Esa acción de Trump tuvo como antecedente y soporte la Orden Ejecutiva 13692 que en marzo de 2015 dictó Barack Obama declarando a Venezuela como “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política externa de Estados Unidos”, grave acusación que nunca documentaron ni razonaron, pero que dio pie a una seguidilla de agresiones por parte de la administración republicana que le sucedió.

Esas acciones de Trump, junto con otras potencias, prohibieron las transacciones con la criptomoneda Petro, comerciar con oro exportado desde Venezuela, a la vez que congelaban los activos de CITGO en los Estados Unidos.

Impidieron a Venezuela depositar recursos para compras de vacunas y medicamentos. Tampoco permitieron el pago por insumos para diálisis. Retuvieron, en un acto de piratería, reservas de oro venezolano por un valor de 1.200 millones de dólares.

 
Esas sanciones impactaron negativamente la producción de petróleo. Se cerró el acceso al mercado estadounidense en el que nuestro país colocaba para el año 2018 un promedio de 580.000 barriles de petróleo diarios. Otras potencias europeas hicieron lo mismo y se confabularon para que a Venezuela no llegara un solo dólar por concepto de venta de petróleo. Se perdió el crédito internacional.

En todas estas acciones hubo dolo. Violaron el derecho internacional con el deliberado propósito de causar severo daño a los venezolanos. La intención era generar hambre y sufrimiento, crear caos y hacer que colapsara el sistema político venezolano.

Coincidió esta política intervencionista y colonialista con el accionar de una élite entreguista criolla que ante la crisis económica que los venezolanos venimos padeciendo se propusieron agravarla a como diera lugar.

La perversa operación estaba clara. Se le cerrarían al país todas las fuentes de ingreso para anular la capacidad de respuesta del Estado ante los reclamos de la colectividad, exacerbar el descontento popular, potenciar los conflictos y deponer el gobierno.

 
Sabían que al disminuir los ingresos nacionales a su mínima expresión igualmente se trancarían las importaciones de bienes esenciales y cundiría la escasez, la pobreza y la desesperación. Arruinando el país alcanzarían el poder.

Nuestra denuncia no es una protesta solitaria. De estas acciones criminales hay conciencia en los sectores académicos más avanzados de los Estados Unidos. Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs, prestigiosos economistas estudiosos de la realidad latinoamericana y de problemas de la pobreza, refieren en un ensayo titulado “Sanciones económicas como castigo colectivo: El caso Venezuela” (mayo 2019), lo siguiente:
“Las sanciones redujeron la ingesta calórica de la población, aumentaron las enfermedades y la mortalidad (tanto para adultos como para menores) y desplazaron a millones de venezolanos que huyeron del país como producto del empeoramiento de la depresión económica y la hiperinflación. Las sanciones agudizaron la crisis económica en Venezuela e hicieron casi imposible estabilizar la economía, lo que contribuyó aún más a un mayor número de muertes. Todos estos impactos perjudicaron de manera desproporcionada a los venezolanos más pobres y vulnerables”.

Esas sanciones han sido actos inhumanos, claras violaciones a los derechos humanos, de las que todo el planeta está al tanto, aunque luzcan indiferentes las élites mundiales que aspiran beneficiarse del colapso de Venezuela.

Necesitamos la mayor unidad nacional para denunciarlas, enfrentarlas y revertirlas. Es la hora del entendimiento y del patriotismo. Es por el bien de todos. Venezuela va primero.