En enero del 2022 Venezuela en la Organización de las Naciones Unidas será sometida por tercera vez a un examen sobre el grado de satisfacción y respeto a los derechos humanos de la población por parte del Estado venezolano.
Este examen se realiza cada cuatro años aproximadamente. Los 193 países que integran la ONU tienen la obligación de someterse a esa revisión la cual es realizada por el Consejo de Derechos Humanos integrado por 47 países.
Es por lo tanto un examen entre Estados. El Consejo orienta el Examen hacia un proceso continuo y progresivo de entendimiento y cooperación interestatal y multilateral dirigido al fomento de capacidades y de medidas correctivas implementadas por los Estados en cumplimiento de sus obligaciones y compromisos con los derechos humanos.
La primera evaluación realizada a Venezuela se produjo el 7 de octubre de 2011. Para ese momento, en tiempos de gobierno de Hugo Chávez, ya diversos organismos internacionales de derechos humanos habían expresado preocupación sobre la grave situación de derechos humanos en el país, sin dejar de reconocer algunos avances en la lucha contra la pobreza.
Al realizarse el debate entre las delegaciones de los estados, algunos en sus intervenciones reconocieron los esfuerzos realizados por Venezuela para la reducción de la pobreza y como parte de ello la creación de las misiones, el proceso de reforma policial iniciado en 2006, las políticas para promover la igualdad de género y las medidas desarrolladas para facilitar el ingreso de estudiantes en las universidades.
Otros países expresaron preocupación sobre la falta de independencia del sistema de justicia, las restricciones a la libertad de expresión, el alto número de personas asesinadas por cuerpos policiales y la grave situación penitenciaria. Exhortaron a no persistir con prácticas de discriminación por motivos políticos y a cesar la criminalización del trabajo de las organizaciones de derechos humanos.
La delegación del estado venezolano encabezada en aquella oportunidad por Nicolás Maduro quien ocupaba el cargo de Vicepresidente del Consejo de Ministros y Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, rechazó un conjunto de recomendaciones que le fueron indicadas por varios países entre ellas las siguientes:
Aplicar las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como prevé el artículo 23 de la Constitución (Bélgica); Luchar activamente contra el abuso de poder por las fuerzas de seguridad (República Checa) Abolir la práctica de utilizar el sistema judicial para acallar las críticas al Gobierno, reforzar la independencia del poder judicial aumentando el apoyo institucional y material al sistema de justicia y poner fin al carácter provisional del nombramiento de los jueces (Israel) Reiterar públicamente su apoyo a los defensores de los derechos humanos, crear un entorno en el que puedan trabajar libremente y tomar medidas para luchar contra la impunidad de los autores de agresiones y amenazas contra ellos (Francia)
En estas recomendaciones rechazadas por el gobierno de Hugo Chávez ya se notaba la poca voluntad de rectificar en cuanto a violaciones de derechos humanos que se venían produciendo y condiciones adversas para sancionar tales violaciones.
El 01 de noviembre de 2016 se produjo la segunda evaluación de Venezuela. Es decir, cinco años después. En ese lapso lamentablemente la situación de derechos humanos en lugar de mejorar se deterioró. El gobierno de Nicolás Maduro no mostró voluntad para cumplir las recomendaciones establecidas no solo en el anterior proceso de evaluación, sino que, en ese examen realizado en 2016, adoptó una actitud más renuente y hostil. Quedó evidenciado se avanzaba en una ruta peligrosa de incremento de violaciones lo cual implicaba cada vez más riesgo a la población en el cercenamiento de los derechos humanos y una actitud desafiante ante el sistema internacional de protección tal como ocurrió a no seguir reconociendo la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y rechazar las visitas de relatores de Naciones Unidas.
En 2016 un total de 170 Organizaciones autónomas de la sociedad civil venezolana e internacional enviaron más de 50 informes que abarcaron 25 temas en materia de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos; así como la situación de poblaciones específicas como las personas mayores, pueblos indígenas, niños, niñas y adolescentes; personas con discapacidad, mujeres.
Para la evaluación 2022 la sociedad civil venezolana tiene hasta el mes de julio para presentar nuevamente informes. Esta vez en un contexto nacional donde se han producido crímenes de lesa humanidad, arrecia la persecución a las organizaciones sociales críticas a la gestión de gobierno y con más de 350 presos políticos.
Pese a las adversidades, las organizaciones siguen en su empeño de trabajar para lograr una mejora de los derechos humanos en el país, vienen preparando informes en temas como derecho salud, alimentación, derecho a la vida, derechos de las mujeres, derechos de los pueblos indígenas, sistema de justicia.
El tercer examen periódico universal al estado venezolano es una oportunidad para seguir reivindicando la obligación que tiene el gobierno y las instituciones del país de respetar los derechos humanos, una oportunidad para exigir una vez más el cese a la impunidad y que los responsables de delitos de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad rindan cuentas. Ningún espacio para exigir los derechos puede abandonarse.
