Llamó la atención un contraste contra intuitivo: que el gobierno de NM estableciera que un lote de la nueva gasolina se venda a precio internacional mientras que algunos dirigentes de oposición argumenten que no debe fijarse a ese precio porque la mayoría no tiene con qué pagarlos. Así se ha visto siempre este caso. Pero el problema no es que los precios de la gasolina y de otros productos de consumo masivos sean referidos en dólares; el problema es que la mayoría no gana lo suficiente para pagarlos.

Lo que han hecho los gobiernos por muchas décadas es engañar al pueblo y el este último es dejarse engañar. En vez de implantar las políticas económicas que permitan que los ciudadanos tengan mayores ingresos, lo que hacen es vender productos o servicios del Estado por debajo de su precio de mercado y hasta por debajo de los costos de producción o controlar los precios de las empresas privadas. Estas políticas son absurdas y reaccionarias porque no permiten expandir la cobertura de mercado a segmentos de la población que no reciben esos bienes o servicios, su producción se deteriora y terminan desapareciendo, como ocurre con la gasolina, la electricidad y el agua y, así, veremos el día que el Metro de Caracas deje de funcionar.

También es absurdo y reaccionario controlar los precios de los bienes y servicios que ofrecen las empresas privadas por las mismas razones y porque esto condena a los trabajadores y propietarios de esas empresas a recibir remuneraciones ruines y bloquea la inversión y creación de nuevos empleos.
Si la solución es elevar los sueldos en vez de bajar los precios, necesitamos identificar por qué los sueldos no alcanzan y por qué más de un 50% de la fuerza laboral venezolana es informal.

El que los sueldos no alcancen se debe a la inflación (la mayor del mundo) y la baja productividad por trabajador. Estas limitaciones tienen tres causas: la monetización del déficit (creación de dinero inorgánico, sin respaldo en la economía real); la sobrevaluación de la moneda, que crea ventajas a las importaciones contra la producción nacional y la caída de la inversión, empleo y producción privada. Esta secuencia es reforzada por el error político de “echarle la culpa de la inflación y del desempleo” a las empresas privadas, para justificar dos disparates más: controlar los precios y declarar la inamovilidad laboral. Esta “salida” no sólo es inicua contra la empresa y sus trabajadores sino también contra los desempleados y trabajadores informales que, por esa vía, nunca van a conseguir un empleo ni salarios dignos.

Dos soluciones clave a la insuficiencia de los sueldos son la liberación de los precios, bajos aranceles y la dolarización de la economía para eliminar la potestad de quien nos gobierne de monetizar el déficit fiscal y de sobrevaluar el valor del bolívar frente al dólar. Afortunadamente, algo hemos avanzado en la liberación de precios y en la dolarización. Pero estamos particularmente rezagados en la dolarización de los salarios. Esa es nuestra mayor deuda social como nación y hacia allí necesitamos marchar si queremos evitar más sufrimientos entre los menos favorecidos, diversificar nuestra producción, fuentes fiscales y exportaciones.

La aplicación de estas políticas realistas es auto saboteada por la creencia de la mayoría de los políticos de que es necesario proteger a los pobres en contra de estas realidades. Pues se engañan los políticos que piensan así pues la mayoría de los ciudadanos está clara de que la están engañando cuando la protegen contra esa realidad. El ejemplo más patente de que el ciudadano está claro de lo que hay que hacer es que el 78% de ellos piensa que, cada vez que decretan un aumento del salario mínimo, su poder de compra va a caer (en vez de crecer). Idem, cuando se pregunta cuál es el efecto esperado de un nuevo control de precios, el 64% opina que los productos van a desaparecer, serán bachaqueados y subirán de precios. Sobre la distribución y precio de la gasolina, recientemente preguntamos “si estaría de acuerdo con la privatización de la importación y distribución de la gasolina, aunque eso significara que se vendiera a precios internacionales”. ¡Oh sorpresa! El 67% de los respondientes está “de acuerdo”; mientras que solamente el 27% está “en desacuerdo”. Y cuando preguntamos por el responsable de la escasez de gasolina, el 66% opina que se debe a la “destrucción de la industria petrolera por el gobierno de NM”; solamente el 17% piensa que se debe a “las sanciones norteamericanas”; y un magro 8% dice que se debe a la “acción de la oposición liderada por Juan Guaidó”. Y me imagino cuáles serían las respuestas a la siguiente pregunta: “Si consideramos que el 27% de las familias venezolanas tienen automóvil, cuál de estas opciones prefiere Ud., ¿qué se venda la gasolina a precios subsidiados o que se venda a precios internacionales y que la ganancia sea dirigida a pagar mejores sueldos de maestros, profesores, médicos y paramédicos y a la construcción de escuelas y hospitales? Sin comentarios. Recuerden que ser pobre no es sinónimo de ser bruto.

El mejor de todos estos mensajes es que para cambiar las políticas económicas ruinosas socialistas, populistas y demagógicas ni siquiera tenemos que educar al pueblo porque ya se educó a sí mismo observando los disparates que hemos vivido por demasiados años. A quienes tendríamos que reeducar es a esa mayoría de políticos del gobierno y de la oposición venezolana cuyos prejuicios ideológicos o intereses por evitar el crecimiento de la empresa privada y de los trabajadores no les permiten pensar o ser sinceros.

@joseagilyepes