La democracia es un sistema político fundado en la participación consciente de sus ciudadanos en el quehacer político. Y es allí, en el ámbito de la participación consciente, donde reside la fuerza y la debilidad de la democracia. Pero hay otros factores que inciden en la permanencia de la democracia como gobierno del pueblo y, entre ellos, uno que ha tomado el protagonismo en esta primera mitad del siglo XXI es el de la corrupción.
En La República, texto de Platón, fundador junto a La Política de Aristóteles del pensamiento político occidental, el problema de fondo es la posibilidad de asumir al Estado como una persona moral, donde lo moral es el conocimiento de lo que es justo e injusto, de lo que es bueno y lo que es malo, es decir, un principio ético fundado en la razón, que es la base de la consciencia política. Para Platón “o los ciudadanos son hombres de bien y todo se arregla entre ellos decorosamente, o están corrompidos, y en este caso los reglamentos no les darán la probidad, cuando la idea de la misma ha desaparecido”.
Ahora bien, este argumento nos abre dos caminos: por un lado, la legalidad, la norma jurídica; por el otro, el mundo de las costumbres. ¿Qué hace que nuestros Estados y nuestras democracias, estén ahogados por la corrupción de sus gobernantes? Para unos, el problema está en las leyes, en la Constitución, inclusive, en la falta de mayor represión para obligar al cumplimiento de las normas. Eso, en parte es verdad. No hay ley que se cumpla si no existe el organismo que vigile su cumplimiento. Para otros, el problema está en las costumbres, en los valores o antivalores sociales.
Sin irnos muy lejos, en esta disyuntiva, el propio Bolívar tomaba partido en su discurso ante el Congreso Constituyente de Angostura, en 1819. Recordemos sus palabras: “Un pueblo pervertido si alcanza su libertad, muy pronto vuelve a perderla; porque en vano se esforzará en mostrarle que la felicidad consiste en la práctica de la virtud: que el imperio de las leyes es más poderosa que la de los tiranos, porque son más inflexibles, y todo debe someterse a su benéfico rigor: que las buenas costumbres, y no la fuerza, son las columnas de las leyes; que el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad”. Para Bolívar, y esta es una república constitucionalmente bolivariana, Hombres Virtuosos –en plural e incluyendo a las mujeres– son los que constituyen las repúblicas. ¿Qué ha pasado entonces para que nuestros dirigentes y gobernantes hayan transformado al Estado en una organización sometida por las prácticas de la corrupción?
Esta reflexión nace de esta situación generalizada de corrupción a la que se ven sometidas las sociedades actuales. Por todas partes las noticias nos inundan con casos de corrupción de gobernantes y hasta de quienes están designados para supervisarlos y castigarlos. Esta es una amenaza tan significativa para el futuro inmediato del orden político que ha llevado a definir una nueva forma de Estado, el Estado fallido, donde la delincuencia organizada logra controlar el funcionamiento del propio Estado. Y este problema, sin ser nuevo, es hoy crítico porque ha dejado de ser la excepción para transformarse en regla. Por encima credos, razas e ideologías, la corrupción es el microbio que contamina al Estado moderno y a sus instituciones.
En la década de los años 90 del siglo pasado, Carlos Matus llamaba la atención en sus estudios que la democracia estaba en peligro por su ineficacia en mostrar resultados. Partidos políticos transformados en clubes electorales; planificación anticuada; gobernantes que no saben gobernar. Hoy, a esos factores hay que agregar la corrupción y la delincuencia organizada como la amenaza ya no sólo de la democracia como sistema de gobierno, sino a la sobrevivencia del propio Estado como orden político. Y este fenómeno no es nacional sino global, no se difunde sólo territorialmente, sino por los “caminos verdes” del ciberespacio. Es una delincuencia transnacional.
En 2005, la Comunidad Europea generó un primer marco legal y operativo de lo que denominó en ese momento la Delincuencia Organizada Transnacional, llamando a considerar en esta lucha un enfoque general de acciones donde se incluyan medidas penales, promoción de la integridad de la administración pública y el seguimiento de las políticas nacionales de lucha contra la corrupción. Además, esta debe ser una acción que involucre los ámbitos público y privado.
La corrupción de la que hablamos como amenaza no sólo se reduce al mal manejo y apropiación privada de los fondos públicos. Como la analizan Carlos Tablante y Marcos Tarre en su obra reciente El Estado Delincuente, se trata de una “industria transnacional ilícita de delincuencia organizada, surgida en medio de la globalización, estrechamente engranada con la corrupción y que utiliza desde las más modernas y sofisticadas tecnologías de la comunicación hasta el asesinato brutal”. Es un Estado dentro del Estado, que afecta la gobernabilidad y el desarrollo de nuestros países. ¿Sobrevivirá el Estado venezolano a estas amenazas? Los ciudadanos nos hemos percatado de este nuevo peligro que enfrentamos?
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