Los incendios forestales afectan, gravemente, a las poblaciones, las propiedades y los recursos naturales alrededor de su zona de influencia, hecho que experimentamos durante 1988, cuando ocurrió el fenómeno El Niño y acumulamos saldo de unas 2,9 millones de has deforestadas (1975-1988) según datos del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés) Washington D. C., que incluye tasas de deforestación en áreas boscosas de la Región Centro occidental (Lara, Portuguesa y Yaracuy).

Sin embargo, existe información acerca de los llanos occidentales de que entre 1981-1990 la deforestación anual media se incrementó por más del doble registrado durante el decenio 1970-1980 con promedio de unas 600 mil has/año, equivalentes a unas 1600 has/día expoliadas entre 1981-1990.

Así, tenemos, además, la deforestación amazónica venezolana, donde solo en poco más de unos cinco años hemos perdido unas tres millones de has de nuestro preciado pulmón vegetal, cifra que sube, exponencialmente, por proliferación de la minería ilegal al sur del Orinoco, donde se aglomera cerca de un 60 % de los bosques, según informes de la ONG PROVITA, además de la pérdida de unos 5,3 millones de has entre (2000-2015) con la venia del Estado.

En relación con el Distrito Metropolitano, tenemos cada año el caso del P N Waraira Repano, que sufre, usualmente, quemas en sus faldas, por los mismos lugares de años anteriores: entre Caruche y Terrazas del Ávila.

No obstante, pese al historial en relación con el flagelo del fuego (deforestación), Venezuela no dispone, hoy por hoy, de una política de prevención de incendios forestales, sino de operativos informales durante las fechas de temporadas altas.

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