¿Qué razones pudieron tener esos países para tal arremetida bloqueando nuestra economía? ¿Son esas decisiones de impedir la venta de petróleo venezolano y la reestructuración de nuestra deuda externa una necesidad para esos Estados? ¿Son prioritarias para la política exterior de esas naciones el secuestro de nuestro oro y depósitos bancarios? ¿Qué necesidad tan imperiosa pudo haberles hecho coincidir en tan vil estrategia? ¿Por qué tanto acoso? ¿Votaron los ciudadanos de esos Estados por una acción de guerra contra Venezuela cuando eligieron a sus gobernantes?

Salta a la vista como detonante de todas esas agresiones la política exterior de Donald Trump, quien tuvo poder suficiente como para poner a otros Estados americanos y europeos al servicio de sus designios. Los usó para hacer eficiente el bloqueo que se propusieron y para repartir la responsabilidad entre muchos actores y zafar a su administración de la condición de único perpetrador de una acción criminal absolutamente desproporcionada.

Todo ha sido montado atendiendo la solicitud de una privilegiada élite política y económica venezolana que no pudiendo hacerse del poder por los votos, como tampoco mediante conspiraciones militares intentadas y fracasadas, se propusieron alcanzarlo con un costoso “lobby” ante instancias políticas norteamericanas y europeas. A cambio ofrecieron incondicionalidad política y entrega de los recursos naturales venezolanos al llegar al poder.

Y así, para complacer y fortalecer a un grupo político al que se ha adoptado como los representantes de esos intereses extranjeros en Venezuela, se fue fraguando la más perversa y severa agresión externa de la que ha sido objeto nuestra nación en sus más de quinientos años de historia y en sus doscientos diez años de haberse declarado independiente.

Todo se ha hecho pisoteando el Derecho Internacional. Le dieron la espalda a la Carta de las Naciones Unidas que establece entre sus propósitos la supresión de actos de agresión y otros quebrantamientos de la paz, así como declara como uno de los objetivos de ese Organismo internacional el desarrollo de la cooperación para resolver problemas entre Estados. Eso ha sido ignorado y ha prevalecido el repugnante rostro del intento de someter a un pueblo llevándolo a la ruina al impedirle ingresos fundamentales para costear sus diarios quehaceres.

Violaron la Carta de la Organización de Estados Americanos que en su artículo 19 señala que “Ningún Estado o grupo de Estados tiene el derecho de intervenir, directa o indirectamente, sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro” y atropellaron el artículo 20 de esa Carta que indica que “Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza”.

El Estatuto de Roma incluye entre los crímenes que deben ser sancionados por la Corte Penal Internacional los de lesa humanidad, tales como estos que se cometen contra nuestro país y que están tipificados en el artículo 7 de ese Estatuto como aquellos que “causan intencionalmente grandes sufrimientos”. Con ese deliberado objetivo fueron pensadas y aplicadas esas sanciones, para agravar la crisis venezolana y presionar así el derrumbamiento de un gobierno.

A la élite que está detrás del bloqueo no le ha importado el Derecho Internacional, ni tratados, ni Derechos Humanos. Están en su salsa, en aquella del fin justifica los medios. Todo sea por el poder que no pueden alcanzar con los votos, con el consentimiento de los ciudadanos, y que pretenden arruinando a su propio país. Son la barbarie.