En rueda de prensa internacional del presidente Maduro (17-2-2021), la despampanante y talentosa periodista Ana Herrero –corresponsal del Washington Post– tuvo el notable acierto de preguntarle:
“¿Desde el Ejecutivo, usted estaría dispuesto a iniciar el debate de una ley de despenalización del aborto, que sería o pareciera ser la gran deuda del Gobierno?”.
Y el presidente le respondió: “Es potestad absoluta de la Asamblea. No lo tenemos en la agenda de las prioridades tan urgentes y apremiantes que tenemos”.
Sí hay una deuda enorme del Estado venezolano con el pueblo: ¡¡el aborto libre es justicia social!! Basta pensar en que al ipso facto desaparecer el aborto clandestino las mujeres pobres –gran mayoría– si quieren podrán decidir con libertad y sin peligro sobre su gravidez; y podrían abortar sin temor a la cárcel ni graves riesgos a su salud. Es muy doloroso –para quienes tengan capacidad “de sentirse heridos en la herida del prójimo”– saber el atroz sufrimiento de las venezolanas más humildes en algunos barrios de Caracas sobre todo, en los cuales son víctimas de bárbara violencia moral y hasta física o sexual por delincuentes que padrotean allá. Y el que reclame es hombre muerto.
¿Se ha sabido de planes oficiales que tengan la necesaria reiteración para liberar a los vecinos esclavizados por esas bandas de lombrosianos? No. En un Estado de Derecho ¿es aceptable que haya zonas en que gobierne la criminalidad y no pueda entrar el Gobierno? Hasta en tales barrios el Gobierno decretó “Zonas de Paz” a donde ¡prohíbe o prohibía entrar a la Policía! Múltiples violaciones perpétranse allí contra esas indefensas mujeres e incluso contra adolescentes y hasta niñas; pero son obligadas por una ley penal monstruosa a la maternidad forzada. Y el acabose –de su salud, vida y libertad– yérguese amenazante si a esas víctimas abandonadas se les ocurre intentar un aborto “criminal”, porque el Estado no ha cumplido con promulgar una ley justa al respecto: lo que sí es criminal y un “asesinato” moral es el pretender obligar a una mujer a tener un hijo producto de una violación…
Criminalizar el aborto es idea liberticida y causa gran sufrimiento a muchas, que yacen y gimen en una prisión inmerecida. Deuda de los Gobiernos anteriores (los copeyanos cometieron la salvajada de ¡cerrar! la oficina de Planificación Familiar del SAS en los 70) y de los del siglo XXI, más llamativo pues hacen énfasis en la justicia social y, en verdad, han trabajado mucho en eso.
Empero, pese a las constantes y campanudas proclamas feministas de los Gobiernos de Chávez y Maduro, permitieron que subsista el “delito” de aborto y que bastantes mujeres pobres sufran las terribles consecuencias de ese “Monstrum horrendum” del Derecho, y de la mutilación “jurídico-penal” de sus muchas o pocas probabilidades de alcanzar la felicidad en esta vida. Y a pesar de que el aborto libre es justicia social, no legalizaron el aborto libre como lo propuso por vez primera en Venezuela el Art. 243 del Proyecto de Código Penal del Supremo en 2004. El Estado es y debe ser laico o independiente de lo confesional…
Aquí sólo se acepta el aborto terapéutico para salvar la vida de la madre. Ello no permite solucionar embarazos muy angustiosos, como por violación o cuando nacerá un hijo con graves anomalías; ni los embarazos atenazados por una desesperante necesidad social. Y muchas abortan obligadas por la circunstancia y han de enfrentar la ley penal. No así sus pares más afortunadas, quienes pueden comprar anticonceptivos e ir al exterior para abortar sin problemas y con idónea asistencia médica, que tampoco tienen las mujeres más pobres, quienes sufren de peligrosas intervenciones. El aborto legal reduce drásticamente el clandestino; pero aquella óptica penal sumió a Venezuela en el páramo jurídico del oscurantismo más pernicioso.
En los países más civilizados se reconoce el derecho de la mujer a decidir sobre su fecundidad y reproducción; y a abortar antes de los tres meses: es la solución del plazo o el aborto libre. Los antiabortistas forjan un falso dilema: escoger entre la vida y la muerte del embrión. (Del “bebé”, dicen con gran mentira e intención). Ello es sofístico. El real dilema está en escoger entre una vida (la del embrión) y otra vida, la de la gestante.
Ambas vidas merecen la protección penal. El conflicto debe resolverse a favor de la vida de mayor entidad. La vida del ser humano está protegida desde la concepción hasta su muerte; pero la protección no es idéntica en todo el curso vital. Antes del nacimiento se le da una menor protección. Es lógico porque el embrión aún no es persona. Incluso la Iglesia Católica da una menor protección al embrión porque a su muerte no le hace ceremonias fúnebres ni le da cristiana sepultura. Otra mentira es denominar “niño” o “bebé” (niño de pecho) al embrión. Un niño es quien vive en la niñez o período que va desde el nacimiento hasta la pubertad. Algo microscópico o de un centímetro, no es un niño…
aaf.yorga@gmail.com
“¿Desde el Ejecutivo, usted estaría dispuesto a iniciar el debate de una ley de despenalización del aborto, que sería o pareciera ser la gran deuda del Gobierno?”.
