El gobierno de Nicolás Maduro anunció el inicio de un proceso de restructuración de la Policía Nacional Bolivariana. Según el Decreto 4.582 del 13 de abril de 2021 publicado en la Gaceta Oficial Nro. 42.105 de ese mismo día, el lapso para esa reforma es de seis meses, con una posible prórroga de ser necesaria, de seis meses más.

Mediante la Resolución 067 del 20 de abril del presente año publicada en la Gaceta Oficial Nro. 42.109 del 20.04.21 se designaron a los integrantes de la Comisión de Reestructuración de la Policía. Analicemos la composición de las principales figuras directivas para tener una primera aproximación a lo que puede ser el resultado de dicho proceso.

La presidenta de Comisión es la Almirante retirada y ministra del interior Carmen Meléndez Rivas como su rango lo indica tiene una sólida formación militar.

El Coordinador General es el General de División Viceministro José Gregorio Rojas Eugenio. Otro militar. El Director General es el General de División Ender José Palencia Viceministro de Seguridad también con formación militar.

Que los principales responsables de adelantar la denominada restructuración de la policía sean militares activos o en retiro es inconstitucional. El artículo 332 de la Constitución expresamente establece que los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil. Esa orientación fue expresamente establecida dentro del espíritu de desmilitarizar tanto en personal como en su filosofía y forma de organización a las policías. El artículo 9 del Decreto Ley de Reforma del Estatuto de la Función Policial reafirma el carácter profesional y civil de las policías.

Se afirma en el Decreto que se pretende retomar el proyecto doctrinario original a partir del cual se dio la conformación del cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Nada más alejado de ese proyecto que una filosofía militar. La conclusión de la Comisión Nacional de Reforma Policial (Conarepol) en 2006 cuestionó duramente la militarización de las policías y consideró que un nuevo modelo policial debería reforzar de manera permanente su carácter civil.

Afirmó la Conarepol que las ideologías autoritarias y anti- populares de las elites dominantes, dieron lugar a una policía fuertemente militarizada, concebida como fuerza bélica dirigida a controlar, contener y neutralizar a los enemigos internos (los pobres, los disidentes políticos). Indicó además que algunas de las expresiones más evidentes de este talante militar son el desempeño en labores de comando de oficiales activos o retirados de las Fuerzas Armadas. Describió en el pasado, lo que tenemos en la actualidad y una de las más evidentes pruebas del fracaso de aquella reforma policial.

Si se quiere retomar el proyecto original lo primero que debe realizarse es desmilitarizar ese proceso. Por el contrario, se constata del decreto la ratificación de una desviación que ya tiene la PNB con militares en su principal cadena de mando.

Debemos destacar que es una restructuración realizada por un gobierno acusado de crímenes de lesa humanidad, el cual no ha dado señales de querer rectificar, de cumplir recomendaciones de organismos internacionales de protección de derechos humanos y de avanzar en la investigación y sanción de los responsables de tales crímenes.

Si bien, la restructuración se quiere presentar como un proceso para rectificar, ya vemos como desde su origen es errado.

La restructuración, para que no sea un maquillaje, sino un cambio significativo, debe empezar por poner a la orden de la justicia a los presuntos responsables de las miles de ejecuciones que ha realizado ese organismo policial principalmente a través de su grupo élite Fuerzas de Acciones Especiales. De las 2853 personas que fueron asesinadas por policías y militares en 2020 según una investigación conjunta de la organización Provea y el Centro Gumilla, la PNB fue responsable de 672

Si no se establece como uno de los propósitos fundamentales acabar con la práctica de perpetrar graves violaciones a los derechos humanos, poco bueno se puede esperar de dicha restructuración. Se podrán hacer cambios de nombres y siglas, remover algunos funcionarios, pero la población seguirá sufriendo la violencia policial.

Una de las medidas más efectivas en términos de prevención para que los hechos no se repitan es sancionar a los responsables de las violaciones. Que sean sanciones ejemplarizantes, para que los funcionarios y funcionarias, comprendan que actuar de manera contraria a la Constitución, tiene graves consecuencias.

Por otra parte, esa restructuración debe darse garantizando trasparencia. Se debe conocer el plan para poder realizar el ejercicio de la contraloría social por parte de toda persona interesada en monitorear su avance. El nombramiento en la Comisión de dos voceros del llamado Poder Popular vinculados al partido de gobierno, no puede considerarse contraloría. Es positivo que algunos civiles formen parte de la Comisión, pero ello no puede asumirse como garantía de control ciudadano.

Hay suficientes razones para considerar que nada sustancioso y diferente se puede esperar de esa reforma. Difícil se garantice acción eficiente contra el delito con pleno respeto a los derechos humanos y que pueda recuperar la confianza de la población. Mientras la filosofía militar impere en la conformación de las policías y las acciones de seguridad ciudadana, los derechos humanos de la población estarán en riesgo.

@marinoalvarado