Claudio Fermín
Las próximas elecciones para presidente de Venezuela tendrán lugar el año 2024. El calendario electoral es claro en ese sentido ya que las últimas elecciones para presidente se celebraron en mayo del año 2018 y la Constitución establece un período presidencial de seis años.
En lo que hay polémica es alrededor de las fechas para elecciones de gobernadores, alcaldes, diputados a los Consejos Legislativos y concejales.
Las últimas elecciones de gobernadores fueron el 15 de octubre de 2017 y por tanto deberían ser convocadas para octubre de este año 2021 para que los electos tomen posesión al vencerse el período de cuatro años de quienes están en ejercicio.
Los alcaldes actuales fueron electos dos meses después, el 10 de diciembre del mismo año 2017, por lo que también a ellos se les vence el período de cuatro años a finales de 2021.
Dados los altos costos para el Consejo Nacional Electoral en la organización, promoción y celebración de unas elecciones y la precaria situación económica del país, además de las previsiones que deben tomarse para proteger a la población del Covid 19, tiene sentido convenir realizar conjuntamente las elecciones de gobernadores y de alcaldes el último trimestre de este año, cuando llegan al final de su cuarto año de mandato todos esos funcionarios electos.
El enredo empieza cuando algunos sostienen que también debe convocarse en la misma fecha a elegir a los diputados a los Consejos Legislativos Estadales y a los concejales. A esa convocatoria conjunta la han llamado “mega elecciones” y parlamentarios y dirigentes calificados tienen días promoviéndolas orquestadamente, como si ya fuese un acuerdo entre los partidos políticos que representan.
A ese planteamiento se le hacen varios cuestionamientos, entre otros los siguientes:
Los legisladores regionales fueron electos en mayo de 2018 y no se terminan sus períodos sino siete meses después del vencimiento del mandato de los gobernadores. ¿Se les mocharía más de un semestre de sus legítimos mandatos al convocarse las elecciones de Consejos Legislativos Estadales para el último trimestre de este año 2021 conjuntamente con las de gobernadores? ¿O tomarían posesión siete meses después de haber sido electos, coexistiendo su representación popular con el ejercicio de los legisladores regionales no reelectos que estarían todavía en su ejercicio?
Por otra parte, 2.459 concejales fueron electos el 9 de diciembre de 2018, un año después que los alcaldes. Celebrar las elecciones de concejales un año antes de la conclusión de sus períodos, es decir, conjuntamente con la de gobernadores y alcaldes en 2021, no sólo sería irregular, sino además una severa interferencia en el ejercicio de las funciones municipales ya que muchos candidatos a la reelección que hubieren resultado perdedores tendrían que seguir en ejercicio un año más habiendo sido rechazados o no reconocidos por los electores, a menos que arbitrariamente se les reduzca un año su período, en abierta contradicción con la voluntad de los electores que los hicieron concejales por cuatro años.
Y en caso de no recortársele el período a esos concejales entonces los nuevos electos, ya investidos de representación popular, no podrían tomar posesión sino un año después, en diciembre de 2022, generándose la dualidad de dos elencos de concejales actuando al mismo tiempo: unos en ejercicio por un año más y otros ya electos sin entrar todavía a ejercer la representación popular que entusiastamente recibieron.
La conflictividad política que esto generará en trescientos treinta y dos municipios, en cada rincón de la geografía nacional, es contraria a la estabilidad que la nueva elección se supone deba generar en el país al legitimar liderazgos y afianzar la reinstitucionalización en los Concejos Municipales y en las legislaturas estadales.
Por las razones antes expuestas en Soluciones para Venezuela sostenemos que el calendario electoral debe ser atendido sin atropellar fechas que tienen un valor que va más allá de un cronograma que pretenda ser supuestamente eficiente.
Las próximas elecciones para presidente de Venezuela tendrán lugar el año 2024. El calendario electoral es claro en ese sentido ya que las últimas elecciones para presidente se celebraron en mayo del año 2018 y la Constitución establece un período presidencial de seis años.
En lo que hay polémica es alrededor de las fechas para elecciones de gobernadores, alcaldes, diputados a los Consejos Legislativos y concejales.
Las últimas elecciones de gobernadores fueron el 15 de octubre de 2017 y por tanto deberían ser convocadas para octubre de este año 2021 para que los electos tomen posesión al vencerse el período de cuatro años de quienes están en ejercicio.
Los alcaldes actuales fueron electos dos meses después, el 10 de diciembre del mismo año 2017, por lo que también a ellos se les vence el período de cuatro años a finales de 2021.
Dados los altos costos para el Consejo Nacional Electoral en la organización, promoción y celebración de unas elecciones y la precaria situación económica del país, además de las previsiones que deben tomarse para proteger a la población del Covid 19, tiene sentido convenir realizar conjuntamente las elecciones de gobernadores y de alcaldes el último trimestre de este año, cuando llegan al final de su cuarto año de mandato todos esos funcionarios electos.
El enredo empieza cuando algunos sostienen que también debe convocarse en la misma fecha a elegir a los diputados a los Consejos Legislativos Estadales y a los concejales. A esa convocatoria conjunta la han llamado “mega elecciones” y parlamentarios y dirigentes calificados tienen días promoviéndolas orquestadamente, como si ya fuese un acuerdo entre los partidos políticos que representan.
A ese planteamiento se le hacen varios cuestionamientos, entre otros los siguientes:
Los legisladores regionales fueron electos en mayo de 2018 y no se terminan sus períodos sino siete meses después del vencimiento del mandato de los gobernadores. ¿Se les mocharía más de un semestre de sus legítimos mandatos al convocarse las elecciones de Consejos Legislativos Estadales para el último trimestre de este año 2021 conjuntamente con las de gobernadores? ¿O tomarían posesión siete meses después de haber sido electos, coexistiendo su representación popular con el ejercicio de los legisladores regionales no reelectos que estarían todavía en su ejercicio?
Por otra parte, 2.459 concejales fueron electos el 9 de diciembre de 2018, un año después que los alcaldes. Celebrar las elecciones de concejales un año antes de la conclusión de sus períodos, es decir, conjuntamente con la de gobernadores y alcaldes en 2021, no sólo sería irregular, sino además una severa interferencia en el ejercicio de las funciones municipales ya que muchos candidatos a la reelección que hubieren resultado perdedores tendrían que seguir en ejercicio un año más habiendo sido rechazados o no reconocidos por los electores, a menos que arbitrariamente se les reduzca un año su período, en abierta contradicción con la voluntad de los electores que los hicieron concejales por cuatro años.
Y en caso de no recortársele el período a esos concejales entonces los nuevos electos, ya investidos de representación popular, no podrían tomar posesión sino un año después, en diciembre de 2022, generándose la dualidad de dos elencos de concejales actuando al mismo tiempo: unos en ejercicio por un año más y otros ya electos sin entrar todavía a ejercer la representación popular que entusiastamente recibieron.
La conflictividad política que esto generará en trescientos treinta y dos municipios, en cada rincón de la geografía nacional, es contraria a la estabilidad que la nueva elección se supone deba generar en el país al legitimar liderazgos y afianzar la reinstitucionalización en los Concejos Municipales y en las legislaturas estadales.
Por las razones antes expuestas en Soluciones para Venezuela sostenemos que el calendario electoral debe ser atendido sin atropellar fechas que tienen un valor que va más allá de un cronograma que pretenda ser supuestamente eficiente.
Lo que está en juego es el respeto a la voluntad de los electores, la soberanía nacional, es decir, el poder de los ciudadanos, y el buen funcionamiento de las instituciones de representación popular.
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