Las guerras se sabe cuando comienzan, pero nadie sabe cuándo terminan. Por eso, es irresponsable y peligroso que los líderes políticos, si pueden llamarse así, invoquen el enfrentamiento y la violencia contra el otro para defender un interés particular o para salvar una bandera ideológica. Ejemplo hay miles en la historia de la Humanidad. El problema comienza cuando la sociedad no se percata del peligro y, sin darse cuenta, el espiral de la violencia social se transforma en abierta guerra civil.
La guerra contra la Junta Defensora de los Derechos de Fernando VII, instaurada en Caracas en 1810, la había decretado la Regencia, desde España. Y el nuevo gobierno venezolano, surgido del congreso de 1811, la asumió como una necesidad para alcanzar la Libertad. Sin embargo, esa guerra la llevaron a cabo dos bandos de venezolanos que defendían, unos a la monarquía española, y otros, la independencia absoluta y la instauración de la República, pero en el contexto de una guerra a muerte, iniciada de facto en 1812, con masas envenenadas por el odio al blanco y dirigidas por personajes como Boves y Zuazola.
Boves fue el primer caudillo del pueblo venezolano, que lo calificó de taita y Bolívar, criollo y mantuano, frente a aquella realidad decretó la “Guerra muerte” en su proclama de Trujillo de 1813. “Españoles y canarios contad con la muerte aun siendo indiferentes.” Fueron años de matanza indiscriminada, sometidos ambos bandos a la ley de la selva, hasta 1820, cuando el movimiento liberal que asume el poder en España, obliga al monarca Fernando VII, restaurado en su trono, a propiciar una salida negociada con los líderes independentistas de sus anteriores posesiones americanas.
El General Pablo Morillo, que había llegado a América en 1815, comandando una Expedición Armada dirigida a pacificar a Venezuela y a la Nueva Granada, le tocó dejar la espada para esgrimir la pluma que lo llevaría, junto al Libertador Simón Bolívar, Presidente de la República de Colombia, a firmar los Tratados de Armisticio y Regularización de la Guerra de 1820, en San Ana de Trujillo.
La lectura atenta de aquel acontecimiento nos ayudaría a los venezolanos de este siglo a entender que la Paz no tiene contendientes, que es una conquista de todos y que la tarea de los verdaderos líderes políticos es hacer posible que el natural conflicto de intereses que divide a la sociedad sea canalizado por métodos democráticos, abortando todo intento de imponerle salidas de violencia y guerra a sus respectivos pueblos. ¿Cuáles enseñanzas?
Es bueno no pasar por alto el vocabulario empleado: generales disidentes tratados con el calificativo de Don, que es distinción de su reconocimiento como personas. Diríamos hoy, como ciudadanos. Aquella fue una invitación a poner término “a una guerra nacida de la fatalidad de las circunstancias o de un error de cálculo” que había devastado al país. La respuesta de Bolívar fue contundente: “El gobierno de Colombia quiere manifestarle a V.E. y a toda la nación española que prefiere la paz a la guerra, aun a su propia costa, y propone entrar en comunicaciones con V.E. para transigir las dificultades que ocurran sobre el armisticio con que se le ha convidado”.
El reconocimiento del monarca, por parte de los republicanos, y del gobierno de Colombia, por parte del gobierno español, era un gran escollo a superar. El reconocimiento fue tácito cuando por parte de España, Morillo apenas recibió la respuesta de Bolívar creo una Junta de Conciliación conformada, entre otros por el Dr. Manuel Vicente de Maya y Felipe Fermín Paúl, quienes habían sido diputados al Congreso de 1811.
Por su parte el gobierno colombiano creo una Comisión constituida por el general Antonio José de Sucre, Ambrosio Plaza, Pedro Briceño Méndez y José Gabriel Pérez. Pues bien, el 26 de noviembre de 1820, fue firmado en Trujillo (Venezuela) el “Tratado de Regularización de la Guerra celebrado entre los gobiernos de España y Colombia” Bolívar y Morillo lo habían hecho posible. Nacía, además, el Derecho Internacional Humanitario.
enfoques14@gmail.com
@reinaldorojashistoriador
La guerra contra la Junta Defensora de los Derechos de Fernando VII, instaurada en Caracas en 1810, la había decretado la Regencia, desde España. Y el nuevo gobierno venezolano, surgido del congreso de 1811, la asumió como una necesidad para alcanzar la Libertad. Sin embargo, esa guerra la llevaron a cabo dos bandos de venezolanos que defendían, unos a la monarquía española, y otros, la independencia absoluta y la instauración de la República, pero en el contexto de una guerra a muerte, iniciada de facto en 1812, con masas envenenadas por el odio al blanco y dirigidas por personajes como Boves y Zuazola.
