Venezuela ocupó el puesto número 176 en percepción de la corrupción entre 180 países estudiados en 2019, por la organización Transparencia Internacional. Acompañan a nuestro país, en este dramático índice en los últimos lugares, las peores autocracias y economías del mundo con modelos cerrados que han hundido a sus países en la miseria como son: Siria, Yemen, Sudán del Sur y Somalia.

Cuando los estudios de opinión indagan a los ciudadanos venezolanos cuáles son los problemas que más los afectan o preocupan, la corrupción ocupa un lugar secundario o marginal frente a los problemas inmediatos que debe enfrentar diariamente en un país que ha perdido el sentido de la ética, de sus instituciones y en el que opera una economía marginal que al día de hoy se mueve en un submundo paralelo e ilegal, que no se rige por normas, leyes o principios económicos canalizados en una sociedad organizada. Esta percepción hace pensar que la ciudadanía ha perdido conciencia de cómo la corrupción que se despliega desde los más altos niveles del gobierno, afectan su vida cotidiana y reducen su calidad de vida, sus derechos y son el factor fundamental de la crisis que padece.

El pasado 12 y 13 de marzo Transparencia Venezuela realizó una jornada de análisis con diversos especialistas denominada “Alianza contra la corrupción” que busca informar, concientizar y organizar a la sociedad civil para la lucha contra la corrupción. Un mal que se ha apoderado de la vida del país, envuelto en una estructura que opera desde el propio poder gubernamental y que ya forma parte del modelo que se ha instalado, primero desde el período de Hugo Chávez y se ha profundizado desde el ascenso al poder de Nicolás Maduro.

Durante las mesas de trabajo en las que participaron delegados de varias regiones del país una representante de la población del Amparo, en el estado Apure, reflexionaba sobre cómo en su población familias enteras se habían tenido que dedicar al contrabando de gasolina para sobrevivir. Entonces se debatía el dilema de si eso también es corrupción y si esas familias estaban conscientes de cuáles son las causas que las llevaron a esa condición. Así como esas familias de El Amparo, cientos de negocios ilegales emanan de la escasez, de los controles, de la complejidad de los trámites legales o la simple obtención de un servicio público básico como el agua y la electricidad.

Las necesidades y la extensión de la corrupción en todos los niveles ha llevado a la sociedad a darle prioridad a la sobrevivencia por encima de cualquier consideración ética, frente a un problema mayor que es poder alimentarse a como dé lugar. De allí que si bien la “alta corrupción” tiene su origen en el modelo político y económico implantado por el chavismo y es practicada desde los más altos funcionarios; esa corrupción se extiende y afecta a todas las capas de la población que por necesidad o por adherirse a mejores posibilidades de ingresos, escogen el camino que les permiten una mejor situación que un empleo formal en una empresa en el que un salario no permite a una familia cubrir sus necesidades.

La alta corrupción no es perseguida ni cuestionada dentro de la estructura del Estado, siempre y cuando el alto funcionario o empresa beneficiada, no afecte los intereses del grupo que controla determinada operación. De allí que los grandes escándalos que se han conocido o denunciado han sido desde organismos internacionales por legitimación de capitales.

Según los datos recogidos por Transparencia Venezuela, hasta diciembre de 2019, tribunales, fiscalías, parlamentos, policías y órganos administrativos aduaneros y de fiscalización, en 21 países, han investigado por lo menos 65 casos de “gran corrupción”, que implican un impacto significativo sobre el patrimonio de Venezuela. Se estima en 400 mil millones de dólares el desfalco en los últimos seis años. Mientras tanto, en contraste a la miseria que se observa en la población, grandes edificaciones modernas sin ningún objetivo definido se levantan en zonas exclusivas de Caracas y de algunas ciudades del país, así como centros comerciales que no abren sus puertas. Igualmente grandes mansiones transformadas en “búnkeres”, algunas de ellas custodiados por órganos de seguridad del Estado, se levantan en zonas residenciales exclusivas; desconociéndose con precisión quienes son sus moradores. Esas son las creaciones de este modelo que fue bautizado como Socialismo del Siglo XXI.

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