En medio de las dificultades económicas venezolanas, resurgen voces que insisten en acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI) en busca de préstamos para “paliar la crisis humanitaria” o “resolver la crisis de balanza de pagos”. Pero estas justificaciones no son nuevas, ni son válidas: se trata de excusas que encubren una realidad más profunda y peligrosa. Lo que comienza como un “rescate técnico” termina convirtiéndose en una intervención política y de funcionarios públicos que impone costos altísimos al sector privado y posterga las reformas estructurales que realmente necesita Venezuela.

Los déficits humanitarios y la falta de divisas en Venezuela son condiciones preexistentes que se utilizan como argumento para justificar la entrada de una intervención de funcionarios públicos locales con los del FMI. El problema es que, una vez que el FMI desembolsa los fondos, no se mide el costo posterior sobre la economía productiva. La lógica es sencilla: funcionarios públicos acuerdan con tecnócratas internacionales una operación financiera cuyos efectos negativos los termina pagando el sector privado. Así ocurrió en Venezuela en los años noventa. Así puede volver a ocurrir.

¿Por qué los préstamos del FMI dañan al sector productivo?: A.- Distorsionan el tipo de cambio.

El FMI entrega divisas al Estado, no al mercado. El gobierno vende esos dólares en el mercado interno y distorsiona el tipo de cambio hacia la baja, son dólares que no provienen de la producción nacional. Esta distorsión en el tipo de cambio crea un incentivo perverso: se abaratan las importaciones y se encarece la producción nacional. El empresario venezolano compite en desventaja con las importaciones, con un aumento en los impuestos y en las tarifas de los servicios públicos y no se reduce el costo de producir bienes y servicios en el país para hacerlo más competitivo. B.-La devaluación se convierte en ingreso fiscal.

Para enfrentar su déficit, el gobierno devalúa. Esto le permite obtener más bolívares por cada dólar recibido. Es decir, la pérdida cambiaria del sector privado se convierte en ganancia fiscal para el sector público. En vez de reducir gastos, el Estado devalúa y traslada los bolívares inorgánicos a la economía real. Es el clásico “ajústate tú para que no me ajuste yo”. C.- Se inyecta liquidez monetaria a mayor volumen que el crecimiento económico.

El gobierno convierte divisas en bolívares a una nueva tasa de cambio para cubrir su gasto corriente, aumentando la masa monetaria sin respaldo en producción. Esto genera inflación. Al crecer la masa monetaria más rápido que el PIB, esta expansión monetaria se traduce en mayor presión sobre los precios, pérdida del poder adquisitivo y más desigualdad. D. - Fuga de capitales y tasas de interés prohibitivas. La inflación de todos los bienes menos del dólar que llega como préstamo, descontrola y estimula la fuga de capitales. Para detenerla, el gobierno eleva las tasas de interés locales. Así ocurrió dos veces en los noventa, cuando el costo del financiamiento privado superó el 90% anual, destruyendo la capacidad de inversión nacional. Mientras tanto, los dólares del FMI siguen alimentando una economía de importación y dependencia. E.- No se reduce el gasto público ni se mejora su productividad rápidamente.

Lejos de fomentar disciplina fiscal, los préstamos del FMI dan oxígeno a un aparato estatal ineficiente. En lugar de achicarse, el Estado mantiene privilegios, aumenta impuestos y posterga reformas. Así, el sector público sigue siendo un obstáculo estructural para la competitividad, y el país se queda sin motor productivo.

La alternativa es inversión, no deuda: Lo que Venezuela necesita no es deuda. Es inversión.

El país cuenta con más de $14 billones (trillón en USD) en activos naturales que hoy están improductivos. Con reglas claras, apertura al capital privado y garantía de propiedad, esos recursos pueden atraer inversiones, generar empleos, aumentar el PIB y permitir pagar la deuda ya existente.

Aunque los programas del FMI también implican inversiones extranjeras, la distorsión que genera en las empresas locales los préstamos del FMI la incapacitan para aumentar la participación en el PIB.

Conclusión: el único programa que necesita Venezuela es libertad económica y reducción del gasto fiscal para hacerlo más eficiente.

La relación con el FMI debe existir pero para fines técnicos y limitada a resolver la deuda en default. Venezuela no necesita más préstamos ni programas asistencialistas. Necesita que su sector privado respire, invierta y produzca.

Quien aún proponga nuevos préstamos del FMI como solución está promoviendo un modelo obsoleto, regresivo y empobrecedor. El país necesita un programa económico actualizado para conectar a su sector privado con los mercados financieros internacionales y con los jugadores en tecnología y energía de otros países. Venezuela debe convocar inversionistas, no tanto a organismos multilaterales prestamistas. La verdadera recuperación se llama libertad económica. 

X: @alejandrojsucre