La Constitución de 1811 fue, en palabras de Gil Fortoul, la primera manifestación teórica del Derecho constitucional en nuestras tierras. Teórica por su precaria y efímera vigencia, aunque a la vez abrigó acendrados principios y aspiraciones de gobierno republicano, con efectiva separación de poderes, garantía robusta de los derechos del ser humano y articulación de las diferencias o identidades regionales en la forma federal del Estado, por la influencia del modelo estadounidense pero no solo ni principalmente por ello. 

Luego vino la Constitución bolivariana de angostura, con la impronta del liderazgo personal y del fortalecimiento del Ejecutivo Nacional; con diseños constitucionales que pueden ser criticados, pero en parte explicables por las exigencias de la guerra. No solo no fue acogida la propuesta de Bolívar del Poder Moral. Tampoco lo fue la que formuló para que la reelección presidencial solo pudiera darse con alternancia, es decir, nunca de manera inmediata. Esta Constitución tuvo breve existencia, en virtud de la creación casi simultánea de la Gran Colombia, la cual por su parte naufragó, por razones diversas, con la desaparición de Sucre y de Bolívar. 

Después de la Guerra Federal y de la Constitución de 1864, se abre un ciclo en el que las Constituciones o reformas constitucionales son simplemente una fechada decorativa del proceso personal de poder germinal o en desarrollo. 

Un comentario aparte merece la Constitución de 1830. Entre este año y 1846 hubo expresiones de moderación en el ejercicio del poder, de relativa alternancia y de respeto a las libertades; en suma, de un gobierno pretendidamente constitucional, aunque siempre bajo el tutelaje del jefe militar, el general José Antonio Páez, quien sería elegido Presidente de la República en 1831 y dejaría espacios para el mundo civil. Se reconoce particularmente, junto a la rectitud de Vargas, el civismo y liberalismo en los diversos ámbitos de la Presidencia de Soublette, quien “aspira a que funcionen sin traba alguna todos los órganos de la opinión pública, a que sea libre la prensa…, independiente el Congreso, independiente el Poder Judicial” (Gil Fortoul). Dicho régimen se sustentaba en un acuerdo o compromiso entre la oligarquía o élite civil y la jefatura militar. Aquella participaría de manera significativa en las instituciones del Estado e influiría en el manejo de los asuntos económicos y en los resultados electorales. 

A partir de 1846 el equilibrio político-constitucional tiende a romperse, principalmente por divisiones en el ámbito civil y las ambiciones del general José Tadeo Monagas, lo que luego desemboca, bajo su conducción como jefe militar y político, desde 1847, en una década de autoritarismo y nepotismo. Suele subrayarse la larga vigencia de la Constitución de 1830, lo cual es cierto, ya que formalmente ésta es la que ha regido por más tiempo en Venezuela, con la sola excepción de la de 1961. 

Pero desde el llamado fusilamiento del Congreso de 1848, promovido por Monagas y sus seguidores para evitar su enjuiciamiento y dominar la institucionalidad, los pilares de aquel orden constitucional fueron socavados. Cuando sus asesores comentaban las ingeniosas gestiones que habían permitido reinstalar el Congreso después de los hechos del 24 de enero de 1848, Monagas soltó la frase que lamentablemente ha hecho historia hasta el presente: “La Constitución sirve para todo”. La constatación de esta desviación autoritaria no implica negar la existencia de una posición común, mayoritaria en la clase política, favorable a conservar la Constitución de 1830, ni la bondad de medidas formalizadas en esa década como la abolición de la esclavitud y la eliminación de la pena de muerte para los delitos políticos, que formaban parte del programa liberal, pero el equilibrio institucional se había quebrantado gravemente y la aventura reeleccionista de José Tadeo Monagas, precedida de uno de los fraudes constitucionales de mayores proporciones que ha conocido nuestra nación, desató demonios que la loable Constitución de 1858 no pudo contener y que luego encenderían la guerra larga. 

El afán reeleccionista que no admite límites constitucionales ha sido una constante en nuestra historia como causa o expresión de degeneración política y de devastación institucional y social. 

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