Caracas.- La Organización de Naciones Unidas (ONU) identificó "graves violaciones" de los derechos humanos por agentes estatales en las protestas de este año en Colombia que incluyen el homicidio de al menos 28 civiles, según un duro informe emitido este miércoles por la oficina de derechos humanos del organismo.
En un documento de 63 páginas, la delegación en Colombia del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas adujo "razones fundadas" para sostener que las autoridades incurrieron en el "uso innecesario o desproporcionado de la fuerza" en las movilizaciones del 28 de abril al 31 de julio, destacó AFP.
La acción abusiva de efectivos estatales derivó en homicidios, detenciones arbitrarias, violencia sexual y de género, y actos de discriminación y racismo.
A partir de entrevistas, verificación forense de videos y consulta contrastada de fuentes, la oficina verificó 46 muertes, 44 civiles y dos policías.
"En al menos 28 casos los presuntos perpetradores habrían sido miembros de la Fuerza Pública" y en "10 habrían sido actores no estatales", se lee en el informe. En los demás casos, añade la ONU, no pudo identificar al presunto agresor.
La fiscalía colombiana maneja, en cambio, una cifra de 29 homicidios relacionados con la agitación social que siguió a las movilizaciones también numerosas de 2019 y 2020, estas últimas contra la violencia policial.
Sin embargo, no fue hasta abril que se configuró un inédito movimiento nacional de protesta, en su mayoría pacífico, que se extendió por meses y envolvió a las principales ciudades.
Cientos de miles de personas salieron a diario a las calles en rechazo al alza de impuestos que proponía el gobierno para paliar la debacle de la pandemia, y que finalmente archivó ante la presión popular.
La movilización, que encabezaron los jóvenes sin empleo o estudio, dejó al descubierto la crisis social y económica acentuada por la emergencia sanitaria en uno de los países más desiguales del mundo y con una informalidad que ronda el 50% de los trabajadores.
Duramente reprimidas, las manifestaciones que pedían un Estado más solidario se tornaron violentas e incorporaron el reclamo de una reforma de la policía.
Gobierno, inconforme
En un documento de 63 páginas, la delegación en Colombia del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas adujo "razones fundadas" para sostener que las autoridades incurrieron en el "uso innecesario o desproporcionado de la fuerza" en las movilizaciones del 28 de abril al 31 de julio, destacó AFP.
La acción abusiva de efectivos estatales derivó en homicidios, detenciones arbitrarias, violencia sexual y de género, y actos de discriminación y racismo.
A partir de entrevistas, verificación forense de videos y consulta contrastada de fuentes, la oficina verificó 46 muertes, 44 civiles y dos policías.
"En al menos 28 casos los presuntos perpetradores habrían sido miembros de la Fuerza Pública" y en "10 habrían sido actores no estatales", se lee en el informe. En los demás casos, añade la ONU, no pudo identificar al presunto agresor.
La fiscalía colombiana maneja, en cambio, una cifra de 29 homicidios relacionados con la agitación social que siguió a las movilizaciones también numerosas de 2019 y 2020, estas últimas contra la violencia policial.
Sin embargo, no fue hasta abril que se configuró un inédito movimiento nacional de protesta, en su mayoría pacífico, que se extendió por meses y envolvió a las principales ciudades.
Cientos de miles de personas salieron a diario a las calles en rechazo al alza de impuestos que proponía el gobierno para paliar la debacle de la pandemia, y que finalmente archivó ante la presión popular.
La movilización, que encabezaron los jóvenes sin empleo o estudio, dejó al descubierto la crisis social y económica acentuada por la emergencia sanitaria en uno de los países más desiguales del mundo y con una informalidad que ronda el 50% de los trabajadores.
Duramente reprimidas, las manifestaciones que pedían un Estado más solidario se tornaron violentas e incorporaron el reclamo de una reforma de la policía.
Gobierno, inconforme
Visiblemente molesto, el gobierno conservador de Iván Duque expresó que no comparte "muchas afirmaciones" contenidas en la investigación de la ONU.
