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Pandemia y ciudadanía

En Venezuela, por ejemplo, el Estado de Emergencia dictado inconsultamente, representó la mejor excusa para que, muchas decisiones, se tomaran a la deriva

  • ANTONIO JOSÉ MONAGAS

16/09/2020 05:00 am

Esta pandemia que azota al mundo, superpone realidades de todos los ámbitos de la vida. Sin duda, es un problema de salud que afecta al hombre indistintamente del lugar en que se encuentre. O de la religión o ideología que profesa. No tiene consideración ni contemplación con lo que a su paso, infecta o contagia. Esta pandemia, generada por la fuerza de un virus sólo visto ante la lente de un microscopio de exclusiva óptica, ha ocasionado un atasco de insospechadas dimensiones. Equivalente a un enfrentamiento bélico de proporciones continentales. Trabó la dinámica política. Paralizó la economía del planeta. Tanto, que le impuso condiciones supeditadas al arbitrio de reacomodos que han ido ordenando. O desordenando el mundo en todas sus manifestaciones.

Entre las secuelas causadas, emergieron múltiples problemas. Muchos, acumulados. Otros, acuñados como nuevos. La sumatoria de ambos tipos de problemas, devino en la debacle que constriñó el desarrollo económico y social. Muchos de sus objetivos, habían formalizado nuevos estamentos. Ellos propios de la institucionalización sobre la cual se cimentaron importantes procesos que redundaron en el crecimiento y progreso de naciones afanadas en consolidar su desarrollo.

Mientras que por otro lado, realidades de países no-desarrollados o de países de economías subalternas se hundieron inusitadamente. Otras, han sido víctimas de una hiperinflación de impensable factura. Aunque lo peor ha sido el deterioro gubernamental que la pandemia ha desnudado.

Así que ante la posibilidad de una insurrección que pudiera desatar la susodicha pandemia, insurrección ésta históricamente contenida por la represión encauzada por la desesperación de regímenes ortodoxos, se potenciaron conflictos de toda índole a niveles insólitos.

Es el caso de Nicaragua, Cuba y Venezuela, por mencionar apenas tres países latinoamericanos imbuidos en desastrosas crisis políticas económicas y sociales. Sus regímenes, en el contexto de la pandemia, adoptaron toda medida sanitaria que conciliara mediocridades encubiertas con intenciones solapadas. Es decir, embrollos ejercidos con descarada impunidad, con derechos y deberes consagrados constitucionalmente. Particularmente, aquellos relacionados con la salud, la vida y la responsabilidad.

Fue ocasión para disfrazar sistemas políticos arbitrarios con implantes de democracia. Fue oportunidad para encubrir el clamor de una población atiborrada de problemas. Fue punto de inflexión que convirtió una crisis de Estado en pronunciado ascenso, en un remedo de moderado descenso o de estabilizado comportamiento. Fue momento para forzar una disimulada concordancia entre necesidades y paliativos. Y que sólo empeoró la situación.

En medio de tan aporreadas consecuencias, la condición y significación del concepto de Ciudadanía, se empobrecieron en términos de su aplicación. Los problemas que de sus presunciones surgieron, se vieron entre las realidades más afectadas. Y ahí siguen estando.

El caso Venezuela
En Venezuela, por ejemplo, el Estado de Emergencia dictado inconsultamente, representó la mejor excusa para que, muchas decisiones, se tomaran a la deriva. Sirvió de coartada para radicalizar la represión. Como en efecto ha sucedido. Incluso, al margen de derechos humanos contemplados constitucionalmente.

Cualquier episodio en esa tónica de opresión, referido por la historia política contemporánea, es minúsculo comparado con la forma de cómo ha actuado el régimen socialista venezolano en tiempos del Covid-19. Siempre alegando el manido pretexto de “cuidar la salud del venezolano”. Acá cabe preguntarse ¿y que pasa con el resto de enfermedades que agreden la salud del venezolano? ¿ O es que hasta ahora el venezolano no se había enfermado?.

O acaso deberá reconocerse que ¿es ahora cuando el Estado venezolano se preocupa por actuar en consonancia con el mandato constitucional que dictamina el deber gubernamental de garantizar “el derecho a la vida”? La protección de la salud en una obligación estatal. Sólo que ha sido descaradamente incumplida.

No obstante sigue siendo pertinente la pregunta relacionada con los restantes cuadros de patologías tan desatendidos por el gobierno nacional. Es como no haber advertido que el artículo 84 constitucional refiere que “el sistema público de salud dará prioridad (…) a la prevención de las enfermedades garantizando el tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad”. Pero el problema del cual se ha aprovechado el régimen para jugar al socialismo y a la demagogia revolucionaria, no se queda ahí.

Igual sucede con la abandonada situación que padece la ciudadanía. Sólo que si bien este problema no hace el mismo ruido del que proyectan objetivos de política sanitaria, sus secuelas son tanto o más determinantes que el referido a la salud. Particularmente, porque la ciudadanía compromete la funcionalidad de una sociedad en todas sus expresiones y dimensiones. De una sociedad que se plantea convivir en libertad, igualdad y participando de procesos decisionales decisiones dirigidos a optimizar la calidad de vida individual y colectiva.

He ahí el dilema que reviste la comprensión y praxis de ciudadanía. Especialmente para un gobierno que apuesta a enquistarse en el poder asumiendo un comportamiento autoritario-hegemónico. Ante tales realidades, este dilema, luce indeterminado. No termina de resolverse. Porque se suscita entre el derecho de vivir bajo libertades y derechos, fundamento de la ciudadanía, y la avidez enfermiza del gobernante despótico.

La brecha entre ambos escenarios, oscurece la posibilidad de imprimirle categoría, formalidad y esencia a la ciudadanía. Y esta disociación, en el contexto de la pandemia, se convirtió en la excusa que mejor encontró la intransigencia e indolencia de un régimen dictatorial para seguir la racha de maledicencias, abusos, picardías, excesos, arbitrariedades e injusticias que distinguen su estilo iracundo. La manera que se permite de arremeter contra la ciudadanía en contra del empoderamiento del ciudadano. Y que entendido como recurso político tendente a fortalecer la ciudadanía, es una amenaza a la cual todo régimen vacío de democracia teme y evita a toda costa. Es apostar por valores morales que entiendan la situación de discordancia que se ha dado entre pandemia y ciudadanía.

antoniomonagas@gmail.com
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