la logística completa para sacar a Juan y a Catire (Vega) porque darle un (...) a Tarek va a ser más difícil: Es un Fiscal y tirarnos una vuelta grande como se la tiraron a Danilo va a costar mínimo un millón de dólares y va a ser escándalo nacional".

A esta delicada intervención, el colaborador le contesta: "nacional nada más no, van a salir los culpables hasta para afuera".

La Dirección General de Derechos Humanos comisionó a dos fiscales nacionales a fin de adelantar las investigaciones respectivas con el propósito de librar las respectivas órdenes de aprehensión a que haya lugar.

La información sobre la detención la dio a conocer el viceministro del Sistema Integrado de Policía (Visipol) y comandante general de la PNB, M/G Elio Estrada Paredes.