Eran casi las 10 de la mañana de aquel tenebroso 18 de julio de 1994, cuando un coche bomba destruyó la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina Amia, en donde 85 personas perdieron la vida y más de 300 quedaron heridas de menor o mayor gravedad.
Ha sido el atentado terrorista antisemita más violento desde la segunda guerra mundial y para colmo de males, en nuestro vecindario, en donde previamente otro ataque terrorista, un 17 de marzo pero de 1992, seguramente realizado por los mismos ideólogos del terror, destruyo la sede de la Embajada de Israel en Buenos aires, causando la muerte a 22 personas y dejando a más de 242 heridos.
Ha pasado un cuarto de siglo, donde la causa Amia ha tenido diversos protagonistas entre jueces, funcionarios, públicos, varios equipos de investigación, que de acuerdo al Gobierno de turno, han hecho unos más, otros menos, inclusive el líder del último de ellos, Alberto Nisman fue hallado muerto en su residencia el 18 de enero de 2015, un día antes de rendir informe sobre la causa ante el Congreso Argentino.
Es decir, que ha pasado de todo en estos 25 años, sin que se llegue al final del camino, aun cuando, el tribunal de la causa Amia, emitió en 2007 siete (7) órdenes de captura, contra personas plenamente identificadas y que de acuerdo a las actas, grabaciones, testimoniales que cursan en el expediente, están directamente vinculadas como autores materiales y/o intelectuales de este atroz e inhumano acto.
Las órdenes de captura de estos sietes indiciados, cuya emisión cumple más de 12 años, están en manos de la Interpol quien tiene la responsabilidad de gerenciar, comunicar y hacer seguimiento con los diferentes cuerpos de seguridad de todos los países del mundo, con el objetivo de capturar a estos individuos, que hasta la fecha siguen libres y ponerlos a buen resguardo de las autoridades judiciales Argentinas.
Recientemente, a finales de febrero de este mismo año, fueron sentenciados, el ex Juez Juan José Galeano a más de 6 años de prisión por el delito de peculado, el Secretario de Inteligencia Hugo Anozorreguy a la pena de más de 4 años de prisión por el delito de peculado y encubrimiento; así como a Carlos Alberto Telleldín a 3 años de prisión por falsa testación.
Estas condenas recientes demuestran que a pesar del tiempo transcurrido, las autoridades judiciales Argentinas han seguido sin pausa la causa, y llegado a resolver parcialmente el emblemático caso, con ciudadanos Argentinos que investidos de autoridad intentaron encubrir y desviar la investigación hacia los verdaderos culpables.
Ahora bien, aplaudimos las ejecutorias de las Instituciones de la República Argentina por estas actuaciones ya precitadas, con las condenas comentadas y exhortamos a no desmayar en el esfuerzo por concretar la captura de los verdaderos responsables de la masacre, que están solicitados e identificados, para lo cual solicitamos no desmayar en el esfuerzo constante en la consecución del objetivo esencial que no es más que llevar a la justicia Argentina a los indiciados, a los fines de su procesamiento y ulterior castigo de acuerdo a la Ley aplicable, sea con las más severas condenas permitidas por la legislación Argentina.
Los delitos de lesa humanidad no prescriben, por lo que a pesar del tiempo y en honor a la memoria de las víctimas, y el descanso de sus almas, mantenemos la esperanza y la convicción de que se hará justicia.
Miguelt585@gmail.com
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