Y el presidente le respondió: “Es potestad absoluta de la Asamblea. No lo tenemos en la agenda de las prioridades tan urgentes y apremiantes que tenemos”.
Sí hay una deuda enorme del Estado venezolano con el pueblo: ¡¡el aborto libre es justicia social!! Basta pensar en que al ipso facto desaparecer el aborto clandestino las mujeres pobres –gran mayoría– si quieren podrán decidir con libertad y sin peligro sobre su gravidez; y podrían abortar sin temor a la cárcel ni graves riesgos a su salud. Es muy doloroso –para quienes tengan capacidad “de sentirse heridos en la herida del prójimo”– saber el atroz sufrimiento de las venezolanas más humildes en algunos barrios de Caracas sobre todo, en los cuales son víctimas de bárbara violencia moral y hasta física o sexual por delincuentes que padrotean allá. Y el que reclame es hombre muerto.
¿Se ha sabido de planes oficiales que tengan la necesaria reiteración para liberar a los vecinos esclavizados por esas bandas de lombrosianos? No. En un Estado de Derecho ¿es aceptable que haya zonas en que gobierne la criminalidad y no pueda entrar el Gobierno? Hasta en tales barrios el Gobierno decretó “Zonas de Paz” a donde ¡prohíbe o prohibía entrar a la Policía! Múltiples violaciones perpétranse allí contra esas indefensas mujeres e incluso contra adolescentes y hasta niñas; pero son obligadas por una ley penal monstruosa a la maternidad forzada. Y el acabose –de su salud, vida y libertad– yérguese amenazante si a esas víctimas abandonadas se les ocurre intentar un aborto “criminal”, porque el Estado no ha cumplido con promulgar una ley justa al respecto: lo que sí es criminal y un “asesinato” moral es el pretender obligar a una mujer a tener un hijo producto de una violación…
Criminalizar el aborto es idea liberticida y causa gran sufrimiento a muchas, que yacen y gimen en una prisión inmerecida. Deuda de los Gobiernos anteriores (los copeyanos cometieron la salvajada de ¡cerrar! la oficina de Planificación Familiar del SAS en los 70) y de los del siglo XXI, más llamativo pues hacen énfasis en la justicia social y, en verdad, han trabajado mucho en eso.
Empero, pese a las constantes y campanudas proclamas feministas de los Gobiernos de Chávez y Maduro, permitieron que subsista el “delito” de aborto y que bastantes mujeres pobres sufran las terribles consecuencias de ese “Monstrum horrendum” del Derecho, y de la mutilación “jurídico-penal” de sus muchas o pocas probabilidades de alcanzar la felicidad en esta vida. Y a pesar de que el aborto libre es justicia social, no legalizaron el aborto libre como lo propuso por vez primera en Venezuela el Art. 243 del Proyecto de Código Penal del Supremo en 2004. El Estado es y debe ser laico o independiente de lo confesional…
Aquí sólo se acepta el aborto terapéutico para salvar la vida de la madre. Ello no permite solucionar embarazos muy angustiosos, como por violación o cuando nacerá un hijo con graves anomalías; ni los embarazos atenazados por una desesperante necesidad social. Y muchas abortan obligadas por la circunstancia y han de enfrentar la ley penal. No así sus pares más afortunadas, quienes pueden comprar anticonceptivos e ir al exterior para abortar sin problemas y con idónea asistencia médica, que tampoco tienen las mujeres más pobres, quienes sufren de peligrosas intervenciones. El aborto legal reduce drásticamente el clandestino; pero aquella óptica penal sumió a Venezuela en el páramo jurídico del oscurantismo más pernicioso.
En los países más civilizados se reconoce el derecho de la mujer a decidir sobre su fecundidad y reproducción; y a abortar antes de los tres meses: es la solución del plazo o el aborto libre. Los antiabortistas forjan un falso dilema: escoger entre la vida y la muerte del embrión. (Del “bebé”, dicen con gran mentira e intención). Ello es sofístico. El real dilema está en escoger entre una vida (la del embrión) y otra vida, la de la gestante.
Ambas vidas merecen la protección penal. El conflicto debe resolverse a favor de la vida de mayor entidad. La vida del ser humano está protegida desde la concepción hasta su muerte; pero la protección no es idéntica en todo el curso vital. Antes del nacimiento se le da una menor protección. Es lógico porque el embrión aún no es persona. Incluso la Iglesia Católica da una menor protección al embrión porque a su muerte no le hace ceremonias fúnebres ni le da cristiana sepultura. Otra mentira es denominar “niño” o “bebé” (niño de pecho) al embrión. Un niño es quien vive en la niñez o período que va desde el nacimiento hasta la pubertad. Algo microscópico o de un centímetro, no es un niño…
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