Boves fue el primer caudillo del pueblo venezolano, que lo calificó de taita y Bolívar, criollo y mantuano, frente a aquella realidad decretó la “Guerra muerte” en su proclama de Trujillo de 1813. “Españoles y canarios contad con la muerte aun siendo indiferentes.” Fueron años de matanza indiscriminada, sometidos ambos bandos a la ley de la selva, hasta 1820, cuando el movimiento liberal que asume el poder en España, obliga al monarca Fernando VII, restaurado en su trono, a propiciar una salida negociada con los líderes independentistas de sus anteriores posesiones americanas.
El General Pablo Morillo, que había llegado a América en 1815, comandando una Expedición Armada dirigida a pacificar a Venezuela y a la Nueva Granada, le tocó dejar la espada para esgrimir la pluma que lo llevaría, junto al Libertador Simón Bolívar, Presidente de la República de Colombia, a firmar los Tratados de Armisticio y Regularización de la Guerra de 1820, en San Ana de Trujillo.
La lectura atenta de aquel acontecimiento nos ayudaría a los venezolanos de este siglo a entender que la Paz no tiene contendientes, que es una conquista de todos y que la tarea de los verdaderos líderes políticos es hacer posible que el natural conflicto de intereses que divide a la sociedad sea canalizado por métodos democráticos, abortando todo intento de imponerle salidas de violencia y guerra a sus respectivos pueblos. ¿Cuáles enseñanzas?
Primero, reconocerse como contendientes, para transitar de enemigos irreconciliables a adversarios que deben ajustarse a normas humanitarias y de civilidad en el conflicto. Antes calificados de facciosos y criminales, le correspondió al general Morillo abrir ese proceso de acuerdo con la carta que le dirige el 17 de abril de 1820 “a los generales y jefes disidentes Don José Antonio Páez, Don Francisco Bermúdez, Don Pedro Zaraza, Don Pedro Monagas, Don Manuel Cedeño, Don Andrés Rojas, Don Domingo Montes, Don Mariano Montilla”, que eran los comandantes militares que llevaban la guerra contra España en el territorio venezolano bajo la jefatura del general Simón Bolívar.
Es bueno no pasar por alto el vocabulario empleado: generales disidentes tratados con el calificativo de Don, que es distinción de su reconocimiento como personas. Diríamos hoy, como ciudadanos. Aquella fue una invitación a poner término “a una guerra nacida de la fatalidad de las circunstancias o de un error de cálculo” que había devastado al país. La respuesta de Bolívar fue contundente: “El gobierno de Colombia quiere manifestarle a V.E. y a toda la nación española que prefiere la paz a la guerra, aun a su propia costa, y propone entrar en comunicaciones con V.E. para transigir las dificultades que ocurran sobre el armisticio con que se le ha convidado”.
El reconocimiento del monarca, por parte de los republicanos, y del gobierno de Colombia, por parte del gobierno español, era un gran escollo a superar. El reconocimiento fue tácito cuando por parte de España, Morillo apenas recibió la respuesta de Bolívar creo una Junta de Conciliación conformada, entre otros por el Dr. Manuel Vicente de Maya y Felipe Fermín Paúl, quienes habían sido diputados al Congreso de 1811.
Por su parte el gobierno colombiano creo una Comisión constituida por el general Antonio José de Sucre, Ambrosio Plaza, Pedro Briceño Méndez y José Gabriel Pérez. Pues bien, el 26 de noviembre de 1820, fue firmado en Trujillo (Venezuela) el “Tratado de Regularización de la Guerra celebrado entre los gobiernos de España y Colombia” Bolívar y Morillo lo habían hecho posible. Nacía, además, el Derecho Internacional Humanitario.
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