Recién al final de marzo, el Programa Mundial de Alimentos (que no tiene todavía presencia operativa en Venezuela) y la FAO, publicaron el informe “Los puntos calientes del hambre” (WFP and FAO. 2021. Hunger Hotspots. Rome) donde dan alerta temprana de inseguridad alimentaria aguda para el período marzo a julio de 2021, en 20 países que incluyen a Venezuela. Destacando al inicio las dificultades del ingreso al país de la necesaria ayuda humanitaria, señala como factores claves de la inseguridad alimentaria en Venezuela, el deterioro económico continuo y los impactos socioeconómicos del COVID-19. Esto alertando que la situación de la seguridad alimentaria en Venezuela “es probable que se deteriore aún más como resultado de la hiperinflación y el endurecimiento de las sanciones internacionales”, además “el impacto de las restricciones relacionadas con COVID-19 y la escasez de combustible, que han afectado las actividades logísticas y agrícolas en todo el país”



El informe asevera que “las sanciones comerciales y financieras han provocado la suspensión casi total de las exportaciones de petróleo” y que “las restricciones a las importaciones de combustible han provocado una escasez dramática, lo que ha provocado un aumento de los costos de energía y transporte, y la consiguiente subida de los precios de los alimentos”. Esto sin citar la pérdida de capacidad de producción y refinación de petróleo por desmantelamiento y pésima gerencia de PDVSA.



Sobre la inflación de los alimentos recuerda se situó en un asombroso 1.700 % al final de 2020, y aumentó aún más por la constante depreciación del bolívar. Esto mientras la prolongada inestabilidad de la moneda local ha llevado a una dolarización parcial de la economía, impulsando las disparidades entre quienes tienen acceso a dólares estadounidenses, y la mayoría que no tienen dicho acceso. También refiere que el impacto de las sanciones y los bajos precios del petróleo provocan una mayor contracción económica, prevista en –10% en 2021, e hiperinflación, prevista en 6.500 % en 2021. La inseguridad alimentaria aumentará significativamente más allá de la de 2019, cuando afectó a alrededor de 9,3 millones de venezolanos. El deterioro económico es probable provoque una mayor migración a otros países.



El Plan de Respuesta Humanitaria (HRP) pide US$ 193,7 millones para la seguridad alimentaria y los medios de vida, y US$ 32,7 millones para intervenciones nutricionales. Preveé la alimentación de los niños en edad escolar en las comunidades más pobres del país, conectándose con la producción local de alimentos para mejorar las economías rurales. También ampliar la asistencia humanitaria para satisfacer las necesidades más urgentes, que han crecido significativamente debido a la pandemia COVID-19.

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