"No podemos permitir de ninguna manera que nos vengan a descalificar la institucionalidad y el Estado de derecho", dijo la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, en entrevista con Blu Radio.
En su informe, la ONU también dijo que entre los abusos que pudo verificar están los de "16 víctimas de violencia sexual" a manos de la fuerza pública.
Así mismo, documentó "graves acciones de violencia" contra agentes estatales, además de la destrucción de bienes públicos y privados.
"La Oficina conoció algunas situaciones de bloqueos y cierres de vías que afectaron negativamente o impidieron el ejercicio y disfrute de derechos humanos", anotó.
A partir de sus hallazgos, el organismo formuló varias recomendación al Estado colombiano, entre ellas "una transformación profunda" del Esmad, la fuerza policial encargada del control y dispersión de las protestas.
Según Naciones Unidas, las autoridades deben revisar los protocolos que sigue ese cuerpo policial sobre "el uso de la fuerza y de las armas y municiones menos letales para que cumplan con las normas y estándares internacionales de derechos humanos".
Además se "debe impulsar un debate amplio en la sociedad sobre la reforma a la Policía Nacional, incluyendo los mecanismos de control y de rendición de cuentas" y la "pertinencia" de que pase del "Ministerio de Defensa a un Ministerio de autoridad civil".
La vicepresidenta Ramírez insistió en su rechazo a que mediante informes como el de la ONU se "esté generando una desconfianza generalizada de las instituciones", y enfatizó que el gobierno tiene "cero tolerancia con la violación" de las garantías fundamentales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya había denunciado en julio la reacción "desproporcionada" de las fuerzas estatales con los manifestantes.
El lunes también se conoció el informe de una relatoría independiente, realizado a pedido de la alcaldía de Bogotá, en el que la policía es señalada de haber cometido "una masacre" en septiembre de 2020. Entonces once jóvenes murieron a manos de la fuerza pública durante las protestas contra la violencia policial en la ciudad, según la investigación.
"No podemos permitir de ninguna manera que nos vengan a descalificar la institucionalidad y el Estado de derecho", dijo la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, en entrevista con Blu Radio.
En su informe, la ONU también dijo que entre los abusos que pudo verificar están los de "16 víctimas de violencia sexual" a manos de la fuerza pública.
Así mismo, documentó "graves acciones de violencia" contra agentes estatales, además de la destrucción de bienes públicos y privados.
"La Oficina conoció algunas situaciones de bloqueos y cierres de vías que afectaron negativamente o impidieron el ejercicio y disfrute de derechos humanos", anotó.
A partir de sus hallazgos, el organismo formuló varias recomendación al Estado colombiano, entre ellas "una transformación profunda" del Esmad, la fuerza policial encargada del control y dispersión de las protestas.
Según Naciones Unidas, las autoridades deben revisar los protocolos que sigue ese cuerpo policial sobre "el uso de la fuerza y de las armas y municiones menos letales para que cumplan con las normas y estándares internacionales de derechos humanos".
Además se "debe impulsar un debate amplio en la sociedad sobre la reforma a la Policía Nacional, incluyendo los mecanismos de control y de rendición de cuentas" y la "pertinencia" de que pase del "Ministerio de Defensa a un Ministerio de autoridad civil".
La vicepresidenta Ramírez insistió en su rechazo a que mediante informes como el de la ONU se "esté generando una desconfianza generalizada de las instituciones", y enfatizó que el gobierno tiene "cero tolerancia con la violación" de las garantías fundamentales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya había denunciado en julio la reacción "desproporcionada" de las fuerzas estatales con los manifestantes.
El lunes también se conoció el informe de una relatoría independiente, realizado a pedido de la alcaldía de Bogotá, en el que la policía es señalada de haber cometido "una masacre" en septiembre de 2020. Entonces once jóvenes murieron a manos de la fuerza pública durante las protestas contra la violencia policial en la ciudad, según la investigación.
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