Marino Alvarado Betancourt
@marinoalvarado
Este examen se realiza cada cuatro años aproximadamente. Los 193 países que integran la ONU tienen la obligación de someterse a esa revisión la cual es realizada por el Consejo de Derechos Humanos integrado por 47 países.
Es por lo tanto un examen entre Estados. El Consejo orienta el Examen hacia un proceso continuo y progresivo de entendimiento y cooperación interestatal y multilateral dirigido al fomento de capacidades y de medidas correctivas implementadas por los Estados en cumplimiento de sus obligaciones y compromisos con los derechos humanos.
La primera evaluación realizada a Venezuela se produjo el 7 de octubre de 2011. Para ese momento, en tiempos de gobierno de Hugo Chávez, ya diversos organismos internacionales de derechos humanos habían expresado preocupación sobre la grave situación de derechos humanos en el país, sin dejar de reconocer algunos avances en la lucha contra la pobreza.
Al realizarse el debate entre las delegaciones de los estados, algunos en sus intervenciones reconocieron los esfuerzos realizados por Venezuela para la reducción de la pobreza y como parte de ello la creación de las misiones, el proceso de reforma policial iniciado en 2006, las políticas para promover la igualdad de género y las medidas desarrolladas para facilitar el ingreso de estudiantes en las universidades.
Otros países expresaron preocupación sobre la falta de independencia del sistema de justicia, las restricciones a la libertad de expresión, el alto número de personas asesinadas por cuerpos policiales y la grave situación penitenciaria. Exhortaron a no persistir con prácticas de discriminación por motivos políticos y a cesar la criminalización del trabajo de las organizaciones de derechos humanos.
La delegación del estado venezolano encabezada en aquella oportunidad por Nicolás Maduro quien ocupaba el cargo de Vicepresidente del Consejo de Ministros y Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, rechazó un conjunto de recomendaciones que le fueron indicadas por varios países entre ellas las siguientes:
Aplicar las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como prevé el artículo 23 de la Constitución (Bélgica); Luchar activamente contra el abuso de poder por las fuerzas de seguridad (República Checa) Abolir la práctica de utilizar el sistema judicial para acallar las críticas al Gobierno, reforzar la independencia del poder judicial aumentando el apoyo institucional y material al sistema de justicia y poner fin al carácter provisional del nombramiento de los jueces (Israel) Reiterar públicamente su apoyo a los defensores de los derechos humanos, crear un entorno en el que puedan trabajar libremente y tomar medidas para luchar contra la impunidad de los autores de agresiones y amenazas contra ellos (Francia)
En estas recomendaciones rechazadas por el gobierno de Hugo Chávez ya se notaba la poca voluntad de rectificar en cuanto a violaciones de derechos humanos que se venían produciendo y condiciones adversas para sancionar tales violaciones.
El 01 de noviembre de 2016 se produjo la segunda evaluación de Venezuela. Es decir, cinco años después. En ese lapso lamentablemente la situación de derechos humanos en lugar de mejorar se deterioró. El gobierno de Nicolás Maduro no mostró voluntad para cumplir las recomendaciones establecidas no solo en el anterior proceso de evaluación, sino que, en ese examen realizado en 2016, adoptó una actitud más renuente y hostil. Quedó evidenciado se avanzaba en una ruta peligrosa de incremento de violaciones lo cual implicaba cada vez más riesgo a la población en el cercenamiento de los derechos humanos y una actitud desafiante ante el sistema internacional de protección tal como ocurrió a no seguir reconociendo la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y rechazar las visitas de relatores de Naciones Unidas.
En 2016 un total de 170 Organizaciones autónomas de la sociedad civil venezolana e internacional enviaron más de 50 informes que abarcaron 25 temas en materia de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos; así como la situación de poblaciones específicas como las personas mayores, pueblos indígenas, niños, niñas y adolescentes; personas con discapacidad, mujeres.
Para la evaluación 2022 la sociedad civil venezolana tiene hasta el mes de julio para presentar nuevamente informes. Esta vez en un contexto nacional donde se han producido crímenes de lesa humanidad, arrecia la persecución a las organizaciones sociales críticas a la gestión de gobierno y con más de 350 presos políticos.
Pese a las adversidades, las organizaciones siguen en su empeño de trabajar para lograr una mejora de los derechos humanos en el país, vienen preparando informes en temas como derecho salud, alimentación, derecho a la vida, derechos de las mujeres, derechos de los pueblos indígenas, sistema de justicia.
El tercer examen periódico universal al estado venezolano es una oportunidad para seguir reivindicando la obligación que tiene el gobierno y las instituciones del país de respetar los derechos humanos, una oportunidad para exigir una vez más el cese a la impunidad y que los responsables de delitos de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad rindan cuentas. Ningún espacio para exigir los derechos puede abandonarse.
Marino Alvarado Betancourt
@marinoalvarado
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